Menores juzgados como adultos en Chile: La encuesta Plaza Pública Cadem revela que tres de cada cuatro chilenos exige que los adolescentes que matan, secuestran o violan respondan como adultos. La política sigue mirando para otro lado.
Hay preguntas que la política evita porque sabe la respuesta. Esta es una de ellas.
Según la última encuesta Plaza Pública Cadem (N°667, junio 2026), el 76% de los chilenos cree que los adolescentes entre 14 y 17 años que cometen delitos graves —homicidio, secuestro, violación— deberían ser juzgados como adultos. No como «jóvenes en formación». No como «víctimas del sistema». Como adultos.
El dato no deja espacio para la interpretación creativa de ningún legislador progresista.
Menores juzgados como adultos en Chile: El consenso que nadie quiere ver
La encuesta también preguntó algo más específico: ¿cuál debería ser la edad mínima de responsabilidad penal en Chile? Hoy, la ley fija ese umbral en los 14 años. El resultado fue contundente:
- El 36% cree que debería bajar a los 12 años
- El 32% quiere mantenerla en 14
- Solo el 6% plantea subirla
Sumados los que quieren bajar la edad (a 10, 11, 12 o 13 años), el porcentaje alcanza el 58% de la población. Más de la mitad del país está convencida de que la ley actual es demasiado laxa.
Esto no es un titular de derecha. Es la fotografía de un país que ha visto demasiado.
Un adolescente que mata no es un niño perdido. Es un asesino.
El lenguaje importa. Durante años, el discurso oficial —apoyado por una academia capturada por el garantismo— instaló la idea de que el menor infractor es, ante todo, una víctima: de la pobreza, del abandono, del Estado. Esa narrativa tuvo consecuencias reales.
Jóvenes de 15 y 16 años que lideran células del crimen organizado saben perfectamente que el sistema los protege. No porque sean inocentes, sino porque la ley así lo dispone. Y lo explotan.
Los vecinos de La Legua lo saben. Los de Villa Francia también. Las familias de las víctimas, por supuesto, lo saben mejor que nadie.
La ciudadanía ya llegó a una conclusión que el Congreso sigue postergando: la edad no puede ser el escudo perfecto para quien comete un crimen perfecto.
Lo que el 76% le dice al Congreso
Chile tiene hoy uno de los sistemas de responsabilidad penal juvenil más benignos de América Latina. La Ley 20.084, vigente desde 2007, establece sanciones que van desde la libertad asistida hasta el internamiento en régimen cerrado —pero con condenas significativamente menores a las que recibiría un adulto por el mismo delito.
El resultado de casi dos décadas de esa política es visible: el crimen organizado recluta adolescentes de manera deliberada, precisamente porque su captura tiene un costo legal mínimo.
El 76% que hoy pide juzgarlos como adultos no está pidiendo crueldad. Está pidiendo coherencia. Si un joven de 16 años tiene la capacidad de planificar un homicidio, de ejecutarlo con frialdad y de escapar, tiene también la capacidad de responder por ello ante la justicia en igualdad de condiciones.
El Gobierno de Kast tiene una oportunidad —y una obligación
El gobierno actual llegó al poder con un mandato claro en materia de seguridad. La ciudadanía no le pidió gestionar el problema: le pidió resolverlo.
La encuesta Cadem es una señal inequívoca de que existe capital político para avanzar en una reforma de la Ley 20.084 que contemple, al menos, la posibilidad de juzgar a menores como adultos que cometan los delitos más graves del Código Penal.
No hacerlo no es prudencia. Es cobardía legislativa disfrazada de moderación.
El 76% de los chilenos ya tomó su decisión. Falta que La Moneda y el Congreso tomen la suya.
Fuente: Encuesta Plaza Pública Cadem N°667, junio S4-M2 2026. Casos: 1.001.
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