Gobierno también buscará anular rebajas de condena y las «más de 250» otorgadas durante gobierno de Boric

El Gobierno de José Antonio Kast decidió subir la apuesta en la polémica por las rebajas de pena a condenados por abusos contra menores. Según informó el vocero Gonzalo Arenas, el Ejecutivo buscará anular rebajas de condena otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, incluyendo no solo las 56 concedidas en la actual administración, sino también las «más de 250» que se habrían firmado durante el gobierno de Gabriel Boric.

El anuncio se produjo este lunes 26 de octubre, en un punto de prensa en La Moneda, y marca un giro en la estrategia comunicacional de un Gobierno que llevaba casi una semana a la defensiva por un tema que golpea directamente su discurso de mano dura y protección de la infancia.

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Qué dijo el vocero Arenas sobre anular rebajas de condena

De acuerdo con lo consignado por 24 Horas, Arenas explicó que el Presidente Kast le pidió al ministro de Justicia, Fernando Rabat, que el proyecto de ley que prepara el Ejecutivo incorpore la posibilidad de dejar sin efecto los decretos que actualmente se encuentran vigentes. Es decir, la iniciativa no se limitaría a impedir futuras rebajas, sino que intentaría revertir las ya otorgadas, sin distinguir entre una administración y otra.

La propuesta surge luego de que el propio Mandatario anunciara un proyecto para que los condenados por delitos sexuales contra menores nunca más puedan acceder a este beneficio, en línea con lo que el Gobierno ya había adelantado días atrás.

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Las cifras: 56 decretos de Kast y 276 bajo Boric

La controversia se destapó cuando el medio Interferencia reveló que, entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de este año, el Ministerio de Justicia otorgó 56 rebajas de pena a condenados por abuso sexual y violación contra menores, según reconstruyó CIPER Chile.

La respuesta del oficialismo fue apuntar al pasado. Según cifras obtenidas por Emol, en los últimos cinco años se han otorgado 332 rebajas de condena por este tipo de delitos, de las cuales 276 corresponderían a los cuatro años del mandato de Boric. Esa es la cifra que el Gobierno resume como «más de 250».

Sin embargo, la comparación no es tan lineal como la presenta La Moneda. Los exministros Camila Vallejo y Jaime Gajardo sostienen que, bajo la administración anterior, todas estas solicitudes fueron rechazadas por el Ministerio de Justicia, lo que obligó a los condenados a recurrir de amparo ante los tribunales. En esos juicios, siempre según su versión, el Ejecutivo habría litigado en contra del beneficio, y las rebajas se habrían concedido por orden de la Corte Suprema y no por decisión administrativa.

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La pelea por el relato entre el oficialismo y la oposición

La diferencia de fondo está en quién firmó y por qué. Según reportó T13, las 56 rebajas del actual Gobierno se habrían otorgado sin que los condenados tuvieran que presentar recursos judiciales, mientras que todavía no está claro cuántas de las 276 del período anterior fueron por iniciativa propia del Ejecutivo y cuántas por mandato de la Suprema.

Rabat ha defendido su criterio argumentando que el procedimiento está establecido en la ley y que se ampara en la doctrina previa del máximo tribunal. En esa misma línea, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, acusó en declaraciones recogidas por BioBioChile que el gobierno de Boric se habría limitado a trasladar el problema a los tribunales sin resolverlo.

Desde la vereda opuesta, Gajardo afirmó en entrevista con Pauta que es el ministro de Justicia quien decide conceder o no la rebaja, y que desde la reforma de 2022 tanto Piñera como Boric rechazaron estas solicitudes.

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¿Es jurídicamente posible anular los decretos vigentes?

Aquí aparece el principal desafío del anuncio. El propio Rabat, consultado días antes en Duna, no descartó la anulación, pero advirtió que tendría que evaluarse considerando las consecuencias del beneficio ya otorgado.

La jurisprudencia tampoco ayuda a despejar el panorama. Según el análisis de T13, la Corte Suprema habría acogido en diciembre de 2025 la tesis de la irretroactividad, pero en febrero de 2026 habría sostenido que la rebaja constituye una mera expectativa sujeta al cumplimiento de requisitos, admitiendo la aplicación de la exclusión introducida en 2022. Ese vaivén es precisamente el terreno donde se jugará la viabilidad de cualquier intento de revertir decretos que ya produjeron efectos, y en algunos casos, que significaron la salida de reclusos.

Además, como explicó Gajardo, reducir una condena no siempre implica salir de la cárcel, porque depende del tiempo que le reste cumplir a cada persona, lo que hace todavía más complejo determinar el alcance real de una eventual anulación.

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Un costo político que incomoda a La Moneda

La jugada de Arenas busca transformar un flanco abierto en una ofensiva: si el Gobierno se compromete a revertir también las rebajas del período Boric, el debate deja de ser sobre los 56 decretos de Rabat y pasa a ser sobre un problema institucional compartido. Según La Tercera, la decisión de Justicia ya había inquietado a los partidos oficialistas por el costo de aparecer concediendo beneficios a condenados por delitos contra menores.

Mientras tanto, parlamentarios de distintos sectores ya anunciaron al menos cinco proyectos de ley para cerrar la puerta a estas rebajas, y el Partido Comunista optó por pedir una sesión especial en la Cámara antes de avanzar en una interpelación. El vocero, que asumió el rol de contención en esta crisis, tendrá que sostener ahora una promesa cuya factibilidad legal todavía está por verse.

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La discusión, en todo caso, también reaviva el debate sobre el uso de beneficios penitenciarios y las facultades presidenciales, un tema que ya generó ruido a propósito de los indultos a carabineros del estallido social y la opinión ciudadana sobre los indultos a exuniformados. Todo indica que la tramitación del proyecto será el próximo campo de batalla entre el Gobierno y la oposición, en una agenda de seguridad donde Kast ha intentado marcar diferencias con su antecesor, como ya se vio en su plan de seguridad de siete ejes.

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