
El presupuesto de Contraloría para 2027 trae una señal política difícil de ignorar. Mientras el Gobierno de José Antonio Kast aprieta el cinturón en buena parte del aparato público, la Contraloría General de la República que encabeza Dorothy Pérez recibirá un alza real de 5,9%, 75 nuevos funcionarios y una inyección inédita de recursos para tecnología e inteligencia artificial. Un guiño que, según distintos análisis, buscaría responder a las reiteradas advertencias de la contralora sobre la falta de recursos para fiscalizar.
Según el proyecto de Ley de Presupuestos ingresado al Congreso, la partida del organismo fiscalizador alcanzaría unos $130.960 millones, frente a los $117.176 millones aprobados para 2026. En términos nominales el salto es de 11,7%, aunque la Dirección de Presupuestos lo calcula en 5,9% real respecto de la base de comparación, lo que equivale a unos $7.341 millones adicionales, de acuerdo con lo informado por La Tercera y Diario Financiero.
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Presupuesto de Contraloría 2027: las cifras clave
El grueso del aumento se concentra en personal. El gasto en remuneraciones pasaría de $95.422 millones a $103.407 millones, un alza nominal de 8,3% que permitiría incorporar 75 nuevas personas. Con ello, la dotación total de la Contraloría llegaría a 2.348 funcionarios a lo largo del país, según detalló BioBioChile.
Los principales números del proyecto son los siguientes:
- Presupuesto total 2027: cerca de $130.960 millones (alza real de 5,9%).
- Nuevos funcionarios: 75, para llegar a una dotación de 2.348 personas.
- Programas informáticos: de $2.468 millones a $3.758 millones, un incremento de 52,2%.
- Suscripciones a modelos de IA: $185 millones.
- Iniciativas de inversión: de $1.443 millones a $5.361 millones, incluyendo nuevas sedes regionales en Atacama y Ñuble.
- Vehículos de fiscalización: $154 millones para cinco unidades destinadas a regiones.
A esto se suman cerca de $1.946 millones para equipos computacionales y un aumento de 30,8% en la adquisición de activos no financieros, que pasaría de $4.570 millones a $5.979 millones.
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Inteligencia artificial para fiscalizar el gasto público
Uno de los puntos más llamativos del proyecto es la apuesta tecnológica. Los $185 millones para suscripciones a modelos avanzados de inteligencia artificial, con resguardos de protección de datos, apuntan a fortalecer el análisis masivo de información, anticipar riesgos y detectar irregularidades en el uso de recursos públicos. La lógica es clara: más trazabilidad con menos horas hombre.
No es un tema menor para un organismo cuya titular ha denunciado públicamente la obsolescencia de sus plataformas. En 2025, Pérez advirtió que sistemas críticos de la institución eran mantenidos por apenas dos funcionarios, y que la caída de servidores ponía en riesgo la continuidad de la labor fiscalizadora, como recogió Cooperativa.
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De la pelea de 2025 al guiño de Kast
El contraste con el año pasado es evidente. Para el presupuesto 2026, el Gobierno de Gabriel Boric le otorgó a la Contraloría apenas un 1,5% de crecimiento, pese a que la contralora había solicitado 8,5%. La decisión generó críticas transversales en el Congreso, donde parlamentarios oficialistas y de oposición amenazaron con rechazar la partida si no se reforzaban los recursos del ente fiscalizador, según reportó El Dínamo.
En la Enade de ese año, Pérez lanzó una frase que se volvió emblemática: es difícil que cualquier gobierno quiera darle más presupuesto a la institución que lo va a controlar. Su intervención terminó con una ovación de pie de los empresarios, como relató Diario Financiero.
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Ya en mayo de 2026, en plena ola de recortes de 3% instruidos por Hacienda a casi todos los ministerios, el Ejecutivo de Kast decretó un incremento de $4.758 millones para la Contraloría, de acuerdo con The Clinic. El proyecto 2027 consolida esa tendencia y convierte al organismo en uno de los pocos ganadores de la discusión presupuestaria.
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Licencias médicas, fundaciones y una Contraloría con agenda propia
El espaldarazo no se entiende sin la seguidilla de informes que han puesto a la Contraloría en el centro del debate público. El más conocido fue el caso de las licencias médicas, que reveló a miles de funcionarios públicos que habrían viajado al extranjero mientras estaban con reposo, y que incluso salpicó al Poder Judicial.
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A eso se suman auditorías sobre programas sociales, compras públicas y servicios del Estado. La Contraloría ha detectado fallas en Aduanas, revisado el programa Yo Elijo Mi PC, cuestionado el uso de viviendas fiscales y anunciado que auditará el empadronamiento de migrantes. También levantó alertas por la Ley Cholito y sus $16 mil millones.
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Ni siquiera La Moneda ha quedado fuera del radar. El organismo analizó el polémico almuerzo del Presidente con sus excompañeros, descartando irregularidades, y revisó el ingreso de niños migrantes. Que el mismo Gobierno fiscalizado decida darle más recursos a su fiscalizador es, para muchos, una apuesta por la credibilidad.
¿Qué viene ahora en el Congreso?
La contralora Dorothy Pérez debía exponer el detalle de su partida ante la Subcomisión Mixta de Presupuestos este 7 de octubre. Allí se verá si el Parlamento, que el año pasado presionó por más recursos, respalda sin cambios la propuesta del Ejecutivo o intenta ir más allá.
Todo ocurre en un escenario fiscal estrecho. El Gobierno propuso para 2027 un crecimiento acotado del gasto total, con énfasis en seguridad, salud y empleo, según Pauta, mientras el Consejo Fiscal Autónomo mantiene sus advertencias sobre el déficit estructural.
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En ese contexto, el alza del presupuesto de Contraloría aparece como una excepción deliberada. Para el Ejecutivo, la cuenta sería simple: cada peso invertido en fiscalización podría traducirse en ahorros mucho mayores si se frenan el mal uso de recursos, las licencias fraudulentas y los sobreprecios. Para la oposición, la pregunta será si el guiño a Dorothy Pérez se sostiene cuando los informes de la Contraloría comiencen a incomodar al propio Gobierno.
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