El Gobierno de José Antonio Kast ingresó este lunes 19 de octubre a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma al INDH, una iniciativa que, de aprobarse, cambiaría por completo la fisonomía del Instituto Nacional de Derechos Humanos: le quitaría la facultad de presentar querellas criminales, reduciría su Consejo de 11 a 5 integrantes y crearía la figura de un director ejecutivo elegido por Alta Dirección Pública. Para el Ejecutivo, se trata de devolverle al organismo su carácter técnico y consultivo; para sus defensores, sería un golpe directo a su capacidad de acción.
La iniciativa modifica la Ley N° 20.405, que dio origen al INDH en 2009, y lleva la firma del propio Presidente. Según informó 24 Horas, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, defendió que la idea es realzar un rol consultivo del Instituto y no uno persecutor en materia penal, recordando que la Constitución entrega al Ministerio Público el ejercicio de la acción penal.
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Qué cambia con el proyecto de reforma al INDH
El corazón de la propuesta es el fin de las querellas. El INDH dejaría de ser parte en causas criminales y, en su reemplazo, tendría una facultad de denuncia institucional, es decir, podría poner en conocimiento de los organismos competentes hechos que revistan caracteres de delito. Conservaría, eso sí, los recursos de protección y de amparo, y podría actuar como amicus curiae aportando informes técnicos ante los tribunales. Las querellas ya presentadas seguirían su curso hasta la sentencia, de acuerdo con lo informado por el Ejecutivo.
Los principales cambios, según el texto ingresado (Mensaje N° 174-374), serían los siguientes:
- Fin de las querellas criminales: se reemplazan por una facultad de denuncia institucional.
- Consejo de 5 miembros: dos designados por el Senado, dos por la Cámara de Diputados y uno por los decanos de las facultades de Derecho, con mandatos de cuatro años y una sola reelección.
- Director ejecutivo: elegido mediante concurso de Alta Dirección Pública, con un período de cinco años renovable una vez.
- Inhabilidades: parlamentarios, alcaldes, concejales y ministros no podrían ser consejeros hasta un año después de dejar sus cargos.
- Registro de organizaciones: se exigirían al menos tres años de antigüedad, en lugar del año actual.
- Informe anual: con contenido mínimo obligatorio, incluyendo el cumplimiento de sus recomendaciones y la ejecución presupuestaria.
Un detalle no menor: los consejeros actuales cesarían en sus funciones una vez designado el nuevo Consejo, lo que debería ocurrir dentro de 60 días desde la publicación de la ley. Hoy, los integrantes pueden permanecer hasta 12 años continuos en el cargo, según detalló Radio Universidad de Chile.
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Las querellas del INDH: el punto que encendió la polémica
La discusión sobre las querellas no es nueva. En agosto, el ministro Rabat y el director del INDH, Yerko Ljubetic, protagonizaron un tenso cara a cara. Según recogió BioBioChile, el secretario de Estado sostuvo que de las 3.247 querellas criminales presentadas entre 2019 y 2020, apenas 68 habrían sido acogidas, lo que a su juicio evidenciaría un mal uso de la herramienta. Ljubetic replicó que, de más de seis mil querellas, el Instituto registra solo siete condenas en costas, y defendió que el organismo se rige por los Principios de París.
Ese período coincide con el estallido social de octubre de 2019, cuando el INDH se transformó en un actor central y, para sus críticos, en una institución con un sesgo evidente. Hoy, a siete años de aquellos hechos, la derecha considera que el Instituto actuó de manera selectiva, mientras la oposición acusa un intento de debilitar la fiscalización de eventuales violaciones a los derechos humanos.
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En la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, donde el subsecretario Pablo Mira presentó el anteproyecto el 8 de octubre, algunos diputados ya habían pedido revisar con cuidado la eliminación de la facultad querellante, especialmente en casos con múltiples victimarios o víctimas difíciles de identificar, según consignó el sitio de la Cámara de Diputadas y Diputados. La misma instancia aprobó en general en septiembre una moción parlamentaria (boletín 18331) que también apunta a reformar al organismo, por lo que ambas iniciativas tendrán que conversar.
Recorte de personal y ahorro fiscal
La reforma también tiene un componente presupuestario. De acuerdo con el informe financiero citado por BioBioChile, el proyecto proyecta una reducción del 50% de la dotación regional y una disminución del 70% de los abogados de la unidad de protección. El menor gasto se estima en unos $1.210 millones el primer año, $3.113 millones el segundo y cerca de $3.721 millones anuales una vez en régimen.
La cifra se enmarca en la política de austeridad que el Ejecutivo ha impulsado en distintas reparticiones, y que también se ha discutido en la tramitación del presupuesto para el próximo año.
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Un debate que recién comienza en el Congreso
El proyecto inicia ahora su tramitación en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo deberá reunir los votos necesarios en un escenario donde la oposición ya ha anunciado resistencia. Organizaciones de derechos humanos y parlamentarios como la senadora Fabiola Campillai han calificado este tipo de cambios como una señal de intolerancia frente a la agenda de derechos humanos, mientras que el Gobierno insiste en que la reforma busca un INDH más técnico, más transparente y alineado con estándares internacionales.
La discusión llega en un momento sensible para el Ejecutivo en materia de derechos humanos, con decisiones como los indultos a exuniformados y el indulto a Aliste Vega, que han mantenido el tema en el centro de la agenda. A ello se suma la negación de la reincorporación de Claudio Crespo a Carabineros, otro episodio que la oposición ha vinculado al balance del 18-O.
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Lo cierto es que el proyecto de reforma al INDH abre una pregunta de fondo que el Congreso deberá responder en los próximos meses: si el Instituto debe ser un observador que recomienda o un actor que litiga. La respuesta definirá cómo Chile vigila el respeto a los derechos humanos en las próximas décadas, en un país que todavía discute qué fue lo que realmente ocurrió en el estallido social y cuyo rechazo ciudadano ha crecido con los años.
Para conocer la posición oficial del organismo, puede revisarse el sitio del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
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