El Chile que está harto de los delincuentes: 67% respalda el Registro Nacional de Vándalos

La última CADEM revela que dos de cada tres chilenos apoyan que quienes cometan vandalismo o incivilidades sean registrados y pierdan acceso a beneficios del Estado. La izquierda se queda sola en la vereda del enfrente.

En su Cuenta Pública, el Presidente José Antonio Kast anunció la creación del Registro de Vándalos e Incivilidades: una base de datos de personas sancionadas por actos de vandalismo, cuya consecuencia más polémica sería la restricción temporal del acceso a beneficios del Estado. La medida encendió el debate político. La oposición la tildó de «inconstitucional», «revanchista» y propia de regímenes autoritarios.

El problema para ellos: los datos dicen otra cosa.

La encuesta CADEM del 7 de junio —con 1.090 casos representativos a nivel nacional— entrega un resultado que debería hacer reflexionar a más de un senador y diputado de oposición: el rechazo al vandalismo impune es un sentimiento profundamente mayoritario y transversal. No es ideología. Es hartazgo.

«No es solo la derecha. Es el Chile real que trabaja, paga sus impuestos y ve cómo le rompen la micro, le queman el metro y le rayan el negocio.»

El desglose: nadie se salva del consenso

El gráfico por segmentos muestra algo revelador: el apoyo al Registro supera el 60% en casi todos los grupos sociodemográficos. Hombres (68%) y mujeres (66%), todos los tramos etarios —con el pico en los mayores de 55 años con un 70%—, todos los niveles socioeconómicos y tanto en la Región Metropolitana como en regiones.

El único segmento donde el apoyo cae bajo el 50% es entre quienes votaron por Jara y quienes se identifican con la izquierda. Y hasta ahí: incluso entre los votantes de la izquierda, un tercio apoya la medida. La oposición política a este registro es, en términos estadísticos, una minoría.

¿Qué beneficios se pueden perder? Los chilenos también opinan

La segunda parte de la encuesta va más lejos: pregunta caso a caso qué beneficios deberían suspenderse para quienes sean sancionados. El resultado es igualmente contundente para casi todos los ítems.

La única restricción que genera rechazo mayoritario (60%) es quitarle la cédula de identidad a alguien. Y tiene sentido: la cédula no es un privilegio, es un documento básico de existencia legal. Pero en todo lo demás —bonos, gratuidad, subsidios de arriendo, becas, incluso la PGU— la ciudadanía dice que quien destruye lo que es de todos, no debería seguir recibiendo lo que es de todos.

Los números son LAPIDARIOS

La pregunta que no se hacen en el Congreso

La oposición ha salido a argumentar que el Registro es inconstitucional, que viola derechos fundamentales y que amenaza la democracia. Son argumentos que merecen debate jurídico serio. Pero hay una pregunta que no se están haciendo: ¿Por qué el 67% de los chilenos quiere esto?

Quizás porque llevan años viendo impunidad. Porque el que quemó la micro vuelve al día siguiente en la misma micro. Porque el que rayó el colegio también usa la sala de clases. Porque el sistema de beneficios sociales no distingue entre quien cumple y quien destruye.

«El apoyo al Registro no es un capricho autoritario. Es la respuesta democrática de una ciudadanía que ya no cree en la impunidad como política pública.»

El debate constitucional es legítimo y necesario. Pero ignorar el 67% no es defender derechos: es perder el contacto con la realidad que vive el Chile real.

Conclusión: Cuatro años mirando para el lado

El 67% que hoy respalda el Registro de Vándalos no surgió de la nada. Tiene historia, tiene nombre y tiene fecha. Se fue acumulando durante cuatro años en los que el gobierno de Gabriel Boric decidió, consciente y sistemáticamente, que el orden público era un problema secundario y que los que destruían lo hacían, en el fondo, por razones comprensibles.

Mientras el Chile que trabaja veía arder micros, rayarse hospitales y saquearse supermercados, La Moneda ensayaba explicaciones sociológicas. Mientras los dueños de locales en el centro contaban sus pérdidas, ministros salían a hablar de «violencia estructural del sistema». Mientras los vecinos de la periferia pedían más carabineros, el gobierno prometía más diálogo.

«Boric no creó a los vándalos. Pero sí les enseñó que el Estado no iba a hacer nada. Y esa lección costó carísimo.»

Lo más revelador de la encuesta CADEM no es el 67% global: es que el NSE Bajo apoya el Registro con un 68%. Esos son los mismos sectores que el progresismo dice defender. Los mismos que viven en las comunas donde el vandalismo destruye negocios que tardaron décadas en construirse, donde los rayados en los muros no son expresión artística sino marcación de territorio de pandillas, donde la micro quemada no es símbolo de rebeldía sino la única forma de llegar al trabajo.

La izquierda perdió a su propia base en este tema. Y la perdió porque confundió empatía con permisividad, cambio social con impunidad garantizada, y derechos con ausencia de consecuencias.

«El orden no es represión. La impunidad sí es violencia.»

El Registro de Vándalos puede tener problemas jurídicos que resolver. El Tribunal Constitucional dirá lo que tenga que decir. Pero ninguna sentencia puede borrar lo que esta encuesta dice con números duros: Chile ya tomó partido. No por la derecha ni por la izquierda. Por el orden básico que todo ciudadano merece, independiente de su ideología.

Los mismos que hoy gritan inconstitucionalidad son los que durante cuatro años gobernaron con la convicción de que sancionar el vandalismo era criminalizar la protesta. Los resultados de esa política están a la vista: en las estadísticas de delitos, en los vidrios rotos sin reponer, y en el 67% de una ciudadanía que decidió que ya fue suficiente.

La factura llegó. Y la están pagando ellos.

Fuente: CADEM Plaza Pública N°661 · Junio S1-M2 · 2026 · n=1.090 casos · Margen de error ±3pp. El 100% de cada segmento se completa con la alternativa «No responde».