El país registra la mayor mejora de la región con un avance del 0,8% en el Índice Global de Paz 2026 Chile, pero el informe del IEP advierte que la tasa de homicidios se ha triplicado desde 2017. La izquierda regional, en cambio, tiene mucho que explicar.

Fuente: forbes.cl
Mientras la narrativa opositora insiste en pintar a Chile como un Estado en colapso securitario, el Institute for Economics & Peace (IEP) publicó su Índice Global de Paz 2026 (GPI 2026) con datos que conviene leer con calma —y con mala leche, si es necesario.
Chile avanzó 0,8 puntos en el índice, alcanzó el puesto 52 a nivel mundial y se consolidó como el segundo país más seguro de América del Sur, solo detrás de Uruguay (puesto 43°). No es un resultado menor en una región donde ocho de once países retrocedieron.
Según el reporte, la mejora nacional fue impulsada por el dominio de Seguridad y Protección, que mejoró un 2,5%. El indicador de manifestaciones violentas —ese termómetro tan chileno— registró la mayor alza con un 16,7% de mejora, mientras que el indicador de importaciones de armas mejoró un 14,5%.
Lo que el informe también dice —y no conviene ignorar
El GPI 2026 no regala nada. El mismo documento que celebra el avance chileno incluye una advertencia que debería leerse en La Moneda sin parpadear: «Chile sigue siendo uno de los países más pacíficos de la región, aunque su tasa de homicidios se ha triplicado desde 2017.»
Triplicada. En menos de una década. Eso no es herencia de un gobierno ni de otro: es un deterioro estructural que acumula administraciones, presupuestos y discursos. El gobierno de Kast recibe ese legado y tiene la obligación de revertirlo. El medidor ya comenzó.
El propio dominio de Militarización empeoró un 2,1% —señal de que el gasto en respuesta coercitiva aumenta sin que eso se traduzca necesariamente en una mejora proporcional de la paz percibida—. Una tensión que el ejecutivo deberá administrar con más inteligencia que decibeles.
El desastre que no es en el índice global de paz 2026 Chile
Para contextualizar el puesto 52, vale la pena mirar al vecindario.
Colombia cayó al puesto 141 y figura entre los diez países del mundo más afectados por el terrorismo. En enero de 2025, el ELN masacró al menos a 103 personas en el Catatumbo y desplazó a más de 56.000. El presidente Gustavo Petro —el mismo que algunos sectores miraban con simpatía desde Santiago— suspendió las conversaciones de paz en respuesta. Su indicador de relaciones con países vecinos empeoró un 50%.
Venezuela se ubica en el puesto 133, con un deterioro del 3,5% impulsado por un alza del 21,5% en el dominio de Conflictos en Curso. El régimen de Maduro sigue acumulando muertes internas mientras mejora —cínicamente— sus indicadores de «percepción de criminalidad». Cuando el Estado es el criminal, las encuestas de seguridad cambian de naturaleza.
Argentina protagonizó el mayor deterioro de la región con una caída general del 6,1%. El indicador de muertes por conflicto interno escaló de 0 a 114, estrechamente vinculado a las protestas de jubilados que en marzo de 2025 fueron respondidas con violencia policial. El programa de ajuste de Milei tiene costos que el índice registra con frialdad.
En ese contexto regional —donde ocho de once países retrocedieron—, Chile no solo mantuvo su posición: la mejoró con la mayor alza de toda América del Sur.

La foto global: Islandia y una Europa que envejece tranquila
En el tope del ranking, el informe confirma lo esperable con datos. Islandia mantiene el primer lugar por 19° año consecutivo —sin ejército permanente, con criminalidad marginal—. Le siguen Nueva Zelanda, Suiza, Eslovenia e Irlanda en el top cinco. Portugal, Austria, Singapur, Finlandia y Japón completan el top diez.
La nota llamativa es Japón, que entró al top 10 subiendo tres posiciones tras registrar una mejora del 25% en su indicador de conflicto interno.
Chile, en el puesto 52, está lejos de ese pelotón. Pero también está muy lejos del pantano en que nadan sus vecinos.
¿Qué puede esperarse para el GPI 2027?
El puesto 52 es una fotografía, no un destino. Y como toda fotografía, congela un instante que ya está en movimiento.
El Índice Global de Paz mide con rezago: los datos que hoy se publican recogen tendencias del año anterior. Lo que el GPI 2027 registre dependerá en buena medida de decisiones que el gobierno de Kast está tomando —o evitando tomar— ahora mismo.
El diagnóstico es claro: Chile mejoró en seguridad y protección ciudadana, pero se deterioró en militarización y no movió la aguja en conflictos en curso. Eso no es casualidad. Es la huella de una política que apostó fuerte por presencia policial visible —operativos, controles, cifras semanales de homicidios en portales de transparencia— y que aún no ha demostrado capacidad para atacar las causas estructurales del crimen organizado que se instaló en el país entre 2017 y 2023.
El gobierno tiene en sus manos al menos tres palancas que, si se accionan con coherencia, podrían mover el indicador de forma significativa hacia 2027.
La primera es la coordinación institucional real. No basta con que Carabineros, PDI, Fiscalía y el Ministerio de Seguridad hablen en las mismas conferencias de prensa. El crimen organizado opera en red; el Estado chileno, históricamente, ha operado en silos. Si el gobierno logra articular inteligencia criminal compartida y respuesta coordinada entre organismos, el efecto sobre homicidios y crimen violento puede ser estadísticamente significativo en 18 meses. Si no lo logra, los operativos seguirán siendo espectaculares y los números seguirán donde están.
La segunda es la política migratoria con consecuencias reales. El vínculo entre migración irregular y crimen organizado en Chile —particularmente en el norte y en las poblaciones periféricas de Santiago— está documentado y es políticamente incómodo de nombrar con precisión. El gobierno lo ha nombrado. Lo que el GPI medirá es si ese diagnóstico se tradujo en expulsiones efectivas, en control fronterizo sostenido y en desarticulación de redes, o si quedó en el plano del discurso.
La tercera —y la más difícil— es no ceder a la trampa del indicador de corto plazo. Los gobiernos que persiguen el titular de seguridad tienden a optimizar para la foto semanal, no para el cambio estructural. Chile ya vivió eso. La triplicación de homicidios desde 2017 no ocurrió porque los gobiernos anteriores no hicieran operativos: ocurrió porque ninguno construyó la arquitectura institucional que impide que el crimen organizado eche raíces. Si Kast cae en la misma trampa —midiendo éxito en detenciones semanales en vez de en tasas de reincidencia, desarticulación de bandas y recuperación territorial—, el GPI 2027 lo registrará con la misma frialdad con que hoy registra la triplicación.
El escenario optimista es plausible, no garantizado. Si el gobierno mantiene el foco, fortalece la coordinación y convierte los operativos en política criminal sostenida, Chile podría cerrar entre los puestos 44 y 48 en 2027 —rozando a Uruguay, que hoy nos saca diez lugares de ventaja.
El escenario pesimista también es plausible. Si la agenda de seguridad se fragmenta en cambios de gabinete, disputas con el Ministerio Público y gestión de la contingencia, el índice del próximo año podría mostrar un país que mejoró una vez y luego se estancó. O peor: que retrocedió.
Chile tiene los datos a favor hoy. La pregunta para 2027 no es si el país puede mejorar. Es si este gobierno tiene la disciplina institucional para que esa mejora sea real y no solo fotogénica.
Fuente: Índice Global de Paz 2026, Institute for Economics & Peace (IEP).
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