La familia de Hugo Morales Lobos, gásfiter que perdió la vida tras una extensa jornada de trabajo en La Moneda el 28 de septiembre de 2024, mantiene viva la exigencia de conocer la verdad sobre su fallecimiento. A dos años del hecho, sus allegados aseguran que el paso del tiempo no ha atenuado su necesidad de respuestas, y que aún persisten interrogantes fundamentales sobre las circunstancias que rodearon su muerte. El sumario administrativo gasfiter sigue pendiente, y es precisamente este proceso el que se ha convertido en el eje central de sus reclamos, pues consideran que su conclusión es indispensable para avanzar en el duelo y exigir eventuales responsabilidades.
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Sumario administrativo gasfiter: la demanda central de la familia
La esposa de Morales, Maritza Soto, publicó recientemente una carta en El Mercurio titulada “Dos años no son un trámite”, donde relató los esfuerzos realizados por acceder al expediente y denunció la falta de una conclusión definitiva. Señaló que han debido insistir reiteradamente para obtener antecedentes básicos del caso, lo que ha prolongado una situación de incertidumbre que afecta directamente el proceso de duelo familiar. “Hay cosas que nosotros no podemos cerrar, que nos cuesta cerrar”, expresó su hijo Mauricio Morales Soto en una entrevista con Radio Bío Bío, reflejando el sentir de una familia que no solo busca aclarar lo ocurrido, sino también entender las razones detrás de la lentitud procesal.
Su hijo, Mauricio Morales Soto, expresó en dicha entrevista su perplexidad ante la demora: “A nosotros se nos dijo que esto era un caso relativamente sencillo, porque era una muerte por temas naturales, pero en dos años tú te cuestionas estas cosas. Entonces eso es lo que a nosotros más nos pesa en verdad, que ya han pasado dos años, entonces tú dices ‘si esto era tan sencillo, esto era una muerte natural, ¿por qué se demoran dos años en entregar un sumario?’”. Esta reflexión encapsula el sentir de una familia que no solo busca aclarar lo ocurrido, sino también entender las razones detrás de la lentitud procesal.
“Hay cosas que nosotros no podemos cerrar, que nos cuesta cerrar”. Así describe Mauricio Morales Soto los dos años que su familia lleva esperando respuestas por la muerte de su padre, Hugo Morales Lobos, gásfiter de La Moneda, quien falleció el 28 de septiembre de 2024 tras una extensa jornada de trabajo en el Palacio de Gobierno.
Estas palabras, vertidas en el marco del duelo, reflejan no solo el dolor por la pérdida, sino también la frustración ante un proceso administrativo que, según denuncian, no ha cumplido con los plazos razonables esperados en casos de esta naturaleza. La familia insiste en que, mientras el sumario administrativo gasfiter no concluya, no podrán cerrar este capítulo de sus vidas, pues consideran que la verdad es un paso necesario para avanzar.
Observaciones de organismos fiscalizadores y críticas parlamentarias
El retraso en la conclusión del sumario ha sido objeto de observaciones por parte de entidades clave. La Dirección del Trabajo estableció que Morales llevaba más de 18 horas trabajando cuando sufrió la emergencia, un dato que ha generado debate sobre las condiciones laborales y los límites de la jornada en dependencias estatales. Este antecedente, proporcionado por el organismo fiscalizador, ha sido utilizado por la familia como evidencia de que la jornada excesiva pudo haber contribuido al desenlace fatal.
Por su parte, la Contraloría General de la República calificó la primera investigación como incompleta y cuestionó, entre otros aspectos, que no se indagara la posible responsabilidad de ciertas jefaturas en el episodio. El organismo fiscalizador objetó en tres oportunidades los sumarios elaborados por la administración anterior, ordenando su reapertura para subsanar observaciones relacionadas con la fundamentación de las sanciones. Estas críticas han reforzado la postura de la familia, que sostiene que las investigaciones previas fueron insuficientes y que se requiere un proceso riguroso e imparcial.
Estas demoras también han generado cuestionamientos en el Congreso Nacional. El diputado Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social, calificó la situación como una “vergüenza para el Estado”, expresando que la falta de respuestas rápidas revela un cierto desdén hacia el dolor de las familias afectadas por hechos ocurridos en el ejercicio de sus funciones públicas. “La verdad, me parece extremadamente grave y lamentable. Me revela cierto desdén, cierta despreocupación. Eso no debió haber sucedido nunca. Yo creo que es una vergüenza para el Estado no tener una respuesta rápida y suficiente para la familia”, afirmó el parlamentario.
Asimismo, la subjefa de bancada del Partido Nacional Libertario, Paulina Muñoz, vinculó el caso con la necesidad de reformar el Estatuto Administrativo. Señaló que los sumarios actuales son realizados por funcionarios administrativos que, en muchos casos, carecen de la preparación necesaria para conducir procesos de investigación complejos, lo que dilata injustificadamente las respuestas que esperan las familias. “Esto también es una de las cosas que demuestran que el Estatuto Administrativo debe ser modificado, porque los sumarios hoy día son realizados por fiscales, pero son funcionarios administrativos también que, en muchos casos, no tienen la preparación para llevar un sumario como corresponde. Dilata las respuestas que espera la familia”, sostuvo Muñoz, añadiendo que este caso evidencia una falla sistémica que requiere atención urgente.
Preguntas sin respuesta y llamado a la transparencia
Para la familia Morales Soto, la pregunta central permanece sin respuesta: qué ocurrió desde el momento en que Hugo Morales sufrió la emergencia hasta su fallecimiento, qué protocolos de auxilio se activaron y qué medidas adoptó su empleador para brindarle asistencia inmediata. Mientras el sumario administrativo siga sin concluir, aseguran que continuarán insistiendo en los canales disponibles para obtener información. La familia insiste en que su lucha no es solo por conocer la verdad sobre la muerte de Hugo, sino también por contribuir a que situaciones similares no queden sin respuesta en el futuro.
Este caso se suma a otros episodios recientes donde la lentitud de los procesos internos del Estado ha sido puesta en tela de juicio, generando un debate más amplio sobre la eficiencia y la responsabilidad en la gestión de situaciones críticas que involucran a servidores públicos. La familia insiste en que su lucha no es solo por conocer la verdad sobre la muerte de Hugo, sino también por contribuir a que situaciones similares no queden sin respuesta en el futuro. Mientras tanto, mantienen vigente el recuerdo de Hugo Morales Lobos como un trabajador dedicado cuya muerte merece una explicación clara y oportuna.
Familia de gásfiter que murió hace 2 años en La Moneda: «Hay cosas que nosotros no podemos cerrar»
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