Caso Bernarda Vera: las pensiones por más de $160 millones que recibió la familia de la falsa desaparecida

Las pensiones de Bernarda Vera ya tienen cifra oficial. Este lunes 5 de octubre, el Instituto de Previsión Social (IPS) entregó los montos pagados a la madre y a la hija de la exmilitante del MIR que por más de cinco décadas figuró como detenida desaparecida en el Informe Rettig, pese a que hoy se sabe que vive en Argentina. Sumados, los beneficios superan los $160 millones, según reveló Ex-Ante, medio que solicitó la información vía Ley de Transparencia.

La entrega de los datos no fue voluntaria. El IPS había denegado la solicitud el 29 de octubre de 2025, durante el gobierno de Gabriel Boric, argumentando que se trataba de información privada. Solo tras un amparo, el Consejo para la Transparencia ordenó revelar los montos, al estimar en su resolución del 9 de septiembre de 2026 que existe un interés público en ejercer control social sobre el destino de esos recursos fiscales.

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Los montos de las pensiones de Bernarda Vera: $161 millones en 34 años

De acuerdo con el oficio del IPS, la madre de la exmirista recibió $58.952.063 entre 1991 y 2012, año en que falleció. A esa cifra se suma la pensión de reparación por orfandad otorgada a su hija, quien entre julio de 1991 y septiembre de 2025 acumuló $102.823.746, con un último depósito registrado de $798.174.

En total, el Estado habría desembolsado cerca de $161,8 millones hasta septiembre de 2025, sin contar los pagos realizados hasta julio de 2026, mes en que el IPS revocó el beneficio. Estas pensiones se enmarcan en la Ley 19.123, que creó las reparaciones para familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos reconocidas por la Comisión Rettig.

La cifra supera ampliamente el cálculo que había hecho en julio la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, Gloria Naveillán (PNL), quien estimó en $109 millones lo percibido solo por la hija.

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Indicios desde 2012 y 14 meses de silencio

Uno de los puntos más delicados del caso es que las alertas existían hace años. En 2012, el exmirista José Manuel Bravo Aguilera publicó el libro de memorias De Carranco a Carrán, donde situaba a Vera huyendo por los bosques del sur cuando, según la versión oficial, ya estaba desaparecida. Pese a ello, los pagos continuaron sin interrupción por más de una década.

A esto se suma lo documentado por el propio Plan Nacional de Búsqueda: la información sobre una Bernarda Vera viva habría permanecido cerca de 15 meses en la Subsecretaría de Derechos Humanos antes de llegar al ministro en visita Álvaro Mesa, un punto que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, reprochó directamente a la administración anterior.

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Fuera del Rettig, pero aún en el mapa de búsqueda

El 29 de julio de 2026, mediante el oficio 1.110-2026, el ministro Mesa informó a la Subsecretaría de Derechos Humanos que Bernarda Rosalba Vera Contardo se encuentra con vida en Argentina y que no fue secuestrada ni murió por acción de terceros. Con ese antecedente, la Subsecretaría ordenó excluirla del registro de víctimas, decisión publicada el 10 de septiembre en el Diario Oficial.

Sin embargo, hasta este lunes Vera seguía apareciendo como detenida desaparecida en el mapa del Plan Nacional de Búsqueda, una inconsistencia que vuelve a poner en entredicho la calidad de los registros oficiales.

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¿Devolverá la familia el dinero? El rol del CDE

Tras la confirmación por ADN, el gobierno anunció que el caso sería puesto en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado (CDE) para evaluar la restitución de los fondos bajo la figura del «pago de lo no debido». Diputados de la UDI y de Republicanos, en tanto, han insistido en recuperar los recursos y en revisar otras pensiones de reparación y de gracia.

Existe un precedente: en casos anteriores de calificaciones erróneas, el CDE buscó recuperar cerca de $76 millones entregados a un grupo familiar. Además, el Ministerio de Justicia reconoció que el de Vera no es el único caso bajo revisión.

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Cabe precisar que, hasta ahora, ningún tribunal ha establecido que los familiares de Bernarda Vera hayan actuado de mala fe. En 2025, la entonces vocera Camila Vallejo sostuvo que la familia habría actuado con total desconocimiento de la situación, y cualquier eventual responsabilidad deberá ser determinada por la justicia, en resguardo de la presunción de inocencia que consagra el artículo 4 del Código Procesal Penal.

Un caso que remece la política de reparación

Más allá de la cifra, el caso deja preguntas abiertas sobre los mecanismos de control del Estado: cómo un beneficio pudo pagarse durante 34 años sin verificaciones pese a indicios públicos, por qué la información tardó meses en llegar a la justicia y cuántos otros registros podrían tener errores. Para los defensores de las políticas de memoria, el riesgo es que un caso excepcional se use para desacreditar a las más de mil víctimas reales; para sus críticos, es la prueba de que el sistema requiere auditorías profundas.

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Lo que sí parece claro es que las pensiones de Bernarda Vera se transformaron en un símbolo del debate sobre transparencia y uso de recursos públicos, en un momento en que el Ejecutivo también revisa otros programas, como se aprecia en la auditoría a fundaciones y en el Presupuesto 2027. El próximo capítulo dependerá de la decisión del CDE y de la eventual comisión investigadora anunciada en la Cámara.