GRAVE: Contraloría destapa fallas en control aduanal durante el año 2025 que podría favorecer el narcotráfico

La Contraloría destapa falla en Aduanas con un nuevo informe que golpea la credibilidad del Servicio Nacional de Aduanas en plena discusión de la agenda de seguridad del Gobierno. Según los antecedentes recopilados por el ente contralor, al menos 25 contenedores habrían quedado sin la revisión física correspondiente, mientras que 28 operaciones de comercio exterior presentarían un riesgo de tráfico ilícito que no fue controlado a tiempo por los fiscalizadores regionales.

El hallazgo se suma a una seguidilla de auditorías que la Contraloría General de la República ha publicado desde diciembre de 2025 sobre distintas direcciones regionales de Aduanas, entre ellas Arica, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, San Antonio, Los Andes, Talcahuano y Los Lagos. En todas ellas se repite un patrón: bajos niveles de fiscalización efectiva sobre las importaciones y exportaciones autorizadas, pese al récord histórico de comercio exterior que ha registrado Chile en los últimos dos años.

Contraloría destapa falla en Aduanas: el detalle del hallazgo

De acuerdo con lo consignado por el organismo fiscalizador, los 25 contenedores identificados habrían sido seleccionados por el sistema de perfilamiento de riesgo, pero no llegaron a pasar por el control físico o por el escáner de rayos X antes de su despacho. En paralelo, las 28 operaciones observadas corresponderían a declaraciones de ingreso y salida de mercancías que, según el informe, no contaron con la validación cruzada necesaria entre los distintos organismos que deben autorizar el paso de la carga, como el Servicio Agrícola y Ganadero o el Instituto de Salud Pública.

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Riesgo de tráfico ilícito y contenedores sin fiscalizar en los puertos chilenos

El problema no es menor si se considera que Chile superó los 107 mil millones de dólares en exportaciones durante 2025, según cifras oficiales del Banco Central. Con ese volumen de comercio exterior, la capacidad de fiscalización física del Servicio Nacional de Aduanas ha quedado en entredicho en auditorías previas, como la realizada a la Dirección Regional de Iquique, que la Contraloría General de la República publicó en su Informe Final N°16 de 2026, donde se advirtió que la ausencia de escáneres operativos de forma permanente «redujo la capacidad institucional para detectar oportunamente» casos de contrabando y tráfico de drogas.

En el caso de los 28 procedimientos ahora observados, el riesgo apunta directamente a que mercancías vinculadas a organizaciones criminales podrían haber ingresado o salido del país sin control efectivo, en momentos en que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast ha hecho de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico uno de los ejes centrales de su agenda ACOT.

Antecedentes: la seguidilla de auditorías que ha enfrentado el Servicio Nacional de Aduanas

Este nuevo reparo se suma a los que ya había formulado la Contraloría respecto de la Dirección Regional de Aduana de Valparaíso, donde se detectó que el servicio no contaba con un mecanismo para validar los vistos buenos y certificaciones de otros organismos públicos, lo que derivó en el ingreso de mercancía no autorizada al país y en la instrucción de sumarios administrativos. En Coquimbo, por su parte, el organismo contralor constató que de más de 8.700 exportaciones autorizadas, solo seis fueron efectivamente fiscalizadas.

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Desde el Servicio Nacional de Aduanas, liderado por Alejandra Arriaza, se ha defendido el modelo de gestión de riesgos que aplica la institución, señalando que la fiscalización del 100% de las operaciones se realiza mediante análisis documental e inteligencia previa, y que solo una fracción de las cargas es finalmente sometida a revisión física o aforo. Sin embargo, la Contraloría insiste en que ese enfoque ha dejado espacios sin cobertura que podrían ser aprovechados por redes de contrabando y narcotráfico que operan en los principales terminales del país.

Reacciones y medidas correctivas exigidas por el organismo contralor

Como ha ocurrido en auditorías anteriores, se espera que la Contraloría instruya a la dirección regional involucrada un plazo de 60 días hábiles para acreditar avances concretos. Entre las medidas exigidas en casos similares han figurado la implementación de matrices de riesgo actualizadas, el fortalecimiento de la trazabilidad de las cargas y la corrección de inconsistencias entre plataformas informáticas como el sistema de Declaraciones de Ingreso (DIN) y el de Documentos Únicos de Salida (DUS).

El caso se conoce en un momento en que la Contraloría y la Corte Suprema ya habían respaldado el criterio del Gobierno para ampliar el ingreso de las policías a zona primaria en los puertos, como parte del paquete de medidas que busca convertir en ley la agenda de control fronterizo. Aduanas, sin embargo, se había declarado en alerta frente a esa posibilidad, argumentando que podría afectar sus competencias exclusivas sobre la fiscalización del comercio exterior.

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El contexto: la agenda ACOT y el control del narcotráfico en los puertos

La revelación se produce mientras el Ejecutivo impulsa la megarreforma de seguridad conocida como agenda ACOT, que busca dotar de mayores atribuciones a las policías y fortalecer el control fronterizo frente al avance del crimen organizado. Operativos recientes, como los desplegados en el marco de la Operación Cono Sur en el puerto de San Antonio, han permitido incautar millones de dólares en mercancía de contrabando, lo que refuerza la tesis de que los puertos chilenos siguen siendo un punto crítico para el ingreso y salida de productos ilícitos.

En ese escenario, cada nuevo informe de la Contraloría sobre fallas de fiscalización en Aduanas alimenta el debate sobre si el actual modelo de gestión de riesgos es suficiente para enfrentar a organizaciones criminales cada vez más sofisticadas, o si se requieren cambios estructurales más profundos en la institución encargada de resguardar las fronteras económicas del país.

Contraloría destapa falla en Aduanas: 25 contenedores sin revisión y 28 operaciones con riesgo de tráfico ilícito sin control