En plena polémica por las 56 rebajas de condena a agresores sexuales de menores firmadas por el ministro de Justicia Fernando Rabat, la izquierda ha salido a dar cátedra de firmeza. Pero la memoria política es porfiada: en 2015, los entonces diputados Gabriel Boric y Giorgio Jackson respaldaron públicamente la denuncia contra José Antonio Gómez, el ministro de Justicia de Michelle Bachelet que se negó a firmar cerca de 500 decretos de rebaja de penas, incluidos casos de condenados por violación y homicidio.
El episodio, rescatado esta semana por El Mostrador y La Tercera, deja en una posición incómoda al Frente Amplio, que hoy acusa al gobierno de Kast de haber cedido ante los reos.
Qué pasó en 2015: el ministro que no quiso firmar
José Antonio Gómez (PR) llegó a la cartera de Justicia a fines de 2014 y comenzó a revisar los antecedentes de los reos a quienes las comisiones de reducción de condena habían otorgado el beneficio de la Ley 19.856. Según informó The Clinic en enero de 2015, el ministro estimó que varios de esos internos no cumplían los requisitos legales y decidió no firmar los decretos, comenzando por 205 casos.
La cifra siguió creciendo hasta superar los 500. Para Gómez, la rebaja de condena era un beneficio sujeto a exigencias y no un derecho automático. Los tribunales pensaron distinto: las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema sostuvieron que la decisión corresponde a las comisiones y que el ministerio solo debe ejecutarla. Los recursos de amparo terminaron favoreciendo a los condenados, y el propio Gómez ha relatado que el máximo tribunal llegó a advertir sobre un eventual desacato.
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La denuncia contra José Antonio Gómez y el rol de Boric y Jackson
El 24 de noviembre de 2015, la ONG Leasur presentó ante la Fiscalía Centro Norte una denuncia de 16 páginas por afectar ilícitamente la libertad personal de más de 500 internos. La acción, bautizada en redes como #DenunciaGómez, sostenía que la negativa a firmar constituía una extralimitación de las potestades del Ministerio de Justicia.
De acuerdo con el reportaje de El Mostrador, los diputados Boric y Jackson respaldaron públicamente esa denuncia e incluso acudieron a La Moneda para cuestionar la conducta del secretario de Estado. Boric habría ido más allá, acusando al ministro de prevaricación. En un artículo de El Desconcierto de diciembre de ese año, el hoy expresidente calificó como inaceptable el actuar de Gómez y sugirió que detrás había un cálculo político para mostrar que el gobierno de Bachelet cerraba la «puerta giratoria».
El Ministerio Público abrió una investigación y Gómez quedó en calidad de imputado. La causa fue cerrada posteriormente y, según su versión, la Fiscalía no encontró conducta delictiva.
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2026: los mismos rostros, el discurso inverso
Once años después, el escenario se dio vuelta. Según antecedentes publicados por Interferencia y recogidos por Chilevisión, entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026 el Ministerio de Justicia dictó 56 decretos de rebaja de condena: 27 por abuso sexual de menores y 29 por violación. La exvocera Camila Vallejo calificó el hecho de gravísimo.
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Jackson, por su parte, respondió en X a la diputada Macarena Santelices asegurando que durante el gobierno anterior todas las solicitudes fueron rechazadas, y calificó de impresentable lo obrado por la actual administración, según consignó CNN Chile. El problema es que, en 2015, el mismo Jackson respaldó una denuncia penal contra un ministro que hizo exactamente lo que hoy reclama: negarse a firmar.
El dato duro tampoco ayuda al relato. Según cifras obtenidas por Emol, en los últimos cinco años se otorgaron 332 rebajas de condena, de las cuales 276 se concretaron durante los cuatro años del gobierno de Boric.
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El argumento del Gobierno: «se respetó la ley»
El vocero Gonzalo Arenas comparó los decretos de Rabat con resoluciones firmadas en la administración anterior por el exministro Jaime Gajardo, y sostuvo que en ambos gobiernos se aplicó el mismo procedimiento, según Emol. Gajardo replicó a través de The Clinic que su cartera rechazaba cada solicitud de abusadores y violadores de menores.
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Desde la UDI, su presidente Guillermo Ramírez acusó a la administración Boric de haber sacado las castañas con la mano del gato: enviar los decretos a la Corte Suprema para no tramitarlos directamente, con el resultado de que los beneficiados igual quedaron libres, de acuerdo con Cooperativa. La presidenta de la Suprema, Gloria Ana Chevesich, se limitó a señalar en T13 que fue el ministro quien dictó los decretos conforme a sus facultades legales.
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Gómez reaparece y le pasa la cuenta a todos
El propio José Antonio Gómez volvió a escena. En declaraciones a BioBioChile, el exministro reconoció que su estrategia fracasó en tribunales, pero cuestionó que Rabat no haya litigado para cambiar la interpretación judicial. Además advirtió que las rebajas ya otorgadas y notificadas no se podrían revertir, y que suspender las pendientes podría gatillar una nueva ola de amparos.
Gómez propuso revisar el reglamento penitenciario y exigir que las comisiones fundamenten por escrito sus decisiones, mientras el Gobierno anunció urgencia para proyectos que restrinjan el beneficio.
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La coherencia como bien escaso
Nadie discute que las rebajas a violadores de niños son indefendibles ante la opinión pública. Lo que el episodio de 2015 expone es otra cosa: cuando un ministro de centroizquierda intentó frenar beneficios a condenados por delitos graves, la nueva generación del Frente Amplio lo acusó ante la Fiscalía. Hoy, esos mismos dirigentes exigen la mano dura que ayer denunciaron como ilegal.
La discusión de fondo, cómo una comisión puede liberar anticipadamente a un violador sin que el Ejecutivo pueda oponerse, sigue pendiente. Y difícilmente avanzará mientras cada sector use el tema solo como munición contra el adversario de turno.
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Para seguir el debate sobre seguridad y justicia, revisa también el aumento de penas para menores, el indulto a carabineros del estallido social, lo que opinan los chilenos sobre los indultos a exuniformados y quién es Gonzalo Arenas.
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