La auditoría fundaciones Chile más reveladora del año acaba de destapar un agujero de $1,4 billones (MILLONES DE MILLONES DE PESOS) sin rendir
El Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, liderado por la Segpres, reveló que de los 5,4 billones de pesos transferidos a fundaciones entre 2022 y 2026, más de 1,4 billones no tienen rendición acreditada. Cuatro ministerios entran ahora en investigación formal.
Chile despertó este 1 de julio con una cifra que debería hacer temblar a más de algún exfuncionario: 1,4 billones de pesos. Esa es la plata pública transferida a fundaciones entre 2022 y 2026 que, hasta ahora, nadie ha explicado en qué se gastó. No es un error de imprenta. Son mil cuatrocientos mil millones de pesos que salieron de las arcas fiscales y se perdieron en la nebulosa de la «sociedad civil organizada» sin que exista un solo respaldo que acredite su uso.
La cifra salió a la luz en la cuarta sesión del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, la instancia que el Gobierno de José Antonio Kast creó dentro del Plan Inspección Total al Estado. Y si alguien pensaba que la fiscalización a las fundaciones —el mismo mecanismo que explotó con el Caso Convenios y hundió a media coalición de gobierno anterior— era cosa del pasado, esta auditoría demuestra que el problema nunca se cerró. Solo se disimuló.
Auditoria fundaciones Chile: Los números que nadie quiso mirar antes
De los 5,4 billones de pesos que las fundaciones debían rendir en el período 2022-2026, más de 1,4 billones simplemente no tienen rendición acreditada. Los peor evaluados: el Sence, el Servicio de Protección de la Niñez y la Subsecretaría de Agricultura. Es decir, los mismos servicios que administran platas destinadas a capacitación laboral, a la protección de menores vulnerables y al agro, son los que menos control tuvieron sobre a dónde fue el dinero.
Pero el dato más escandaloso es otro: de las 177 fundaciones creadas durante ese período, que recibieron más de 11.000 millones de pesos, el 60% de esos fondos —unos 6.500 millones— no tiene ninguna rendición acreditada. Y en 79 de esas fundaciones nuevas no existe registro alguno de rendición. Ni uno. Fundaciones que nacieron, recibieron plata del Estado, y desaparecieron del radar de la fiscalización como si nunca hubiesen tenido la obligación de responder por un solo peso.
La subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo, fue clara en el diagnóstico: la obligación del Estado no termina cuando transfiere los recursos, sino que continúa hasta que esos fondos estén «correctamente ejecutados, respaldados y rendidos». Una obviedad que, sin embargo, durante años pareció no aplicarse.
Cuatro ministerios bajo la lupa
El comité no se quedó en el diagnóstico general. Instruyó investigaciones específicas en cuatro carteras:
- Deporte: el Instituto Nacional de Deportes (IND), por la administración y rendición de sus recursos.
- Energía: la Agencia de Sostenibilidad Energética, por contrataciones y ejecución de programas.
- Agricultura: la regularidad de compras y ejecución de fondos por los organismos ejecutores.
- Salud: una fiscalización exhaustiva a las compras y contrataciones en subsecretarías, servicios y entidades ejecutoras.
El trato directo como norma, no como excepción
Si la plata perdida en fundaciones ya es grave, lo que el comité encontró en materia de compras públicas es igual de preocupante. Instituciones como el Centro de Información de Recursos Naturales (Ciren), el Servicio de Salud Sur y la Subsecretaría de Derechos Humanos hicieron más de la mitad de sus compras mediante trato directo, es decir, sin licitación.
Y las causales para justificar esa vía —»proveedor único» y «confianza y seguridad»— se duplicaron respecto al período anterior. El uso de la causal de «emergencia» superó en un 17% a todo lo registrado durante la pandemia del Covid-19. Léase bien: se usó más el argumento de la urgencia sanitaria y administrativa después de que la pandemia terminara, que durante la propia pandemia. Eso no es gestión de crisis. Eso es un sistema que aprendió a saltarse los controles y lo convirtió en costumbre.
La cuenta de los casos anteriores
El comité también rindió cuentas de las investigaciones abiertas en sesiones previas, y ahí el balance es mixto entre lo avanzado y lo que sigue pendiente:
- Junaeb: los más de $14.000 millones pagados en raciones de alimentos que nunca se entregaron ya fueron denunciados al Ministerio Público. Es decir, pasó de ser un hallazgo administrativo a una causa judicial.
- Transportes: se logró regularizar más del 80% de los $30.000 millones heredados sin respaldo, normalizando pagos a proveedores y la cobertura del transporte regional.
- Ciencia: por los más de $100.000 millones en incumplimientos del programa Becas Chile y otras transferencias, se pidió a la Contraloría una auditoría externa y se instruyó una auditoría interna al ministerio.
Por qué esto importa
Este no es un ejercicio de números para especialistas en finanzas públicas. Es la radiografía de un modelo de Estado que, durante años, transfirió recursos a fundaciones y organismos con controles tan débiles que hoy es prácticamente imposible saber si esa plata cumplió algún propósito público o simplemente se evaporó. El Caso Convenios abrió la caja de Pandora en 2023; esta auditoría fundaciones Chile demuestra que la caja seguía —y sigue— llena.
La pregunta que queda flotando es la misma de siempre: ¿alguien va a pagar por esto, o el ciclo de «se transfiere, no se rinde, se audita años después y no pasa nada» se va a repetir una vez más? Por ahora, al menos, hay una diferencia: hay una investigación en curso, hay ministerios bajo la lupa y hay un caso —Junaeb— que ya llegó a la fiscalía. El resto, habrá que seguirlo de cerca.
FUENTES
- Cobertura del 1 de julio de 2026 sobre la cuarta sesión del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal (Segpres).
- Gobierno instruye investigar cuatro ministerios y detecta $1,4 billones no rendidos por fundaciones
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