Según informó Canal 9 Biobío, la denuncia fue interpuesta por el abogado Raimundo Palamara, vinculado al Partido Republicano y representante de la Fundación Fuerza Ciudadana. Junto al jurista Maximiliano Murath, solicita indagar 14 sentencias del máximo tribunal que habrían favorecido a personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
El nombre de Hugo Bustamante volvió a los titulares esta semana, luego de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso lo sobreseyera definitivamente por el doble homicidio de 1996 que se descubrió enterrado en su casa de Villa Alemana. La noticia reabre una herida que el país no ha cerrado: el caso Ámbar Cornejo y la pregunta de por qué un hombre que ya había matado estaba libre en 2020. Y con esa pregunta regresa otra, más incómoda para la izquierda: ¿con qué argumentos el Frente Amplio se negó a respaldar la acusación constitucional contra la jueza que encabezó la comisión que lo dejó salir?
El Gobierno de José Antonio Kast movió sus fichas en medio de la tormenta: Josefina Soto subsecretaria de Justicia es el nombre que, según informó La Tercera, llegará a reemplazar a Luis Silva, removido este viernes 30 de octubre tras la crisis por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. Es la primera cabeza que rueda en el Ministerio de Justicia desde que estalló el escándalo, y la salida no se dio por presión opositora, sino por un video que tomó por sorpresa a La Moneda.
La bancada de diputados del Partido Republicano puso sobre la mesa una exigencia que hasta ahora nadie había planteado con claridad en medio del escándalo por las rebajas de penas: que el Estado se haga cargo de las víctimas de agresores sexuales cuyos victimarios salieron beneficiados. A través de un comunicado difundido este viernes 30 de octubre, los parlamentarios pidieron al Gobierno de José Antonio Kast evaluar reparaciones económicas, acompañamiento profesional y, eventualmente, pensiones de gracia para 332 personas que, según su planteamiento, habrían quedado expuestas por decisiones de la propia institucionalidad.
La defensa de Rabat sumó este martes un nuevo argumento. En medio de la tormenta por las 56 rebajas de condena concedidas a personas sentenciadas por abuso sexual y violación de menores, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, sostuvo que 36 de esos casos habrían pasado previamente por tribunales antes de que su cartera firmara los decretos. La tesis busca trasladar parte de la responsabilidad al Poder Judicial, pero choca con lo que ha dicho la propia Corte Suprema y con documentos revelados por la prensa.
276 se habrían concedido durante el gobierno de Gabriel Boric y 56 en los primeros seis meses de la administración de José Antonio Kast, un dato que encendió al Congreso y abrió un fuego cruzado entre el actual ministro de Justicia, Fernando Rabat, y su antecesor, Jaime Gajardo.
La muerte de Aliste Vega este domingo 11 de octubre en el Hospital Penitenciario de Santiago cerró un capítulo judicial de casi dos décadas, pero abrió otro mucho más incómodo para La Moneda. El exintegrante del Movimiento Lautaro, condenado a 42 años por el homicidio del cabo de Carabineros Luis Moyano, falleció a los 53 años sin que el Presidente José Antonio Kast resolviera su solicitud de indulto humanitario. Y el debate que dejó instalado ya no gira en torno a su caso, sino a quiénes podrían ser los próximos beneficiados.
La muerte de Juan Aliste Vega cerró este domingo uno de los capítulos más tensos de la agenda judicial y política de las últimas semanas. El exlautarista, de 53 años y condenado a 42 años de cárcel por el asesinato del cabo de Carabineros Luis Moyano
Dirigentes de Republicanos y del Partido Nacional Libertario (PNL) salieron a respaldar públicamente que el Presidente Kast evalúe un indulto humanitario para Juan Aliste Vega sin importar las consecuencias políticas de ello
La familia de Hugo Morales Lobos, gásfiter que perdió la vida tras una extensa jornada de trabajo en La Moneda el 28 de septiembre de 2024, mantiene viva la exigencia de conocer la verdad sobre su fallecimiento. A dos años del hecho, sus allegados aseguran que el paso del tiempo no ha atenuado su necesidad de respuestas, y que aún persisten interrogantes fundamentales sobre las circunstancias que rodearon su muerte
