Medida busca mitigar alza de combustibles en la Región Metropolitana.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció el congelamiento de las tarifas del transporte público en la Región Metropolitana hasta diciembre de 2026. La medida se replicará en todo el país mediante subsidios espejo para enfrentar el alza en los precios de las bencinas.
Medidas del Gobierno ante la crisis de combustibles
El Gobierno de Chile ha decidido implementar un conjunto de medidas para enfrentar el alza en los precios de los combustibles, derivada de la guerra en Medio Oriente. Entre las iniciativas anunciadas por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, destaca el congelamiento de las tarifas de la Red Metropolitana de Movilidad, conocida anteriormente como Transantiago, hasta diciembre de 2026.
Esta medida se enmarca dentro de un paquete de siete acciones legislativas y reglamentarias que buscan mitigar el impacto económico en los ciudadanos. El ajuste del Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Mepco) es otra de las iniciativas, extendiendo su periodo de cálculo de dos a cuatro semanas.
Impacto económico y subsidios en regiones
El congelamiento de tarifas no solo se aplicará en la Región Metropolitana, sino que también se extenderá al resto del país a través de los llamados ‘subsidios espejo’. Esto significa que por cada peso que el Estado invierta en subsidiar el transporte en Santiago, se destinará una cantidad equivalente para las regiones.
El objetivo principal de esta medida es evitar un impacto significativo en la inflación, similar a lo que ocurrió con las tarifas eléctricas. Sin embargo, el congelamiento implica que el Estado deberá cubrir la diferencia entre el costo real del servicio y la tarifa que pagan los usuarios, lo que podría requerir mayores subsidios fiscales en el futuro.
Perspectivas
El congelamiento de tarifas del transporte público es una medida que busca proteger el bolsillo de los ciudadanos ante el alza de los combustibles. Sin embargo, plantea desafíos fiscales a largo plazo, ya que el Estado deberá asumir mayores costos para mantener el equilibrio económico del sistema de transporte.