Gobierno de Kast expulsará a 6 extranjeros detenidos durante aniversario del estallido social

El Gobierno de José Antonio Kast decidió actuar con rapidez tras la jornada de disturbios del domingo 18 de octubre. El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) anunció que iniciará los trámites para expulsar del país a seis extranjeros detenidos el 18-O, durante la conmemoración del séptimo aniversario del estallido social en Santiago. Se trata de tres ciudadanos peruanos, dos haitianos y un venezolano, según informó el propio organismo este lunes.

La medida, encabezada por el director nacional del Sermig, Frank Sauerbaum, contempla anular las residencias definitivas de cinco de ellos para luego proceder a su expulsión. El sexto caso, el del ciudadano venezolano, sería distinto: según los antecedentes difundidos por Canal 9, habría ingresado a Chile por un paso no habilitado, por lo que también podría enfrentar una orden de expulsión.

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Quiénes son los extranjeros detenidos el 18-O que el Gobierno busca expulsar

De acuerdo con la información entregada por Migraciones, los seis aprehendidos durante los desórdenes del domingo tendrían perfiles y situaciones judiciales distintas. Entre los tres ciudadanos peruanos, dos registrarían detenciones previas en flagrancia, en 2022 y 2024, sin que en esas ocasiones se hubiera dictado una orden de expulsión. El tercero habría sido detenido esta vez por desacato a la autoridad.

En el caso de los dos ciudadanos haitianos, uno habría sido detenido por porte de arma cortante o punzante y el otro tendría una orden de detención pendiente. Uno de ellos, además, habría solicitado la nacionalidad chilena, trámite que le fue rechazado. El ciudadano venezolano, por su parte, habría sido arrestado por una infracción a la Ley 20.000 de drogas.

Es importante subrayar que el anuncio del Sermig no significa que los seis ya hayan salido del país. La revocación de las residencias y las eventuales expulsiones aún deben tramitarse por la vía administrativa, un proceso que puede ser impugnado ante los tribunales.

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«Mano dura»: el mensaje de Sauerbaum y Kast

El director de Migraciones fue tajante al justificar la decisión. Citando al Presidente, Sauerbaum sostuvo que no se permitirá que extranjeros alteren el orden público y que quienes lo hagan serán expulsados de forma rápida. También anunció que el servicio aplicará mano dura contra todos quienes participen en desórdenes, la misma línea que ya se utilizó con los detenidos en las marchas de marzo.

Ese criterio no es nuevo. Durante 2026, el Ejecutivo ha hecho de la política migratoria uno de sus ejes centrales, con vuelos de expulsión periódicos y un discurso que vincula directamente el control fronterizo con la seguridad pública. La herramienta legal para este tipo de decisiones es la Ley 21.325 de Migración y Extranjería, que permite revocar permisos de residencia y ordenar expulsiones administrativas en determinadas circunstancias.

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En su noveno consejo de gabinete, el Mandatario además condenó los disturbios y anunció un seguimiento permanente a quienes aprovechan las manifestaciones para destruir espacios públicos. Según La Tercera, Kast también criticó a ciertos liderazgos políticos por no solicitar las autorizaciones correspondientes para las marchas, lo que dificultaría identificar a los responsables de los hechos de violencia.

El balance de la jornada del séptimo aniversario del estallido

La marcha del domingo reunió a unas 2.800 personas que avanzaron por la Alameda hacia el poniente. De acuerdo con Cooperativa, el general inspector Manuel Cifuentes, jefe de la Zona Metropolitana de Carabineros, informó durante la tarde al menos 29 detenidos por distintos delitos, entre ellos porte y lanzamiento de un artefacto incendiario contra policías y robo con violencia a locales comerciales.

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El balance policial posterior, recogido por El Mostrador, sumó además seis carabineros lesionados y ataques a buses del transporte público. El propio Presidente, en tanto, habló de una cifra cercana a los 110 detenidos durante la jornada, aunque lo planteó como un número aproximado.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, fue la única autoridad que se refirió al aniversario el mismo domingo. En declaraciones recogidas por Infobae, sostuvo que la sociedad ya habría comprendido que validar la violencia trae consecuencias de inestabilidad para el país.

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Un patrón que el Gobierno quiere convertir en regla

La decisión sobre los seis detenidos se suma a otras iniciativas del Ejecutivo en la misma dirección. Este mismo lunes trascendió que el Gobierno prepara una propuesta para que ciertas penas de cárcel impuestas a extranjeros condenados puedan sustituirse por su expulsión, como parte de una agenda penitenciaria que incluye una cárcel modular. Por ahora, se trata de iniciativas en preparación y no de medidas vigentes.

El tema migratorio, además, conecta con otros frentes abiertos del oficialismo, desde el Plan Escudo Fronterizo hasta el control en Colchane impulsado por Sauerbaum y la ley antibarricadas 2.0 de Arrau. A ello se suma un respaldo ciudadano relevante: según Cadem, 8 de cada 10 chilenos respaldan un mayor control migratorio.

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Con todo, el caso de los seis extranjeros detenidos el 18-O pondrá a prueba la capacidad real del Estado para concretar expulsiones en plazos breves. Experiencias anteriores, como la crisis en el Servicio Nacional de Migraciones, muestran que entre el anuncio y la salida efectiva del país suele haber un largo camino administrativo y judicial. Más información oficial sobre estos procesos está disponible en el sitio del Servicio Nacional de Migraciones.

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