INSPECCIÓN TOTAL al gobierno de Boric: administración de Kast enviará información de 4 ministerios a Fiscalía por presuntas irregularidades

La «Inspección Total» al gobierno de Boric llegó a su capítulo más duro. El Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG), organismo que depende de la Segpres y que lidera la subsecretaria Constanza Castillo (RN), cerró la revisión del período 2022-2026 con un resultado que la propia administración de José Antonio Kast calificó como inédito por su magnitud: 1.529 hallazgos sobre desviaciones, debilidades o incumplimientos detectados en 57 servicios públicos, y la decisión de derivar antecedentes de cuatro reparticiones al Ministerio Público para que se investiguen eventuales delitos.

El anuncio se enmarca en el trabajo de fiscalización que el actual Gobierno impulsa desde marzo, cuando comenzó a revisar la gestión heredada de la administración de Gabriel Boric (Frente Amplio). La «Inspección Total» al gobierno de Boric no es una auditoría cualquiera: según el comunicado difundido por el CAIGG, se trata del proceso de control interno más extenso realizado hasta ahora sobre la gestión de un gobierno saliente en Chile.

LEER TAMBIÉN: Auditoría a fundaciones en Chile revela transferencias sin control entre Kast y Boric

Los cuatro organismos que irán a Fiscalía en la «Inspección Total» al gobierno de Boric

De los 1.529 hallazgos totales, 118 tenían recomendación de iniciar sumarios administrativos en las reparticiones respectivas, a partir de establecer eventuales responsabilidades individuales. Pero el organismo fue más allá en nueve servicios que «requerían un análisis especial»: la Subsecretaría de la Mujer, la Dirección del Trabajo, la Agencia de Sostenibilidad Energética, la Subsecretaría de Vivienda, la Subsecretaría de Deportes, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), la Subsecretaría de Agricultura y la Subsecretaría de Transportes.

En todos esos casos se instruyó abrir una investigación interna, pero en solo cuatro se optó por una medida de mayor gravedad: enviar los antecedentes al Ministerio Público. Así ocurrió con la Subsecretaría de la Mujer, la Dirección del Trabajo, la Subsecretaría de Deportes y la Junaeb, esta última ya golpeada previamente por denuncias sobre pagos irregulares por raciones no servidas en el Programa de Alimentación Escolar. Sobre la ANID, en tanto, se resolvió derivar los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) en lugar de la Fiscalía.

LEER TAMBIÉN: Contraloría destapa una nueva falla estructural en Aduanas

Fundaciones y «dificultad estructural» del Estado, otro foco de la Inspección Total

El informe del CAIGG también revisó las transferencias de recursos públicos hacia personas jurídicas, entre ellas fundaciones y corporaciones que recibieron fondos durante la administración anterior, con el objetivo declarado de «analizar el estado de sus rendiciones e identificar brechas en los mecanismos de seguimiento». La conclusión fue elocuente: existiría una «dificultad estructural del Estado para realizar un seguimiento adecuado» de esos dineros, ya que la información estaría distribuida entre distintos servicios y sistemas sin una visión consolidada.

Este hallazgo se suma a antecedentes previos conocidos en los meses recientes, cuando el Gobierno ya había denunciado traspasos por miles de millones de pesos hacia ONG que no habrían rendido cuentas de manera adecuada durante la gestión de Boric, además de alertas de riesgo fiscal por más de US$9.200 millones detectadas en una auditoría anterior a más de 500 servicios públicos.

LEER TAMBIÉN: Gobierno chileno detecta riesgo fiscal de US$9.200 millones heredado de Boric

Kast recibirá el informe junto a la Comisión Nueva Arquitectura del Estado

Con el trabajo del CAIGG concluido, los resultados y las propuestas derivadas de la «Inspección Total» al gobierno de Boric serán entregados directamente al Presidente Kast y también a la Comisión Nueva Arquitectura del Estado, la instancia que el propio mandatario convocó con el objetivo de reducir el número de ministerios y racionalizar el aparato público. La subsecretaria Castillo defendió el alcance del proceso al señalar que «los recursos públicos son de todos los chilenos y tenemos la responsabilidad de cuidarlos con el máximo rigor», calificando la revisión como «un primer paso para fortalecer la rendición de cuentas y mejorar la gestión del Estado».

Cabe recordar que, tratándose de personas que podrían resultar imputadas en el marco de las investigaciones que se abran a partir de estos antecedentes, rige la garantía constitucional de presunción de inocencia establecida en el artículo 4° del Código Procesal Penal, por lo que corresponderá al Ministerio Público y a los tribunales determinar si existen responsabilidades penales concretas.

LEER TAMBIÉN: Fraude en el Ministerio de la Mujer: los antecedentes que complican a la gestión de Boric

Antecedentes: de la promesa de campaña a la política de Estado en la era Kast

La fiscalización a la gestión anterior fue uno de los ejes que Kast anunció apenas se conoció su triunfo electoral, cuando instruyó conformar una «fuerza de tarea administrativa» para recopilar antecedentes por fuera de los canales formales del traspaso de mando. Esa promesa se transformó en política de Estado a través del CAIGG y del Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, ambos liderados por Castillo, que en los meses previos ya habían identificado hallazgos parciales en materia de trato directo en compras públicas y en la ejecución presupuestaria de distintos ministerios.

Según medios especializados como La Tercera, el proceso incluyó el análisis de más de 913 millones de datos asociados a organismos estatales entre 2022 y 2026, una cifra que grafica la escala del ejercicio de fiscalización impulsado por La Moneda. El propio comunicado del CAIGG, disponible en el sitio oficial del organismo, detalla la metodología empleada para llegar a las 1.529 observaciones.

LEER TAMBIÉN: Coimas en el Servicio de Migraciones: el caso que ya está en el CDE

El resultado de la «Inspección Total» al gobierno de Boric se conoce en un momento en que el oficialismo republicano y el resto de la derecha buscan capitalizar el desgaste de la administración saliente, mientras el Frente Amplio y sectores del oficialismo anterior han cuestionado el carácter político de las auditorías. Con todo, la magnitud de los hallazgos —y el hecho de que cuatro casos hayan cruzado el umbral hacia la persecución penal— asegura que el tema seguirá en el centro del debate público en las próximas semanas, especialmente si el Ministerio Público decide formalizar diligencias o solicitar la remisión de antecedentes adicionales a los servicios involucrados.