Reforma de seguridad plantea quitarle beneficios sociales a delincuentes

El Ministerio de Seguridad sigue afinando los últimos detalles de la reforma constitucional que el Gobierno presentará la próxima semana ante el Congreso. El objetivo del proyecto es elevar a rango constitucional el deber del Estado de resguardar la seguridad pública, pero uno de sus puntos más polémicos ya generó ruido dentro del propio oficialismo: la norma que busca quitar beneficios sociales a delincuentes condenados por delitos graves.

Según reveló en exclusiva El Dínamo, el ministro Martín Arrau socializó el borrador del texto con los parlamentarios oficialistas que integran las comisiones de Seguridad de la Cámara y el Senado. La primera lectura, sin embargo, dejó un sabor amargo entre los equipos jurídicos de esas bancadas, que advirtieron errores de redacción y discrepancias de fondo en el contenido del documento.

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Quitar beneficios sociales a delincuentes: el corazón de la polémica

El punto que más inquietó a las bancadas oficialistas es el inciso tercero del nuevo artículo 9° bis. La norma establece que quienes sean condenados por delitos de crimen organizado, terrorismo o narcotráfico quedarán inhabilitados —durante el cumplimiento de la pena y por 15 años después de cumplida esta— para acceder a cualquier prestación financiada con recursos estatales vinculada a los derechos de salud, educación, trabajo y seguridad social, es decir, los numerales 9°, 10°, 16° y 18° del artículo 19 de la Constitución.

El borrador agrega, además, que quienes ya reciban alguna de esas prestaciones al momento de la condena «las perderán de pleno derecho». La misma inhabilitación de 15 años se extendería a las medidas alternativas a la privación de libertad, a la libertad condicional y a los demás beneficios penitenciarios.

En el oficialismo consideran que la fórmula, tal como está redactada, no distingue la gravedad del delito ni el tipo de prestación afectada, lo que podría tensionar los estándares de proporcionalidad exigibles a toda restricción de derechos fundamentales.

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Una nueva atribución presidencial sin control judicial previo

El segundo reparo más sensible del borrador apunta a una nueva facultad especial para el Presidente de la República: la de declarar que una organización tiene el carácter de «criminal transnacional». Esta calificación no pasaría por ningún tribunal, sino que solo requeriría la aprobación —o el silencio— del Senado dentro de un plazo de cinco días.

El proyecto sí exige que la responsabilidad penal de cada integrante se acredite caso a caso ante un juez, conforme a las reglas generales del proceso penal. Pero la declaración misma, que activa el registro de organizaciones y sus efectos, quedaría en manos exclusivas del Ejecutivo, algo que a juicio de varios parlamentarios oficialistas merece una precisión adicional antes de avanzar.

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A esto se suma un nuevo artículo 43, que incorporaría en sede constitucional un catálogo amplio de facultades de prohibición: salida del país hasta por 60 días, retención de depósitos bancarios, bloqueo de acciones y bonos, y otras medidas cautelares sobre bienes de origen ilícito. En el oficialismo señalan que buena parte de ese contenido corresponde más bien al detalle propio del Código Procesal Penal que al texto constitucional, y que bastaría con que la Carta Fundamental entregara la habilitación general, dejando el desarrollo operativo a la ley.

Errores de técnica legislativa y el riesgo ante el Tribunal Constitucional

Los asesores jurídicos oficialistas plantearon además un reparo de técnica legislativa: que una misma disposición reúna la declaración general del deber estatal, el régimen penitenciario diferenciado y las inhabilidades a beneficios sociales dificulta una lectura ordenada del precepto y complejiza su futura interpretación por los tribunales.

Algo similar ocurre con la cláusula que protege los derechos fundamentales de ser afectados en su esencia por la ley: fijar de antemano, en el propio texto constitucional, que las nuevas medidas no vulneran ese contenido esencial podría jugar en contra del proyecto una vez que llegue al Tribunal Constitucional, en lugar de blindarlo como se pretende.

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Pese a las tensiones internas, el presidente José Antonio Kast ya firmó el proyecto en un acto realizado el lunes en La Moneda. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota el texto todavía no ingresaba formalmente a la Secretaría del Senado, lo que deja una ventana abierta para que el Ministerio de Seguridad ajuste los puntos observados por sus propias bancadas antes de iniciar la tramitación.

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La reforma se enmarca en la batería de cerca de 35 proyectos de ley que conforman la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), impulsada por Arrau desde el Ministerio de Seguridad. Mientras el borrador termina de pulirse, la discusión de fondo seguirá siendo la misma: hasta dónde puede llegar una reforma constitucional para dar sustento a la agenda de seguridad sin comprometer su solidez jurídica ante el Tribunal Constitucional.

Fuente: El Dínamo.