Reforma del gobierno introduce 10 modificaciones a la Constitución y habilita la “colaboración” entre FFAA y Policías

El gobierno del Presidente José Antonio Kast ingresó una reforma constitucional que introduce diez modificaciones a la Carta Fundamental y que, entre sus puntos centrales, habilita expresamente la colaboración FFAA y Carabineros en tareas de seguridad pública. El proyecto, suscrito además por los ministros del Interior, Claudio Alvarado; de Justicia, Fernando Barros; y de Seguridad, Martín Arrau, busca fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública y crear un nuevo Estado de Excepción Constitucional ante la grave alteración del orden público originada por el crimen organizado.

Diez modificaciones a la Constitución: los ejes de la reforma

De acuerdo al texto de 15 carillas al que tuvo acceso Diario Financiero, la iniciativa propone diez modificaciones a la Constitución, «cada una con un fundamento específico y un efecto jurídico preciso». El artículo 1° consagra la seguridad pública como deber explícito del Estado, mientras que un nuevo artículo 9 bis -descrito como «la pieza central de la reforma»- habilita al legislador para establecer inhabilidades a beneficios estatales, restricciones a la libertad condicional y penas especiales para quienes cometan delitos en el marco de organizaciones criminales.

La propuesta también crea la categoría constitucional del régimen penitenciario diferenciado para crimen organizado, terrorismo y narcotráfico de alta escala, e incorpora modificaciones al artículo 19 N° 2 y N° 26 orientadas a blindar jurídicamente las futuras leyes de seguridad ante eventuales cuestionamientos del Tribunal Constitucional.

El nuevo Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública

El corazón normativo de la reforma está en la modificación del artículo 39 y la incorporación de un artículo 42 bis, que crean el Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública, distinto del actual Estado de Emergencia. Esta nueva figura contempla una causal específica -la grave alteración de la seguridad pública originada por organizaciones criminales- y facultades operativas que incluyen expresamente la colaboración FFAA y Carabineros con las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

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La modificación del artículo 43 entrega al Presidente de la República las facultades específicas bajo este nuevo estado de excepción, delegando el detalle operativo a una Ley Orgánica Constitucional, lo que -según el propio texto- «preserva la flexibilidad legislativa para adaptar el instrumento sin necesidad de reforma constitucional». Por su parte, el artículo 101 sufre dos ajustes: extiende la misión de las Fuerzas Armadas a la protección de la ciudadanía en situaciones calificadas por ley, y habilita de forma expresa su colaboración con las policías, aunque manteniendo la primacía de Carabineros y la PDI en el ejercicio cotidiano del orden público.

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Críticas desde el propio oficialismo

Aunque el proyecto aún no ingresa formalmente al Senado, ya circula entre parlamentarios de las comisiones de Constitución y Seguridad, generando reparos incluso dentro del sector afín al gobierno. El diputado del Partido Libertario, Pier Karlezi, cuestionó duramente la iniciativa al señalar que «confunde conceptos» y que las responsabilidades de mando quedan diluidas en el texto. El legislador también advirtió que no respaldará una tramitación apresurada del proyecto y llamó al Ejecutivo a un trabajo más riguroso antes de buscar los votos necesarios para su aprobación.

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Una reforma dentro de la ofensiva de seguridad del gobierno de Kast

La iniciativa se enmarca en la agenda de seguridad que el gobierno de Kast ha impulsado desde el inicio de su mandato, la que ha combinado despliegues policiales en barrios críticos, nuevas figuras penales para el crimen organizado y un endurecimiento del régimen penitenciario. El Ministerio de Seguridad, liderado por Martín Arrau, ha situado esta reforma constitucional como uno de los pilares de su estrategia contra el narcotráfico y el terrorismo.

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El texto se suma a otras iniciativas ya en régimen o en tramitación dentro del mismo eje de seguridad, y su avance en el Senado será clave para determinar si el Ejecutivo logra reunir los quórums necesarios para una reforma de rango constitucional. Según Diario Financiero, el ingreso del proyecto al Senado se esperaba para la misma jornada en que trascendió el contenido del texto.

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El Senado ya fue escenario de la presentación formal de esta agenda constitucional, donde el ministro Arrau detalló los tres pilares de la propuesta ante distintos sectores políticos, según informó el Senado de Chile. El debate legislativo que se abre ahora determinará si la colaboración FFAA y Carabineros se consolida como una herramienta permanente del Estado frente al crimen organizado, o si sufre ajustes relevantes durante su tramitación.

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