Campillai PDI: la senadora invocó un vacío legal —la falta de orden judicial— para bloquear una diligencia policial vinculada al proceso por amenazas que enfrenta el marido de su hija, mientras la controversia por la contratación de este último con platas del Senado sigue sin cerrarse.
La causa por amenazas que involucra a Paloma Castillo Campillai y a su pareja, Gerard Cortés Guerrero, sumó un nuevo antecedente que vuelve a poner a la senadora Fabiola Campillai en el centro de la escena, esta vez no como víctima ni como legisladora, sino como parte de una familia que le cerró la puerta a la policía.
Según reveló Reportajes de Teletrece, detectives de la PDI llegaron el mismo 11 de mayo de 2025 hasta el domicilio de la parlamentaria en San Bernardo con la intención de solicitar un ingreso voluntario, en el marco de la investigación por la denuncia de amenazas de muerte que una vecina hizo contra Castillo y Cortés. La familia no lo permitió, amparada en que los funcionarios no portaban una orden judicial.
Una discusión de vecinos que terminó en la Fiscalía
De acuerdo con la formalización, el episodio se originó en una discusión entre la pareja y vecinos del sector. Una de las personas denunciantes declaró que Cortés bajó de un vehículo con una pistola y llegó a golpearlo con el arma, mientras ambos —Castillo y Cortés— habrían proferido amenazas directas contra los denunciantes.
Es justamente para verificar si en esos hechos hubo un arma de fuego real que la Fiscalía dispuso la diligencia en la vivienda de la senadora, sin éxito.
La explicación de Campillai PDI: epilepsia y consejo del abogado
Campillai justificó lo ocurrido en dos frentes. Primero, aseguró haber sufrido una crisis de salud minutos antes de la llegada de los detectives, lo que la mantuvo sin contacto con la vivienda hasta el día siguiente. Segundo, atribuyó la negativa de ingreso a una recomendación de su abogado, quien —al no existir orden judicial— indicó a su hija que no autorizara el acceso.
Formalmente, la explicación es impecable: nadie está obligado a permitir el ingreso de la policía a su domicilio sin una orden. Es un derecho constitucional básico y cualquier ciudadano puede ejercerlo. El problema no es jurídico, es político: se trata de la misma coalición y el mismo sector que durante meses ha exigido mano dura, controles y facultades más amplias para las policías frente a la delincuencia, aplicando ahora, puertas adentro, el garantismo procesal que en el discurso público suele calificar de «excusa de delincuentes».
El trasfondo que no desaparece
Este episodio se suma a un antecedente que ya había generado ruido: Cortés fue contratado como conductor con recursos del Senado, cargo que dejó tras destaparse el proceso judicial en su contra. La combinación —empleo público para el yerno, causa penal en curso y una diligencia policial frustrada en la casa de la propia senadora— configura un cuadro incómodo para una parlamentaria cuya carrera política se ha construido, en gran medida, sobre la legitimidad moral de ser víctima de la violencia estatal durante el estallido social.
Campillai no ha sido formalizada ni es parte de la causa. Pero la opacidad con que su entorno ha manejado este episodio, sumada a la demora en transparentar la salida de Cortés del Senado, alimenta la pregunta de fondo: ¿opera para la familia de la senadora el mismo estándar de transparencia y colaboración con la justicia que ella exige para el resto del país?
El episodio se produce en momentos en que la centroizquierda vuelve a debatir, en el Congreso, mayores atribuciones para las policías frente a la delincuencia — una discusión que la propia coalición de Campillai ha empujado con fuerza
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