
La muerte de Aliste Vega este domingo 11 de octubre en el Hospital Penitenciario de Santiago cerró un capítulo judicial de casi dos décadas, pero abrió otro mucho más incómodo para La Moneda. El exintegrante del Movimiento Lautaro, condenado a 42 años por el homicidio del cabo de Carabineros Luis Moyano, falleció a los 53 años sin que el Presidente José Antonio Kast resolviera su solicitud de indulto humanitario. Y el debate que dejó instalado ya no gira en torno a su caso, sino a quiénes podrían ser los próximos beneficiados.
Según informó La Tercera, Gendarmería confirmó mediante un comunicado que el personal médico de su Departamento de Salud constató el deceso a las 8:39 horas, tras una descompensación asociada a un cáncer en etapa cuatro. El reo permanecía internado en el recinto desde el 19 de agosto y recibía cuidados paliativos.
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Muerte de Aliste Vega: el indulto que nunca llegó
La carta de Aliste Vega dirigida al Mandatario ingresó al Ministerio de Justicia el 5 de octubre, apenas seis días antes de su fallecimiento. En ella, de acuerdo con lo adelantado por radio Biobío, el exlautarista reconocía la gravedad de sus delitos y pedía una respuesta urgente para pasar sus últimos días en su domicilio. La petición llegó después de que la Corte Suprema rechazara un recurso de su defensa para modificar la forma de cumplimiento de la pena.
Previamente, como reportó El Dínamo, el 7º Juzgado de Garantía de Santiago ya había descartado en julio su solicitud de arresto domiciliario, pese a que los antecedentes médicos presentados por sus abogados estimaban una expectativa de vida cercana a los tres meses.
Durante esa semana, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, se limitó a señalar en TVN que «no hay decisiones adoptadas» y que las solicitudes se estudian caso a caso, según consignó Ex-Ante. La facultad de otorgar indultos particulares es exclusiva del Presidente de la República, conforme al artículo 32 de la Constitución Política, y el Ejecutivo nunca dio señales públicas de inclinarse por concederlo.
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Un crimen que marcó a Carabineros
El caso se remonta al 18 de octubre de 2007, cuando Aliste Vega, Freddy Fuentevilla y Marcelo Villarroel asaltaron una sucursal del Banco Security en el centro de Santiago. Durante la huida, el cabo Luis Moyano intentó interceptarlos y murió baleado. Aliste fue detenido en Buenos Aires en 2010 y, en 2014, el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal lo condenó a 18 años por el homicidio de Moyano, 10 años y un día por el homicidio frustrado del cabo Fernán Abarca y otros 14 años por dos robos con intimidación, como detalló en su momento BioBioChile. Su condena debía terminar en 2053.
Para la institución, el nombre de Moyano sigue siendo un símbolo de los uniformados caídos en servicio, en un período en que la violencia contra policías ha vuelto a estar en el centro de la agenda.
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Republicanos y libertarios pidiendo indulto al asesino de un Carabinero
Lo que más llamó la atención del caso fue el respaldo que recibió la petición desde el propio Partido Republicano. La colectividad publicó en X su apoyo al beneficio y su secretario general, Vicente Bruna, defendió que el exlautarista cumpliera su condena en su casa por razones humanitarias, y habría propuesto extender ese criterio a miembros condenados de las Fuerzas Armadas y de Orden con enfermedades graves. El diputado Juan Irarrázaval se sumó a esa postura.
Tras conocerse el deceso, el diputado republicano Agustín Romero evitó comentar el desenlace, pero sostuvo que «los principios siempre tienen que defenderse», según recogió BioBioChile. Su colega Luis Sánchez argumentó que la clemencia es precisamente lo que distingue a la sociedad de quienes delinquen.
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Pero la postura no fue unánime. La diputada Macarena Santelices renunció a Republicanos el 7 de octubre y regresó como independiente a la bancada UDI, rechazando que el caso se usara como moneda de cambio para otros indultos. En paralelo, la UDI y Renovación Nacional tomaron distancia, mientras el presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, cuestionó que estas decisiones dependan del Ejecutivo y planteó, según Pauta, establecer excepciones humanitarias mediante una ley general para condenados con enfermedades terminales.
En la Cámara también surgieron voces humanitarias fuera de esa tienda. El diputado Daniel Valenzuela llamó a evaluar la solicitud «con humanidad y responsabilidad», sin pedir a la familia Moyano que perdonara.
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El fantasma de Punta Peuco y la reacción de la oposición
En la oposición, la lectura fue otra. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, advirtió que el argumento humanitario podría convertirse en la vía para beneficiar a condenados por crímenes de lesa humanidad, delitos que, recordó, son imprescriptibles y no admiten beneficios carcelarios. Otros dirigentes opositores temen que el respaldo republicano funcione como antesala para internos de Punta Peuco.
Esa sospecha no es nueva. Desde el inicio del gobierno, distintos sectores han presionado por medidas similares para uniformados procesados tras el estallido social, una discusión que el Ejecutivo ha preferido mantener en un segundo plano mientras concentra su agenda en la emergencia económica y la seguridad.
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Qué viene ahora para el gobierno de Kast
Con la muerte de Aliste Vega, el Presidente se ahorra una decisión individual de alto costo político, pero no la discusión de fondo. La pregunta que queda abierta es si La Moneda fijará un criterio general para los indultos humanitarios o si seguirá resolviendo caso a caso, con el riesgo de que cada solicitud reabra la grieta entre Republicanos y Chile Vamos. A eso se suma la presión de quienes ven en el sistema penitenciario una deuda pendiente, en medio de anuncios de nuevas cárceles y regímenes de máxima seguridad.
Por ahora, el Ministerio de Justicia no ha informado de nuevas definiciones. Lo cierto es que el caso del exlautarista dejó una señal clara: en el oficialismo, la «mano dura» y la clemencia humanitaria todavía no encuentran un lenguaje común. Más antecedentes del fallecimiento pueden revisarse en Cooperativa y Emol.
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Otros temas relacionados que hemos cubierto en Crónicas del Chile Fome: el plan de seguridad del gobierno de Kast, el régimen carcelario de máxima seguridad, las reformas en derechos humanos, la propuesta republicana de eliminar el INDH, las críticas de Kast al Partido Comunista y la polémica por la muerte de un carabinero y los dichos de Gael Yeomans.
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