Pilar Giannini: “Tenemos que poner la seguridad al mismo nivel que el derecho a la libertad”

La subsecretaria de Seguridad Pública, Pilar Giannini, salió a respaldar públicamente la reforma constitucional en seguridad impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast. Según declaraciones reportadas por Canal 24 Horas, la autoridad sostuvo que «tenemos que poner la seguridad al mismo nivel que el derecho a la libertad», en medio de las críticas que ha generado la iniciativa tanto en la oposición como en sectores del propio oficialismo. El planteamiento de Pilar Giannini seguridad y libertad busca responder directamente a quienes acusan al Ejecutivo de avanzar hacia una «democracia iliberal» con el proyecto, e instala una discusión que promete extenderse durante toda la tramitación legislativa en el Senado.

El proyecto, ingresado al Senado como parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), contempla ocho modificaciones a la Constitución: entre ellas, consagrar la seguridad pública como deber del Estado, crear un registro de organizaciones criminales y terroristas, y establecer un nuevo estado de excepción constitucional que podría extenderse hasta 240 días. Estas disposiciones han sido el centro del debate público durante las últimas semanas.

LEER TAMBIÉN: Reforma constitucional en seguridad: los alcances fiscales del proyecto

De acuerdo a lo consignado por el canal estatal, Giannini abordó en la entrevista las críticas que ha recibido la reforma, incluyendo las que provienen desde parlamentarios oficialistas como el senador Andrés Longton (RN) o el timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, quienes han manifestado reparos sobre la necesidad de modificar la Carta Fundamental. La subsecretaria enmarcó su defensa en la idea de que la seguridad y la libertad no son valores contrapuestos, sino complementarios, en línea con lo que ha planteado el ministro Martín Arrau en diversas entrevistas, entre ellas una con La Tercera, donde restó dramatismo a las críticas que apuntan a un supuesto retroceso institucional.

Desde la oposición, en tanto, la lectura ha sido distinta. Senadores como Juan Luis Castro (PS) han calificado el ingreso de la reforma como «el peor debut» posible para una agenda de seguridad, mientras que voces del Frente Amplio han cuestionado el real impacto de las medidas propuestas. La discusión sobre dónde trazar el límite entre las atribuciones del Estado y las garantías individuales continúa marcando la agenda legislativa de agosto.

LEER TAMBIÉN: Qué son los estados de excepción constitucional en Chile

Pilar Giannini seguridad y libertad: el trasfondo de la reforma constitucional

El respaldo de Pilar Giannini a la idea de equilibrar seguridad y libertad se da en un contexto donde el propio oficialismo ha debido ceder terreno. El borrador original de la reforma consideraba restricciones más amplias a prestaciones sociales para condenados por crimen organizado, narcotráfico y terrorismo, incluyendo salud, educación y trabajo. Tras las críticas, el Gobierno optó por dejar esas restricciones para una ley especial, reduciendo el proyecto de once a siete puntos centrales.

Entre los elementos que se mantienen figura la creación de un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, que según el ministro Arrau está pensado para «intervenciones profundas y temporales» en zonas con fuerte presencia de crimen organizado o terrorismo. La subsecretaria Giannini ha insistido en que este tipo de herramientas no buscan debilitar las garantías constitucionales, sino dotar al Estado de capacidad real de respuesta frente a organizaciones que, a su juicio, ya operan vulnerando los derechos de la ciudadanía.

LEER TAMBIÉN: Megarreforma de seguridad: los ejes centrales de la agenda ACOT de Kast

La discusión legislativa continuará en las próximas semanas en las comisiones de Constitución, Defensa y Seguridad del Senado, donde se espera que las bancadas oficialistas intenten cerrar filas en torno a un texto que, según el Gobierno, no representa una amenaza a las libertades individuales sino una actualización necesaria frente a las nuevas amenazas del crimen organizado. El posicionamiento de Pilar Giannini seguridad y libertad, en ese sentido, se perfila como uno de los argumentos centrales que el Ejecutivo utilizará para intentar destrabar los votos que aún faltan para alcanzar los 4/7 requeridos en ambas cámaras.

El perfil técnico de Giannini ha sido destacado incluso por figuras de la oposición. El exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, valoró públicamente su nombramiento señalando que se trata de «una persona que conoce el sector» y que además «conoce bastante la evidencia empírica» para el diseño de políticas públicas. Este respaldo transversal ha sido leído por parte de la prensa como un activo político para el Gobierno a la hora de defender medidas que, de otro modo, podrían quedar reducidas a una disputa puramente ideológica entre bloques.

La subsecretaria también ha debido salir al paso de críticas más recientes, como las formuladas por la exvocera de Gobierno Camila Vallejo, quien calificó la promesa de seguridad del oficialismo como «una gran estafa». En esa oportunidad, Giannini respondió que resulta «poco serio dar una declaración sin contrastar con números concretos», insistiendo en que la evidencia disponible muestra una baja sostenida en delitos como homicidios y secuestros durante la actual administración. Este tipo de intercambios ha marcado el tono del debate político en torno a la gestión de seguridad del Gobierno de Kast durante las últimas semanas.

Para la subsecretaria, la clave del debate no está en elegir entre seguridad o libertad, sino en entender que ambos derechos se sostienen mutuamente: sin condiciones mínimas de seguridad, plantea, las libertades individuales terminan siendo solo un enunciado formal para buena parte de la población que vive expuesta a la violencia del crimen organizado. Ese argumento, que Giannini ha repetido en distintos formatos, es también el que ha usado el ministro Arrau para pedir «calma» frente a los cuestionamientos que han surgido incluso dentro de la propia coalición de gobierno.