El Gobierno del Presidente José Antonio Kast estaría a punto de dar un giro de timón en su agenda de seguridad. Según informaron senadores oficialistas y de oposición, La Moneda se abrió al retiro de la reforma constitucional de seguridad que ingresó en agosto, la iniciativa que creaba un nuevo estado de excepción y que no logró reunir los votos necesarios en el Senado. En su reemplazo se presentaría un texto alternativo, trabajado por los senadores Arturo Squella (Republicanos) y Andrés Longton (RN), que buscaría un respaldo transversal.
El anuncio, sin embargo, llegó con matices. De acuerdo con BioBioChile, el biministro del Interior y vocero, Claudio Alvarado, evitó confirmar el retiro y señaló que el Ejecutivo esperaría conocer la propuesta de la Comisión de Constitución antes de definir, aunque reconoció que la opción está sobre la mesa y que la voluntad del Gobierno es buscar acuerdos con mayor base de apoyo.
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Qué contemplaba la reforma original del Gobierno
La propuesta fue presentada por Kast el 10 de agosto como una de las piezas centrales de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). Entre sus contenidos, según recogió Publimetro, figuraban consagrar la seguridad pública como deber del Estado, crear un registro de organizaciones criminales, establecer regímenes penitenciarios diferenciados y facilitar la incautación de bienes ligados al crimen organizado.
El punto más resistido fue el nuevo Estado de Excepción de Seguridad Pública, que el Presidente podría decretar por 120 días y renovar por otros 120 sin autorización previa del Congreso. Esa facultad generó reparos tanto en la oposición como en sectores del propio oficialismo, en un debate que ya habíamos revisado al explicar cómo funcionan los estados de excepción constitucional en Chile.
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Al tratarse de una reforma constitucional, el proyecto requería el voto favorable de cuatro séptimos de los parlamentarios en ejercicio, un umbral que el Ejecutivo no logró asegurar pese a los intentos de flexibilizar el texto. Ya en agosto el ministro de Seguridad, Martín Arrau, había mostrado disposición a ceder ante los críticos de la reforma.
Retiro de la reforma constitucional de seguridad: la fórmula Squella-Longton
El texto que tomaría el relevo es fruto de más de un mes de trabajo de los equipos jurídicos de Squella y Longton. Según The Clinic, el borrador estaría siendo revisado por los ministros Martín Arrau (Seguridad) y Fernando Rabat (Justicia) antes de su ingreso.
La principal diferencia sería de fondo: en lugar de crear un nuevo estado de excepción, la propuesta modificaría el estado constitucional de emergencia vigente e incorporaría nuevas hipótesis para enfrentar el crimen organizado. De acuerdo con BioBioChile, el nuevo texto incluiría el concepto de «amenaza grave» como causal, además de normas sobre bandas criminales y regímenes penitenciarios. El Dínamo, por su parte, reportó que ambos senadores habrían acordado siete materias críticas para viabilizar la iniciativa.
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Squella sostuvo, en declaraciones recogidas por CNN Chile, que el Gobierno no tendría problema en bajar su propuesta para que ingrese una nueva, la que se tramitaría en paralelo con la reforma penitenciaria presentada por la senadora socialista Paulina Vodanovic. El presidente republicano, además, vinculó el cambio de ánimo en el Congreso a la muerte del carabinero Christopher Aguilera, que a su juicio habría marcado un punto de inflexión.
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El Senado pone condiciones y la oposición mantiene sus críticas
El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya (PPD), valoró la disposición del Ejecutivo, pero aclaró que el retiro quedaría condicionado a la existencia de un texto alternativo que aborde la seguridad pública de manera completa, según consignó Cooperativa. Araya estimó que el nuevo proyecto podría ingresar durante esta misma semana, aunque el calendario dependerá del nivel de acuerdo entre las partes.
No todos celebran la fórmula. Vodanovic, presidenta del PS, calificó la reforma como un «espanto jurídico» y afirmó que el problema no pasa por crear más estados de excepción, sino por voluntad política, según reportó El Dínamo. La senadora también ha insistido en que el Gobierno ya cuenta con herramientas constitucionales para decretar estados de excepción y que lo que espera es urgencia para su proyecto sobre regímenes penitenciarios diferenciados.
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¿Derrota o repliegue táctico para La Moneda?
Desde el Ejecutivo rechazan la lectura de un fracaso. El ministro Arrau habría planteado que el objetivo es «aunar voluntades» y descartó que el eventual retiro constituya un fracaso, de acuerdo con Radio Universidad de Chile. Squella, en la misma línea, sostuvo que sería mezquino medir éxitos o fracasos en función de quién se lleva el crédito por un proyecto.
Con todo, el traspié se produce justo cuando el oficialismo intenta reinstalar la seguridad como eje de su gestión, luego de otros reveses como el que analizamos en la nota sobre cómo el PNL de Kaiser golpeó la agenda ACOT. La discusión, además, ha estado bajo la lupa de la opinión pública, como mostró la encuesta Cadem sobre la reforma constitucional de seguridad.
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Qué viene ahora
El escenario inmediato depende de tres variables: que los ministros Arrau y Rabat den el visto bueno al borrador, que otros senadores suscriban el texto y que el Ejecutivo formalice el retiro de su propuesta original. Mientras eso no ocurra, la reforma de agosto seguiría técnicamente en tramitación. Para entender cómo se mueve una iniciativa de este tipo entre ambas cámaras, puedes revisar nuestra guía sobre la Cámara de Diputados y el Senado de Chile.
Si el acuerdo prospera, la seguridad pública tendría por primera vez en meses un texto constitucional con respaldo de oficialismo y parte de la oposición. Si fracasa, el Gobierno quedaría sin una de las herramientas que consideraba centrales para su ofensiva legislativa contra el crimen organizado, en un momento en que la presión ciudadana por resultados sigue en alza.
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