El contenido central — análisis narrativos de hechos políticos
Según informó Canal 9 Biobío, la denuncia fue interpuesta por el abogado Raimundo Palamara, vinculado al Partido Republicano y representante de la Fundación Fuerza Ciudadana. Junto al jurista Maximiliano Murath, solicita indagar 14 sentencias del máximo tribunal que habrían favorecido a personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
La bancada de diputados del Partido Republicano puso sobre la mesa una exigencia que hasta ahora nadie había planteado con claridad en medio del escándalo por las rebajas de penas: que el Estado se haga cargo de las víctimas de agresores sexuales cuyos victimarios salieron beneficiados. A través de un comunicado difundido este viernes 30 de octubre, los parlamentarios pidieron al Gobierno de José Antonio Kast evaluar reparaciones económicas, acompañamiento profesional y, eventualmente, pensiones de gracia para 332 personas que, según su planteamiento, habrían quedado expuestas por decisiones de la propia institucionalidad.
La oposición anunció una acusación constitucional contra Rabat, ministro de Justicia, por la firma de 56 decretos que rebajaron condenas a personas sentenciadas por violación y abuso sexual de menores. El anuncio pone sobre la mesa dos preguntas que van más allá del escándalo: qué es exactamente una acusación constitucional y si este caso, en estricto rigor jurídico, cumple los requisitos para prosperar. Aquí lo ponemos a prueba, paso a paso.
La querella de Rabat contra Bassa se transformó en el nuevo capítulo de la crisis que golpea al Ministerio de Justicia. Según lo informado este jueves, el ministro Fernando Rabat llevará a tribunales al diputado del Frente Amplio Jaime Bassa, luego de que el parlamentario vinculara la rebaja de condenas a abusadores sexuales de niños con una supuesta «red de pedofilia internacional».
La tensión política por las rebajas de condena a sentenciados por delitos sexuales contra menores escaló a un nuevo nivel este miércoles. Tras una agitada sesión especial en la Cámara de Diputados, la presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, habría planteado la renuncia de Kast, apuntando directamente al Presidente José Antonio Kast y no solo a su ministro de Justicia, Fernando Rabat.
Un nuevo remezón sacude al ecosistema de los programas de debate político en Chile. Según versiones difundidas este miércoles 28 de octubre, Sin Filtros llega a su fin este jueves 29, arrastrado por sueldos impagos, cotizaciones atrasadas y deudas con proveedores que habrían hecho insostenible su continuidad. La información todavía no ha sido confirmada oficialmente por la productora, pero el anticipo ya provocó un verdadero terremoto en el mundo de la pantalla y las redes sociales.
La defensa de Rabat sumó este martes un nuevo argumento. En medio de la tormenta por las 56 rebajas de condena concedidas a personas sentenciadas por abuso sexual y violación de menores, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, sostuvo que 36 de esos casos habrían pasado previamente por tribunales antes de que su cartera firmara los decretos. La tesis busca trasladar parte de la responsabilidad al Poder Judicial, pero choca con lo que ha dicho la propia Corte Suprema y con documentos revelados por la prensa.
En plena polémica por las 56 rebajas de condena a agresores sexuales de menores firmadas por el ministro de Justicia Fernando Rabat, la izquierda ha salido a dar cátedra de firmeza. Pero la memoria política es porfiada: en 2015, los entonces diputados Gabriel Boric y Giorgio Jackson respaldaron públicamente la denuncia contra José Antonio Gómez, el ministro de Justicia de Michelle Bachelet que se negó a firmar cerca de 500 decretos de rebaja de penas, incluidos casos de condenados por violación y homicidio.
El Gobierno de José Antonio Kast decidió subir la apuesta en la polémica por las rebajas de pena a condenados por abusos contra menores. Según informó el vocero Gonzalo Arenas, el Ejecutivo buscará anular rebajas de condena otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, incluyendo no solo las 56 concedidas en la actual administración, sino también las «más de 250» que se habrían firmado durante el gobierno de Gabriel Boric.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, abrió la puerta a cambiar los requisitos de rebaja de condenas luego de la ola de críticas que desató la revelación de 56 reducciones de pena otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. Según trascendió este jueves, el Ejecutivo estaría preparando su propio proyecto para modificar la Ley 19.856 y, en paralelo, evaluaría patrocinar o fusionar las iniciativas que ya presentaron parlamentarios de oficialismo y oposición.
