La última encuesta Plaza Pública Cadem (N°671, medición del 10 de julio) deja un mensaje que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast debiera leer con atención: la ciudadanía quiere que el Senado apruebe el Plan de Reconstrucción Nacional Kast, pero no compra en bloque cada una de sus medidas. Hay un Chile que exige ayuda inmediata para las víctimas de los incendios de Ñuble y Biobío, y hay otro —más desconfiado— que todavía duda de ciertos guiños al mundo empresarial.
La aprobación del Plan de Reconstrucción Nacional kast se recupera tras la caída de junio
El primer gráfico de Cadem muestra la evolución de la opinión pública desde que el proyecto salió del Congreso y entró a su trámite en el Senado. El 47% de los encuestados cree que la Cámara Alta debería aprobar definitivamente el plan, dos puntos más que en la medición del 18 de junio. En paralelo, quienes creen que debería rechazarse cayó a 42%, cinco puntos menos que hace tres semanas.
Es un repunte que no puede leerse como casualidad. Coincide justo con el cambio de escenario legislativo: mientras el proyecto se discutía en la Cámara de Diputados, el respaldo venía cayendo sostenidamente —de 50% el 23 de abril a 44% el 27 de mayo—. Apenas el debate se trasladó al Senado, la curva se revirtió. La lectura política es clara: la ciudadanía diferencia entre el ruido de la tramitación en la Cámara y la seriedad que percibe en la revisión del Senado, y eso termina jugando a favor del Ejecutivo.
El «no responde» se mantiene estable en torno al 8-11%, lo que confirma que este no es un tema de indiferencia: la enorme mayoría del país tiene una opinión formada sobre el plan, y hoy esa opinión —aunque ajustada— favorece su aprobación.
Un consenso transversal: primero la reconstrucción
El segundo gráfico es el que debería concentrar la comunicación del Gobierno. Cuando se pregunta por medidas específicas, la ciudadanía traza una línea nítida entre lo que considera justicia reparatoria y lo que interpreta como incentivo empresarial.
En la cima del respaldo, con un aplastante 81% de acuerdo, está destinar más recursos a la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios en Ñuble y Biobío. Es, con diferencia, la medida más popular de todo el paquete y confirma que la urgencia humanitaria de la reconstrucción sigue siendo el ancla moral del proyecto ante la opinión pública.
Le sigue con fuerza la eliminación temporal del IVA en la compra de viviendas nuevas (71% de acuerdo) y la eliminación o reducción de las contribuciones de la primera vivienda para adultos mayores de 65 años (63%). Ambas hablan directamente a la clase media y a los adultos mayores, dos segmentos que el Gobierno necesita mantener de su lado. También hay respaldo mayoritario para reducir temporalmente el impuesto a las donaciones destinadas a la reconstrucción (60%) y para entregar beneficios tributarios a empresas que generen nuevos empleos formales (55%): la gente premia el esfuerzo cuando ve un beneficio social directo y verificable —vivienda, empleo, ayuda a las víctimas.
Donde el plan pierde piso: el guiño a la gran inversión
El contraste llega en la parte baja del gráfico, y ahí está el verdadero desafío comunicacional para La Moneda. Agilizar los permisos ambientales y administrativos para proyectos de inversión todavía convence a una mayoría (53%), igual que avanzar hacia un sistema tributario integrado (50%). Pero a partir de ahí, la balanza se invierte.
Garantizar invariabilidad tributaria por 10 a 20 años para grandes proyectos de inversión ya no logra mayoría: 42% de acuerdo contra 44% en desacuerdo. Y la medida más resistida de todo el plan es la reducción gradual del impuesto a las empresas de 27% a 22% en tres años: solo 39% la respalda, mientras 56% —más de la mitad del país— se manifiesta en desacuerdo.
Es la paradoja del plan: las mismas personas que apoyan mayoritariamente el paquete en su conjunto rechazan, específicamente, su componente más «pro-empresa». Y no es un matiz menor, porque la baja de la tasa corporativa y la invariabilidad tributaria son, técnicamente, dos de los instrumentos que la literatura económica identifica como más efectivos para atraer inversión de largo plazo y financiar la reconstrucción sin recurrir a mayor deuda o gasto fiscal permanente.
La lectura política para el Gobierno
El mensaje de esta encuesta es, en el fondo, una hoja de ruta comunicacional. El Gobierno tiene el viento a favor cuando habla de reconstrucción, vivienda y ayuda a los adultos mayores: ahí la ciudadanía lo acompaña con cifras que rondan o superan los dos tercios. Pero cuando el relato se traslada al terreno de los incentivos tributarios a las grandes empresas, ese mismo público exige más pedagogía: no basta con anunciar la baja del impuesto corporativo, hay que explicar con datos concretos por qué esa baja termina traduciéndose en más empleo, más inversión y, en último término, en la reconstrucción misma de las zonas afectadas.
El repunte de julio demuestra que el plan puede seguir sumando respaldo en el Senado. Pero también deja una advertencia: si el Ejecutivo no logra conectar el beneficio tributario empresarial con un beneficio tangible para las familias, corre el riesgo de que el ala más popular del proyecto —la ayuda a Ñuble y Biobío— termine cargando, sola, con el peso comunicacional de toda la reforma.
Fuente: Plaza Pública Cadem N°671, Julio S2-M2 2026.
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