La deuda de Karol Cariola y Bo Yang: $28 millones ocultos

Durante meses, la relación entre Karol Cariola y Bo Yang intentó instalarse como un relato circunstancial: que su vínculo con el empresario chino Bo «Emilio» Yang era circunstancial, casi anecdótico, reducido a la gestión de un arriendo. La investigación de la Unidad de Investigación de BioBioChile, basada en antecedentes bancarios del expediente que instruye el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, por presunto tráfico de influencias, derrumba esa versión con algo que ningún comunicado puede maquillar: los números de una cuenta bancaria (BioBioChile, 6 de julio de 2026).

La cifra es elocuente. Según el reportaje, Cariola arrastró una deuda de cerca de $28 millones con Yang por el arriendo de un departamento en calle Suecia, Providencia, vigente entre el 1 de marzo de 2022 y el 31 de marzo de 2025. La saldó recién en julio de 2025, cuando el caso ya había estallado públicamente, mediante un cheque nominativo a nombre de la sociedad Fanáticos X Coo.

🚨 NUEVOS ANTECEDENTES SACUDEN EL CASO KAROL CARIOLA 🚨

Documentos bancarios contenidos en el expediente judicial habrían revelado una relación mucho más profunda de lo que se sabía entre la senadora comunista @KarolCariola y el empresario chino Bo "Emilio" Yang.

Cariola habría… pic.twitter.com/uEBDBl949k
— Make Chile Fome Again 🇨🇱 (@Gorderizador) July 6, 2026

Karol Cariola y Bo Yang: Un «amigo chino» que resultó ser mucho más

El affaire no comienza con el departamento, sino antes. De acuerdo con la declaración de la propia Cariola ante el Ministerio Público, citada por BioBioChile, conoció a Yang a fines de 2021, cuando el empresario le envió un saludo navideño y solicitó reunirse, aprovechando que la entonces diputada era vicepresidenta del Comité Interparlamentario de Amistad Chileno-Chino. De ese almuerzo, según su propio relato, surgió un vínculo que con el tiempo se volvió cercano (BioBioChile).

Ese vínculo no quedó en lo privado. Según reveló BioBioChile a partir de un peritaje al celular de la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), en febrero de 2022 Cariola gestionó ante ella una prórroga para Chinamart, un local que no había renovado su patente de alcoholes y que la propia senadora describió ante Hassler como propiedad de sus «amigos chinos empresarios», en clara alusión a Yang —aunque el reportaje precisa que los verdaderos dueños del negocio eran Xinping Wang y Gongxiang Chen, y que Yang solo oficiaba como una suerte de lobista—. La gestión de Hassler, pese a la instrucción que dio a un funcionario municipal, no prosperó. El hecho de que una parlamentaria intercediera directamente por los intereses comerciales de su conocido configura, de todos modos, un patrón que la centroizquierda chilena suele exigir con dureza cuando el apellido comprometido es de otro sector político.

El negocio del arriendo: de intermediario a acreedor

Bo Yang no solo era amigo: fue quien conectó a Karol Cariola con el departamento de Suecia, cuyo dueño real —el también ciudadano chino Hong Chen— la senadora dice no haber conocido nunca. El acuerdo, además, se selló de palabra, sin contrato escrito, algo que la propia parlamentaria reconoció ante los investigadores (BioBioChile). Una informalidad llamativa para una autoridad pública que, se supone, debiera ser la primera en resguardar la trazabilidad de sus propios compromisos financieros.

Cuando surgieron diferencias sobre el valor real del arriendo —que subió de $950 mil a $1.150.000 mensuales poco después de firmado el acuerdo—, la solución no fue clarificar el contrato por escrito, sino acumular una deuda que se pagaría al final, según el propio relato de Cariola a los fiscales. Esa deuda escaló mes a mes: de los 37 meses que duró el contrato, la Unidad de Investigación de BioBioChile constató transferencias en apenas 16. El resto quedó en el limbo hasta que, en julio de 2025 y en pleno escándalo, apareció el pago por $28.145.091.

Bo Yang certificó la cancelación en una notaría de Santiago, fijando el arriendo mensual en $1.168.230, cifra que —según el documento notarial citado por el reportaje— incluye una indemnización de $520 mil por término anticipado de contrato. Descontado ese ítem, la deuda de fondo llegó a $27.625.000 (BioBioChile). El entorno de Cariola matiza el monto, alegando —según fuentes de su círculo consultadas por el mismo medio— que no todos los meses sin registro correspondían a deuda efectiva, ya que la senadora pasaba buena parte de su tiempo en Viña del Mar. El abogado Juan Carlos Manríquez, que representa a la parlamentaria en la causa, sostiene que todo el esquema de pagos estaba pactado de antemano entre ambas partes. Pero el punto de fondo no se disuelve con matices contables: una autoridad pública mantuvo, durante tres años, una deuda millonaria e informal con un empresario extranjero por el que, en paralelo, gestionaba favores ante el municipio de Santiago.

El préstamo familiar y el cumpleaños con el Presidente

Para poder saldar la deuda, Karol Cariola recurrió a un préstamo de $20 millones que le hizo un primo mediante un vale vista de Scotiabank fechado el 11 de julio de 2025, dinero que —según su abogado— provenía de un crédito bancario que la propia senadora paga mensualmente en cuotas.

El expediente aporta, además, un detalle simbólico: los registros de depósitos de Cariola a la empresa de Yang muestran que el empresario también ofició de intermediario para la fiesta de cumpleaños de la parlamentaria en abril de 2022, en un restaurante de Providencia al que asistió el recién asumido presidente Gabriel Boric (BioBioChile). Una postal que ilustra, mejor que cualquier editorial, lo entrelazadas que estaban las esferas personal, política y comercial en torno a esta relación.

El aeropuerto y el ciudadano con antecedentes por trata

El expediente no se agota en el departamento. Cariola también reconoció haber intervenido en octubre de 2022 ante el entonces subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por un ciudadano chino retenido en el aeropuerto Arturo Merino Benítez tras perder su documentación. El caso no era menor: se trataba de Pingyingdi Weng, condenado por facilitación de prostitución internacional y con un decreto de expulsión vigente, quien terminó ingresando a Chile luego de que Cariola consultara por su situación.

La gestión, según la senadora, respondió a una preocupación humanitaria planteada por Yang. Pero el patrón se repite: el empresario pide, la parlamentaria gestiona ante el Estado. Y todo ocurre en el contexto de un personaje que, de acuerdo con una investigación de Informe Especial de 24Horas, ha sido acusado por una ciudadana china de estar vinculado a una red de trata de personas y explotación sexual, y cuyo domicilio comercial en calle Conferencia 328 fue allanado durante las diligencias contra la mafia china que opera en el país (24Horas – Informe Especial). El abogado de Yang, Luis Inostroza, niega cualquier participación de su cliente en esos hechos y sostiene que el domicilio allanado correspondía a una empresa de contabilidad contratada para trámites societarios ajenos a la causa.

La acumulación de coincidencias —Chinamart, el arriendo, el aeropuerto, los allanamientos— excede largamente la categoría de casualidad. De hecho, otro reportaje de 24Horas sobre una operación posterior de la PDI contra redes de lavado de la organización Hongmen volvió a mencionar a Yang como el lobista cuyo nombre saltó a la palestra pública, en 2025, precisamente por su relación con la senadora del PC.

Un patrón que no es nuevo

Esta no es la primera vez que trascienden antecedentes incómodos sobre esta relación. En octubre de 2025, BioBioChile ya había revelado conversaciones de Karol Cariola y Bo Yang vinculadas al arriendo del departamento, además de gestiones relacionadas con joyas y multas de TAG (BioBioChile, octubre 2025). Y apenas semanas atrás, en junio de 2026, la propia senadora debió salir a responder públicamente por su voto para justificar el mantenimiento del secreto bancario en medio de este mismo proceso, calificando las críticas en su contra de «violentas» (BioBioChile, junio 2026).

Lo que queda por responder

Más allá de la defensa legal de Karol Cariola y Bo Yang —que insiste en que todo se ajustó a derecho y que los montos fueron pactados entre abogados—, la pregunta política es otra: ¿es admisible que una senadora de la República mantenga durante años una deuda informal y millonaria con un empresario extranjero por el que, simultáneamente, gestiona favores ante autoridades municipales y de gobierno? ¿Y qué dice de los estándares de probidad del Partido Comunista que este episodio se conozca no por autocrítica interna, sino por el trabajo de un equipo de investigación periodística?

La bancada de la ex Concertación y el oficialismo actual han construido, durante años, un relato de superioridad moral frente a la derecha en materia de probidad. Este expediente —con cifras, cheques, notarías y declaraciones judiciales de por medio— obliga a preguntarse si ese relato resiste el escrutinio de los hechos.