64% rechaza beneficiar a exuniformados condenados por violaciones a los DD.HH. según Cadem

El debate sobre los indultos a exuniformados sumó un nuevo dato duro esta semana. Según la encuesta Plaza Pública de Cadem correspondiente a la tercera semana de octubre, un 64% de los chilenos rechaza que el Presidente de la República indulte a exuniformados condenados por violaciones a los derechos humanos que tengan más de 80 años y estén enfermos, mientras que apenas un 29% se mostró de acuerdo con concederles ese beneficio.

La cifra aparece en un momento sensible para el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, que según la misma medición habría caído a su nivel más bajo de aprobación, con un 30%, y en medio de una discusión que se arrastra desde hace meses sobre el uso de la facultad presidencial de indulto, tanto para casos vinculados a la dictadura como para hechos ocurridos durante el estallido social de 2019.

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Indultos a exuniformados: qué midió exactamente Cadem

De acuerdo con lo publicado por La Tercera, el sondeo planteó a los encuestados distintos escenarios de indulto. El más rechazado fue justamente el de exuniformados condenados por violaciones a los derechos humanos, mayores de 80 años y con problemas de salud: un 64% dijo estar en desacuerdo, frente a un 29% que lo respaldaría.

Un segundo escenario apuntó a exuniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social. En este caso, el rechazo llegó al 55%, cuatro puntos más que en la medición de julio, mientras que un 36% se declaró de acuerdo con la posibilidad de que el Mandatario los indulte, según detalló Meganoticias.

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La diferencia entre ambos números no es menor. Mientras el caso de los condenados por el estallido divide algo más a la opinión pública, el de los condenados por crímenes de la dictadura concentra un rechazo transversal que ni siquiera el argumento humanitario de la edad y la enfermedad logra revertir.

Un 60% quiere eliminar la facultad presidencial de indultar

El dato que más llama la atención del sondeo no se refiere a un grupo específico de condenados, sino a la herramienta misma. Un 60% de los consultados se mostró a favor de eliminar la facultad presidencial de indulto, dos puntos más que en julio, mientras que solo un 33% prefiere mantenerla, según recogió El Dínamo.

El indulto particular es una atribución que la Constitución Política de la República entrega al Presidente y que, en la práctica, permite conmutar, reducir o remitir una pena ya dictada por los tribunales. Su uso ha sido históricamente polémico: los indultos otorgados por la administración anterior a condenados por el estallido social desataron una de las crisis políticas más duras de ese periodo, y hoy la discusión parece haberse dado vuelta, con el foco puesto en eventuales beneficios para exuniformados.

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El caso Aliste Vega y el rechazo a terminar condenas en casa

La encuesta también consultó por la figura de Juan Aliste Vega, exintegrante del Movimiento Lautaro condenado por el asesinato de un carabinero, quien falleció en prisión con un cáncer terminal. Un 59% habría estado en desacuerdo con indultarlo, frente a un 29% que sí lo habría respaldado, según informó Radio Polar.

En la misma línea, un 59% rechazó que personas condenadas que padecen enfermedades terminales puedan cumplir el resto de su pena en sus domicilios, una de las fórmulas que se han planteado como alternativa intermedia para internos de avanzada edad, incluidos los recluidos en Punta Peuco y Colina 1.

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Leídos en conjunto, los números sugieren una opinión pública que no distingue demasiado entre bandos: la mayoría rechaza beneficiar tanto a un exlautarista como a exuniformados, y desconfía de que la decisión quede en manos de una sola persona.

Un golpe político para el Gobierno de Kast

El sondeo llega en una semana compleja para La Moneda. Según Pauta, la mayoría del gabinete no alcanzaría el 50% de aprobación y el Presidente marcaría su menor nivel de respaldo desde que asumió. En ese contexto, cualquier señal favorable a los indultos a exuniformados condenados por derechos humanos tendría un costo político evidente, incluso dentro de su propia base electoral.

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Desde sectores del oficialismo se ha planteado que existen razones humanitarias para revisar la situación de condenados de edad avanzada. Desde la oposición y las agrupaciones de familiares de víctimas, en cambio, se sostiene que los crímenes de lesa humanidad no admiten beneficios de este tipo y que muchos condenados nunca han colaborado con la verdad sobre el paradero de los detenidos desaparecidos.

La encuesta fue realizada de forma online el 16 de octubre a 1.007 personas de 18 años o más en 164 comunas de las 16 regiones del país. Los resultados completos pueden revisarse en el sitio oficial de Cadem.

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Lo que viene en el debate sobre el indulto presidencial

Con un 60% a favor de eliminar la atribución y mayorías claras en contra de cada escenario consultado, el tema difícilmente saldrá de la agenda. En el Congreso existen iniciativas para restringir o suprimir el indulto particular, y estas cifras podrían darles nuevo impulso. Por ahora, el mensaje de la ciudadanía parece claro: ni perdonazos para unos ni para otros.

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