A siete años del 18 de octubre de 2019, el rechazo al estallido social sigue creciendo en Chile. Según la más reciente medición del Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo (UDD), un 64% de los encuestados considera que las consecuencias de aquel episodio fueron negativas para el país, siete puntos más que el 57% registrado en 2024. El dato difundido por BioBioChile, confirma una tendencia que distintas encuestas venían anticipando: la memoria colectiva del 18/O se ha vuelto cada vez más crítica.
Lo particular de este estudio es su diseño. La UDD siguió a un mismo grupo de 978 personas que respondieron distintas mediciones entre 2019 y 2026, lo que permite observar cómo cambió la opinión de los mismos ciudadanos con el paso del tiempo, y no solo comparar fotografías de muestras distintas.
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Rechazo al estallido social: de «necesario» a «innecesario»
Uno de los giros más llamativos de la encuesta tiene que ver con la necesidad del estallido. En 2024, un 46% lo consideraba necesario; en octubre de 2026, esa cifra cayó a 31%. En paralelo, quienes lo califican como innecesario pasaron de 36% a 52%, es decir, hoy son mayoría absoluta.
El cambio se explicaría, en buena medida, por el balance que los chilenos hacen de lo que vino después: dos procesos constitucionales fallidos, el deterioro de la seguridad y la sensación de que las demandas que motivaron las protestas no se resolvieron. A esto se suman las dudas que han ido surgiendo sobre el origen y la organización de los hechos de violencia de esos días.
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Curiosamente, el estudio también registra que un 49% ve las protestas del 18/O como una forma válida de manifestación, por sobre el 38% de 2024, aunque todavía lejos del 64% que lo pensaba en 2019. La lectura que se desprende es que una parte de la ciudadanía distingue entre la protesta en sí y sus consecuencias.
La violencia como forma de protesta, cada vez más deslegitimada
Donde el consenso es más amplio es en el rechazo a la violencia. Un 89% considera ilegítimo destruir bienes públicos como forma de protesta, frente al 73% que pensaba lo mismo en octubre de 2019. Además, un 80% rechaza la idea de que los cambios sociales se consigan mediante la violencia.
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El dato más contundente quizás sea otro: un 70% cree que el Gobierno no debe ceder ante manifestaciones violentas. En octubre de 2019, en plena efervescencia, apenas un 36% opinaba así. Se trata de un vuelco de 34 puntos que refleja un cambio profundo en la tolerancia ciudadana frente al desorden público.
La evolución es coherente con lo que mostraron estudios anteriores. A cinco años del 18/O, el mismo panel ya había detectado que la proporción que veía legítimo destruir bienes de uso público había caído de 27% a 10%, según reportó Ex-Ante. Y la encuesta Criteria de 2025 mostró que un 45% atribuía al estallido el aumento de la delincuencia, de acuerdo con T13.
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Carabineros y manifestantes: se invierte la balanza
La percepción sobre quién ejerció la violencia más grave también cambió. En 2019, un 62% consideraba más grave la violencia de Carabineros contra los manifestantes, mientras que un 38% apuntaba a los ataques de grupos organizados contra la policía. En 2026, la relación prácticamente se dio vuelta: un 51% considera más graves los ataques contra Carabineros y un 49% la actuación policial.
Este giro se da en un contexto marcado por casos judiciales emblemáticos, como el del excarabinero Claudio Crespo, absuelto por el caso de Gustavo Gatica. En enero, otra medición del mismo panel mostró que un 55% estaba de acuerdo con ese fallo, según CNN Chile.
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A ello se suman las denuncias del Consejo de Defensa del Estado sobre presuntos testigos falsos en causas vinculadas al 18/O, un tema que ha alimentado el debate sobre cómo se investigaron los hechos de esos meses.
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Indultos a uniformados: el punto donde la opinión se divide
No todo es un respaldo automático a las fuerzas de orden. Consultados por la posibilidad de que el presidente José Antonio Kast conceda indultos a uniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido, un 51% se mostró en desacuerdo, un 37% de acuerdo y un 12% no tiene una posición definida.
El resultado sugiere que, aunque la ciudadanía mira con mayor dureza la violencia callejera, eso no se traduciría en un cheque en blanco para borrar condenas por la vía del perdón presidencial. El debate sobre esta herramienta ya ha generado roces en el oficialismo y la oposición.
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Plaza Baquedano y el fin de la «Plaza de la Dignidad»
La encuesta también consultó por el nombre del principal punto de concentración de las protestas. Un 67% rechaza rebautizar la Plaza Baquedano como «Plaza de la Dignidad», frente al 58% que se oponía en 2022. El símbolo que la izquierda intentó instalar durante los meses de movilización pierde así cada vez más adhesión.
Medios como Radio Maray destacaron que el balance negativo se consolida justo en la antesala de un nuevo aniversario del 18/O, en un país que en estos siete años votó dos veces en contra de las propuestas constitucionales que nacieron de esa crisis.
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Una memoria que se reescribe
Los números del Panel Ciudadano-UDD dibujan un país que, con distancia, revisó su juicio sobre el 18/O. Lo que en 2019 fue para muchos un «despertar», hoy es visto por una mayoría como un episodio innecesario y con un saldo negativo. El creciente rechazo al estallido social convive, eso sí, con matices: la protesta pacífica sigue teniendo cierta legitimidad y los indultos a uniformados no convencen a la mayoría.
Mientras tanto, el debate político sobre aquel periodo sigue abierto, con propuestas como una comisión investigadora y nuevas revelaciones sobre el rol de actores externos.
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Para seguir el pulso de la opinión pública, también puedes revisar cómo ha evolucionado la aprobación de Kast según Cadem, el respaldo al Escudo de las Américas medido por la UDD y la discusión sobre la reincorporación de Claudio Crespo a Carabineros.
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