El Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Santiago Centro suspendió de forma preventiva a dos profesores del Liceo Manuel Barros Borgoño, a quienes se les atribuye haber encubierto a los encapuchados que protagonizaron una violenta jornada en el establecimiento de calle San Diego. La medida, informada este viernes 9 de octubre, abre un capítulo inédito en la crisis de los liceos emblemáticos: por primera vez la responsabilidad apunta también hacia adultos de la propia comunidad escolar.
Según reportó T13, fuentes cercanas a la investigación señalaron que los docentes habrían intentado resguardar a los alumnos involucrados cuando Carabineros ingresó al recinto. Los nombres de ambos profesores no han sido revelados.
Qué pasó en el Liceo Manuel Barros Borgoño
Los hechos ocurrieron el jueves 8 de octubre. De acuerdo con la información entregada por el SLEP, cerca de 15 personas encapuchadas bloquearon las salidas de emergencia del liceo, manipularon artefactos incendiarios y atacaron a Carabineros en el exterior del establecimiento. Integrantes del equipo directivo habrían recibido amenazas de muerte cuando intentaron abrir los accesos de evacuación.
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La directora ejecutiva del SLEP Santiago Centro, Paulina Retamales, calificó como lo más grave el cierre de las vías de evacuación. En declaraciones recogidas por BioBioChile, la autoridad explicó que esa acción expuso a estudiantes de 13 años, a alumnos con necesidades educativas especiales y a docentes a un escenario que pudo escalar peligrosamente. También denunció que profesores fueron amenazados de muerte por el grupo.
Retamales sostuvo además que las amenazas, la manipulación de elementos incendiarios y los daños a un establecimiento educacional constituyen delitos, y agradeció la intervención policial, que permitió resguardar a los cerca de 490 estudiantes que se encontraban en el liceo. Según la directora, no hubo alumnos ni docentes lesionados.
Detenidos, querellas y Aula Segura
El operativo de Carabineros terminó con al menos 10 detenidos: nueve estudiantes menores de edad y un adulto vinculado al liceo. Siete de ellos habrían sido aprehendidos dentro del recinto y tres en enfrentamientos en las inmediaciones. Las cifras difieren levemente según la fuente consultada, por lo que podrían actualizarse con el avance de la investigación.
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El SLEP anunció dos querellas que serán presentadas ante el Primer Juzgado de Garantía de Santiago, con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades penales. Una de ellas está relacionada con un episodio paralelo en el Liceo 1 Javiera Carrera, donde encapuchados externos habrían rociado con líquido acelerante a funcionarias del establecimiento, lo que terminó con siete jóvenes detenidos.
En paralelo, el liceo aplicará su reglamento interno y la ley Aula Segura a los estudiantes que resulten identificados, lo que podría derivar en su expulsión. Retamales, sin embargo, advirtió que los sostenedores tienen márgenes muy acotados frente a hechos que constituyen delitos, ya que esas herramientas no fueron diseñadas para ello. Esa discusión conecta directamente con la Ley de Escuelas Protegidas aprobada con 105 votos y con la reciente promulgación de esa normativa.
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Profesores acusan un procedimiento policial desmedido
La versión oficial no es la única. La Asamblea Gremial de Profesores del establecimiento emitió un comunicado, difundido por El Ciudadano, en el que acusa un procedimiento desmedido de Fuerzas Especiales. Los docentes relatan irrupciones en salas donde había alumnos bajo su cuidado, vidrios rotos, apertura forzada de dependencias y detenciones sin información oportuna a los apoderados.
El gremio exigió a la dirección del liceo y al SLEP identificar a quién estuvo a cargo del operativo y determinar responsabilidades institucionales y policiales. Así, la comunidad escolar queda dividida entre quienes respaldan la mano firme y quienes ven en la actuación policial un exceso. Encuestas recientes muestran que la mayoría de los chilenos respalda medidas de seguridad en colegios.
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El Barros Borgoño, nuevo foco de la violencia escolar
Lo ocurrido no es un episodio aislado. A lo largo de 2026 el establecimiento ha acumulado incidentes: en julio, encapuchados quemaron una puerta de acceso y obligaron a suspender las clases, y en septiembre el SLEP anunció su querella número 13 en ocho meses tras nuevos desórdenes con elementos incendiarios. Ex-Ante ya había descrito al liceo como el nuevo epicentro de la violencia en los emblemáticos, desplazando al Instituto Nacional.
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El SLEP Santiago Centro, que este año asumió la administración de 43 establecimientos de la capital, ha centrado buena parte de su gestión en contener estas crisis. La suspensión de dos docentes marca, sin embargo, un giro relevante: si se confirma que adultos de la comunidad escolar protegieron a los encapuchados, la discusión dejará de limitarse a los estudiantes y alcanzará a quienes deberían resguardar la convivencia. El debate se cruza con la agenda del Mineduc 2026-2030 y con las tensiones por los recortes en educación.
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Lo que viene
La suspensión de los profesores es preventiva y no implica una sanción definitiva. Su situación dependerá de los procedimientos administrativos que active el SLEP y de lo que determine la investigación penal. En el plano político, el caso vuelve a encender el debate sobre el rol de los adultos en las tomas y en la violencia escolar, una discusión que también ha alimentado las críticas de Pepe Auth a las marchas estudiantiles y las denuncias en educación difundidas por el diputado Araya.
Las personas mencionadas en este artículo se presumen inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria firme, conforme al artículo 4 del Código Procesal Penal. La identidad de los estudiantes menores de edad se encuentra protegida por ley.
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