Encuesta Criteria revela amplio respaldo a la reforma constitucional de seguridad del gobierno de Kast

Una nueva encuesta Criteria estado de excepción confirma que la propuesta estrella de la reforma constitucional de seguridad impulsada por el gobierno de José Antonio Kast tiene un respaldo mayoritario, aunque profundamente polarizado. Según el estudio Agenda Criteria de agosto de 2026, un 55% de los chilenos está muy de acuerdo o de acuerdo con crear un nuevo estado de excepción constitucional que permita a este u otro gobierno adoptar medidas extraordinarias, por hasta 240 días, frente a amenazas graves contra la seguridad pública.

El resultado se conoce en medio de una intensa disputa legislativa y ciudadana sobre los alcances de la megarreforma de seguridad que el Ejecutivo tramita en el Congreso, y que ha generado cuestionamientos transversales por la amplitud de las facultades presidenciales contempladas en los borradores conocidos hasta ahora.

Encuesta Criteria estado de excepción: así se divide el país por sector político

El detalle por identificación política del sondeo, publicado en la página 14 del informe Agenda Criteria, muestra una brecha marcada. Entre quienes se identifican con la derecha, el respaldo llega al 81%, mientras que un 6% se declara en desacuerdo. En el centro político el apoyo también es mayoritario, con un 56% a favor y un 38% en contra. Entre los encuestados no identificados con ningún bloque, el acuerdo alcanza un 53%.

La izquierda es la única categoría donde la balanza se invierte de forma contundente: solo un 11% respalda la creación de este nuevo estado de excepción constitucional, frente a un 79% que se manifiesta en desacuerdo. Es la cifra más alta de rechazo de todo el sondeo y confirma que el debate sobre ampliar las facultades presidenciales en materia de seguridad se ha convertido en una de las líneas divisorias más claras del actual ciclo político.

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Una lectura distinta a la que arrojó Cadem sobre el mismo tema

El resultado de Criteria contrasta con lo revelado días antes por la encuesta Plaza Pública de Cadem, que consultó específicamente si el Presidente debería poder decretar el nuevo estado de excepción sin la autorización previa del Congreso. En ese caso, un 58% se mostró en desacuerdo con esa fórmula, y el respaldo subía recién al 52% cuando se incorporaba la aprobación parlamentaria como contrapeso. La diferencia entre ambos sondeos sugiere que la ciudadanía respalda el fondo de la medida —enfrentar con más herramientas al crimen organizado— pero mantiene reparos sobre la concentración de atribuciones en el Ejecutivo sin control democrático.

Esa distinción también aparece reflejada en otras mediciones recientes sobre la agenda de seguridad de Kast, donde las medidas más específicas y acotadas —como el despliegue policial permanente en barrios críticos o el régimen penitenciario especial para narcotraficantes— concitan niveles de apoyo más altos y homogéneos que la figura general del estado de excepción, que al tocar directamente el equilibrio de poderes despierta mayor resistencia, sobre todo en la oposición.

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El contexto: Cancerbero, la aprobación de Kast y la presión legislativa

La encuesta se conoce apenas días después de que trascendieran los detalles de la Operación Cancerbero, que implicó el traslado de cientos de internos de alta peligrosidad hacia la cárcel de máxima seguridad de Talca, y en medio de una evaluación ciudadana que sigue siendo exigente con el Ejecutivo en materia de resultados. Según BioBioChile, la última medición de Cadem ubicó la aprobación del presidente Kast en 39%, con una desaprobación de 56%, un escenario donde la seguridad se mantiene como la principal prioridad ciudadana pese a las dudas sobre la implementación de las políticas anunciadas.

En el Congreso, la discusión de la megarreforma ACOT avanza con resistencias tanto en la oposición como en sectores del propio oficialismo, que han pedido acotar las facultades presidenciales e incorporar salvaguardas de control parlamentario antes de aprobar el nuevo mecanismo. Ese es, precisamente, el nudo que separa el respaldo amplio de la ciudadanía a la idea general de un estado de excepción de seguridad pública, de la desconfianza que genera entregarle esa herramienta a un solo poder del Estado sin contrapesos.

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Con estos números sobre la mesa, la encuesta Criteria estado de excepción vuelve a instalar la pregunta de fondo que enfrenta el gobierno de Kast: existe una mayoría ciudadana dispuesta a ceder libertades a cambio de más seguridad, pero esa mayoría se estrecha —y en la izquierda se revierte por completo— apenas la conversación pasa del diagnóstico compartido sobre el crimen organizado al diseño institucional de cómo y quién ejerce esas nuevas facultades. La discusión legislativa de las próximas semanas, marcada por la alta aprobación ciudadana al Plan Cancerbero, será clave para determinar si el gobierno logra traducir ese respaldo transversal a las medidas puntuales en apoyo político efectivo para la reforma constitucional completa.