Un nuevo informe encendió las alarmas sobre el estado del mercado laboral chileno. El centro Libertad y Desarrollo, con cifras del Observatorio Judicial, reveló que las causas ingresadas a los juzgados laborales del país casi se triplicaron entre 2021 y 2025, pasando de 35.450 a 112.083 expedientes. El dato confirma lo que muchos empleadores y economistas venían advirtiendo: las reformas impulsadas durante el gobierno de Gabriel Boric, entre ellas la Ley de 40 horas y la Ley Karin, habrían encarecido y complejizado de forma dramática las relaciones laborales en Chile.
El explosivo aumento de la judicialización laboral con la Ley de 40 horas y la Ley Karin
Según lo informado por Diario Financiero, el fenómeno está liderado por las demandas por despido injustificado, en un escenario económico marcado por una tasa de desempleo superior al 9% y una informalidad que supera el 27%. Las acciones legales por desvinculaciones indebidas aumentaron un 262% durante el quinquenio, sumando 64.287 ingresos que representan el 57,4% del volumen total de litigios laborales.
Especialistas consultados por el medio explican que este incremento responde tanto al impacto de las recientes reformas normativas —entre ellas las 40 horas y la Ley Karin, y el finiquito electrónico— como a la alta expectativa de los trabajadores de lograr incentivos económicos, dado que el 57% de las causas concluye en acuerdos entre las partes.
Un mercado laboral que ya venía deteriorado
Este nuevo antecedente se suma a un diagnóstico que el economista David Bravo ya había calificado como una emergencia laboral durante la administración Boric. De hecho, distintos análisis han mostrado que el desempleo se mantuvo estructuralmente alto durante todo el gobierno, un fenómeno que incluso derivó en un tenso cruce público entre el entonces ministro del Trabajo y el senador Ibáñez por la interpretación de las cifras oficiales.
El impacto no fue parejo entre géneros: distintos reportes han documentado que el desempleo femenino se convirtió en uno de los puntos más críticos de la herencia laboral que recibió el actual gobierno, pese a que iniciativas como la sala cuna universal buscaban precisamente incentivar la contratación de mujeres.
Las 40 horas semanales, un debate que sigue abierto
La reducción de la jornada laboral fue una de las banderas de campaña del gobierno de Boric, pero su implementación gradual generó ruido desde el primer momento. Como se explicó en este análisis sobre los mitos en torno a las 52 horas semanales, buena parte de la discusión pública terminó mezclando cifras y proyectos distintos, lo que dificultó que la ciudadanía comprendiera el verdadero alcance de la reforma.
De hecho, ya bajo el actual gobierno se ha discutido una mayor flexibilidad laboral como respuesta a las rigideces heredadas, en momentos en que el país transitaba además por una recesión técnica y un Producto Interno Bruto que registró su peor desempeño desde la crisis subprime, factores que agravaron el escenario de contratación para miles de pymes.
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Ley Karin: protección necesaria, pero con costos no previstos
La Ley Karin, que busca prevenir el acoso laboral y sexual en el trabajo, es ampliamente valorada como un avance en materia de derechos. Sin embargo, distintos actores del mundo empresarial sostienen que su implementación —sin protocolos claros ni tiempos de adaptación suficientes— habría aumentado la exposición legal de las empresas, incentivando demandas y acuerdos extrajudiciales antes que litigios largos y costosos. Este contexto se enmarca en un debate más amplio sobre los derechos del trabajador en Chile y su equilibrio con la sostenibilidad del empleo formal.
¿Qué revela el aumento de causas laborales sobre la herencia de Boric?
El salto de 35.450 a 112.083 causas laborales en cinco años no es un dato menor: refleja un mercado del trabajo donde la incertidumbre normativa se transformó en judicialización masiva. Para el actual gobierno, este diagnóstico se suma a otros desafíos heredados en materia económica y fiscal, y plantea la pregunta de si las próximas modificaciones legales lograrán equilibrar la protección de los trabajadores con la generación de empleo formal y estable.
Fuente: Diario Financiero.
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