El Registro de Vándalos e Incivilidades llegó para terminar con una anomalía que duró demasiado. Por años, destruir un paradero, quemar un bus, rayar un monumento o instalar una barricada tuvo un costo casi nulo en Chile. Una multa ridícula, en el mejor caso. Nada que disuadiera a nadie. El Estado pagaba la reparación, el ciudadano de a pie soportaba el deterioro de su barrio, y el vándalo se iba tranquilo a su casa. Esa era la normalidad que heredamos del gobierno anterior.
Esto está a punto de cambiar.
El presidente José Antonio Kast anunció en Villa Alemana el proyecto de ley que crea el «Rol Único de Vándalos», un registro nacional para sancionar a quienes cometan incivilidades y delitos contra el espacio público. Y fue el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien puso carne en el hueso con los detalles que más duelen donde tienen que doler. El Periscopio
Quienes sean condenados e ingresen al Registro de Vándalos e Incivilidades quedarán impedidos de obtener licencia de conducir, pasaporte, y también de transferir vehículos y propiedades. El mecanismo no es nuevo ni improvisado: sigue el mismo modelo del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, un instrumento que ya demostró ser efectivo para hacer que las obligaciones tengan consecuencias reales. Ex-Ante
Además, quienes ingresen al registro podrían perder o quedar impedidos de acceder a beneficios sociales como la gratuidad universitaria o la Pensión Garantizada Universal. RT en Chile
Y ojo: el proyecto también contempla sanciones para conductas consideradas «incivilidades» aunque no constituyan delitos, como daños a equipamiento comunitario, consumo de drogas en espacios públicos o venta ilegal de alcohol. La Tercera
¿Es proporcional? Sí. ¿Es permanente? No.
A quienes ya levantan el dedo acusador gritando «vulneración de derechos», Pavez les responde con datos. En el caso de delitos vandálicos, la permanencia en el registro sería de cinco años. Una vez cumplido ese plazo, la persona recupera los beneficios suspendidos. Para las incivilidades, el plazo inicial es de un año, con aumentos en caso de reincidencia, hasta llegar a tres años. «No es que uno pierda el derecho para siempre. Es mientras esté en el registro», aclaró el propio subsecretario. CNN Chile
La lógica es impecable: si quieres los beneficios del Estado, respeta lo que el Estado —y todos nosotros— construyó.
Lo que este proyecto dice en voz alta
Hay una idea que el Chile progresista se negó a pronunciar durante años: que los derechos sociales no pueden ser incondicionales para quienes sistemáticamente destruyen la convivencia. Que el que raya el colegio de sus vecinos, quema el paradero del adulto mayor o instala una barricada en una arteria vital no puede seguir recibiendo gratuidad con los impuestos de los mismos a quienes daña.
Como lo dijo el propio el presidente Kast en su Cuenta Pública: «No basta con combatir el crimen organizado y la delincuencia, sino también proteger a nuestros vecinos de aquellas conductas que van horadando nuestros barrios, que dañan nuestro patrimonio histórico y cultural, que alteran la tranquilidad de las familias y deterioran la infraestructura pública.» Gob.cl
Eso no es venganza. Es consecuencia. Y en el Chile de Boric y el Frente Amplio que hemos tenido que aguantar, un poco de consecuencia era exactamente lo que faltaba.
¿Qué viene ahora?
El Registro de Vándalos e Incivilidades ya fue firmado por el Presidente y será ingresado al Congreso para su tramitación legislativa. La discusión parlamentaria será el próximo campo de batalla: la izquierda intentará diluirlo, agregar excepciones y rebajar las sanciones hasta dejarlo sin dientes. La ciudadanía que ha visto destruir su barrio tiene razones sobradas para exigir que eso no ocurra. Este proyecto no es ideología: es el mínimo de civilidad que cualquier sociedad funcional debería garantizar.
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