Contraloría destapa descontrol en Ley Cholito: municipios acumulan $16 mil millones sin ejecutar ni rendir

La Ley Cholito vuelve a estar en el centro de la polémica. Un informe de la Contraloría General de la República habría dejado al descubierto un profundo descontrol en el uso de los recursos destinados a la tenencia responsable de mascotas: 162 municipalidades no respondieron a los requerimientos del ente fiscalizador sobre más de $16 mil millones transferidos por la Subdere. Y el tema reaparece justo cuando el Gobierno propone recortar en un 86% el programa que financia esta normativa en el Presupuesto 2027.

El hallazgo forma parte del segundo Reporte de Análisis de Datos con Alerta de Riesgo (RADAR) de la Contraloría, que revisó cómo se han ejecutado los fondos del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC). Según Meganoticias, entre 2017 y marzo de 2026 las municipalidades recibieron más de $33.647 millones a través de este programa, pero buena parte de esos recursos no tendría un rastro verificable.

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Qué detectó la Contraloría en la Ley Cholito

El reporte de la Contraloría expone una cadena de falencias que van mucho más allá de un problema contable. De acuerdo con el análisis, 61 municipios no habrían realizado ni una sola jornada de rescate animal ni de control poblacional, pese a haber recibido cerca de $5 mil millones desde 2022 para esos fines específicos. A eso se suman las 162 comunas que simplemente guardaron silencio ante los requerimientos de información sobre el destino de los $16 mil millones.

Las brechas también alcanzan la infraestructura básica para aplicar la normativa. El organismo constató que 25 municipalidades ni siquiera cuentan con una ordenanza de tenencia responsable, 178 no disponen de lector de microchip o no informaron tenerlo, y 31 mantienen o financian caniles que no están inscritos en el Registro Nacional de Centros de Mantención Temporal. En la práctica, eso significa que muchas comunas no tendrían cómo fiscalizar a los dueños de mascotas, aunque quisieran.

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El informe además advirtió inconsistencias en el Registro Nacional de Mascotas y en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos, especialmente en la identificación de los responsables. En este último, solo 748 de 39.987 personas inscritas habrían completado el curso de adiestramiento que exige la ley para ese tipo de animales.

Regiones bajo la lupa: Biobío y Los Lagos

El impacto del informe se replicó en los medios regionales. En el Biobío, Diario Concepción consignó que doce municipalidades, entre ellas Concepción, San Pedro de la Paz, Tomé y Coronel, habrían recibido $1.508 millones para iniciativas de la Ley Cholito sin responder a la Contraloría. Otras siete comunas de la región declararon no haber hecho ninguna jornada de rescate o control de población, pese a transferencias por $764 millones.

En el sur, el Diario de Osorno informó que la Municipalidad de Osorno figura entre las que no contestaron, a pesar de haber recibido más de $135 millones, mientras San Juan de la Costa, Puyehue y Puerto Octay no habrían ejecutado jornadas del programa.

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Subdere fiscalizada y ultimátum de 90 días

Frente a este escenario, la Contraloría anunció que fiscalizará a la Subsecretaría de Desarrollo Regional en su calidad de entidad que transfiere los recursos, y otorgó a las municipalidades sin ordenanza un plazo de 90 días hábiles para dictarla. La señal apunta a un problema de diseño: los fondos habrían salido del nivel central sin mecanismos efectivos para verificar su uso en terreno.

No es la primera vez que el órgano contralor detecta fallas de control en el Estado. En los últimos meses ha emitido observaciones en áreas tan diversas como Aduanas, el uso de viviendas fiscales y la beca Yo Elijo Mi PC. Los informes completos pueden consultarse en el sitio oficial de la Contraloría General de la República.

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El recorte del 86% en el Presupuesto 2027

El informe de la Contraloría cobra nueva relevancia con la discusión presupuestaria. Según The Clinic, el Gobierno propone reducir el PTRAC desde $3.634 millones a $514 millones para 2027. Desde la Subdere justificaron la decisión señalando que el programa, «en diez años nunca se ha evaluado», y que no existen indicadores que permitan medir si realmente reduce el abandono, las jaurías o las mordeduras.

La autoridad agregó que hay unos $3.000 millones en proyectos en ejecución que seguirán funcionando en las comunas, y que durante 2027 se harían pilotos de focalización y un estudio de impacto. El ajuste se enmarca en la revisión de 632 programas en el Presupuesto 2027 impulsada por el Ejecutivo.

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La oposición y varios alcaldes, en cambio, acusan que el costo terminará trasladándose a los municipios, que suelen liderar las campañas de esterilización, vacunación y chipeo. Organizaciones animalistas consultadas por Radio Universidad de Chile sostienen que el propio informe demuestra que la Ley 21.020 no se ha ejecutado ni fiscalizado como corresponde, y que el Estado debería cumplir primero lo que la normativa ya ordena.

Un problema que va más allá de las mascotas

Puede que muchos de esos recursos se hayan usado correctamente. El problema es que, sin rendición, resulta imposible distinguir una gestión correcta del simple desorden o de una eventual irregularidad. Y si al Estado le cuesta seguir el rastro de fondos relativamente acotados como los de la Ley Cholito, la pregunta sobre lo que ocurre con transferencias mucho mayores, como el royalty minero para 302 municipios, se vuelve inevitable.

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El debate legislativo del Presupuesto 2027 definirá si el programa se reformula con evaluación de impacto o si, como temen los alcaldes, las comunas quedan solas frente al abandono animal. Mientras tanto, 162 municipios todavía deberían explicar qué pasó con los $16 mil millones que recibieron.