El fraude JUNAEB quedó expuesto en toda su magnitud: $8.000 pesos por una taza de leche y un sándwich que ningún niño chileno jamás comió. Mientras el gobierno hablaba de dignidad, alguien vaciaba las arcas fiscales cobrando por alimentar a niños que siguieron con hambre.
El fraude JUNAEB en cifras
Cuando el gobierno de Gabriel Boric hablaba de «poner a los más vulnerables en el centro», alguien en el aparato del Estado estaba haciendo algo mucho más concreto: cobrar ocho mil pesos por una taza de leche y un sándwich que jamás llegó a la boca de ningún niño chileno.
Eso es lo que reveló la investigación de Reportajes T13: un fraude sistemático al interior de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), la institución encargada de alimentar a los estudiantes más pobres del país. El mecanismo era sencillo y brutal: se facturaba por onces escolares que nunca se servían, se cobraba por prestaciones que nunca existieron, y los fondos —plata de todos los chilenos— desaparecían mientras los niños seguían con el estómago vacío.
«Esto no es un error contable. Es un robo. Con nombre, con apellido, y con RUT.»
Los números que acusan
El fraude JUNAEB suma 14 mil millones de pesos. Esa es la cifra que emerge de la investigación: recursos públicos pagados por raciones que nunca se distribuyeron. Para ponerlo en perspectiva, esa suma equivale a financiar durante varios años el Programa de Alimentación Escolar completo de una región entera. Es dinero que debía terminar en los vasos y las loncheras de los niños más pobres de Chile. En cambio, terminó en otro lado.
La investigación de T13 coincide plenamente con los hallazgos de la Inspección Total ordenada por el Presidente Kast al asumir el gobierno. El informe ya estaba. Las irregularidades ya estaban documentadas. La pregunta incómoda es: ¿qué sabía la administración Boric y cuándo lo supo?
El gobierno que miró para el lado
Aquí está el núcleo del escándalo político: esto no ocurrió en el pasado remoto ni en una zona gris difícil de auditar. Ocurrió bajo la administración de Gabriel Boric, en un organismo que él controló, con autoridades que él designó. Y si la auditoría del gobierno de Kast pudo detectar las irregularidades rápidamente, la pregunta que nadie del oficialismo anterior ha respondido es por qué ellos no lo hicieron.
La respuesta más probable no es la incompetencia —aunque esa tampoco se puede descartar—. La respuesta más probable es que no había ningún incentivo real para mirar. JUNAEB es un organismo con presupuesto millonario, contratos con privados, y poca visibilidad pública. El escenario perfecto para que el dinero se evapore sin que nadie llore demasiado.
¿Y los niños?
Los niños siguieron con hambre. Eso no es una metáfora ni un recurso retórico: es literalmente lo que pasó. Mientras alguien cobraba ocho mil pesos por una once que no existió, el niño que debía recibirla llegó a clases sin comer, trató de concentrarse con el estómago vacío y volvió a su casa sin que nadie en La Moneda se enterara —o quisiera enterarse—.
El programa de alimentación escolar existe precisamente porque hay familias en Chile que no pueden garantizar que sus hijos coman todos los días. Defraudar ese programa no es robarle al Estado: es robarle directamente a los niños más pobres del país.
«Los niños siguieron con hambre. Alguien siguió cobrando. Esto es inhumanidad en su expresión más pura.»
Lo que viene ahora
La Inspección Total del gobierno de Kast dejó un expediente. T13 dejó una investigación. Lo que falta es lo de siempre en Chile: que alguien responda. No una comisión investigadora que dure dos años y concluya con un informe que nadie lee. No una renuncia protocolaria acompañada de «agradecimientos por los servicios prestados». Responder de verdad, ante la justicia, con consecuencias reales.
Porque si $14.000 millones robados de la boca de los niños más pobres de Chile no gatillan consecuencias penales concretas, entonces la señal que se manda al resto del aparato del Estado es brutal: pueden seguir robando.
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