Bienes incautados a delincuentes irán a policías y víctimas

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast avanza en la creación de una agencia especializada en la administración y liquidación de bienes incautados a delincuentes, una iniciativa que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, describió como un «golpe al mentón» del crimen organizado. La medida busca agilizar un proceso judicial calificado como «muy engorroso» y destinar los recursos recuperados al fortalecimiento de las policías y a un fondo de reparación para las víctimas.

Una nueva agencia para administrar los bienes incautados a delincuentes

En entrevista con El Mercurio, Rabat explicó que la propuesta responde a un requerimiento directo del Presidente Kast en el marco de la agenda de seguridad que el Ejecutivo ha desplegado desde el 11 de marzo y que, según anunció, se sistematizará «con sentido de urgencia» a partir de agosto. El anuncio se presentará este lunes en el Congreso junto a otras iniciativas de la misma agenda, entre ellas un nuevo régimen carcelario de máxima seguridad.

El secretario de Estado calificó la iniciativa como «una vieja añoranza del sistema penal»: contar con un organismo permanente encargado de los bienes que hoy quedan en un limbo administrativo tras ser incautados en el marco de causas judiciales. Según detalló, la nueva agencia tendrá competencia sobre los bienes provenientes no solo del crimen organizado, sino de cualquier delito, y actuará en coordinación con los ministerios de Justicia y de Seguridad, con integrantes seleccionados por Alta Dirección Pública.

Cómo operará el proceso de enajenación de bienes incautados

De acuerdo con Rabat, el nuevo organismo tomará la administración de los activos desde el inicio del proceso judicial, en los casos donde existan medidas cautelares reales, y podrá enajenar rápidamente aquellos bienes de fácil destrucción o deterioro. Una vez dictada la sentencia que dispone el comiso, la agencia podrá liquidar el resto del patrimonio de manera expedita, incluyendo convenios con municipalidades para dar salida a vehículos abandonados en corrales municipales o bajo custodia de Carabineros.

Esta reforma se enmarca en un esfuerzo más amplio del Ejecutivo por perseguir el patrimonio del crimen organizado, línea que ya se había reflejado en operativos como el decomiso registrado en el puerto de San Antonio y en la ofensiva legislativa contra el crimen organizado impulsada desde el Ministerio de Seguridad.

Un fondo de reparación para las víctimas y más tecnología para las policías

El ministro fue enfático en aclarar el destino de los recursos: «no son para mejorar remuneraciones» de los funcionarios policiales. En cambio, precisó que el objetivo es dotar a Carabineros, la PDI y Gendarmería de tecnología y nuevos elementos para combatir el crimen, además de crear un fondo de reparación destinado a las víctimas de delitos. «Ahí va el golpe al mentón al crimen organizado», sostuvo Rabat, en alusión al impacto que espera generar sobre las estructuras financieras del narcotráfico y otras redes criminales.

Reacciones en el Congreso: apoyo con matices

El diputado Jaime Araya (independiente-PPD), integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara, calificó la propuesta como positiva, en tanto permite operativizar normativa que ya existe pero que ha sido de difícil ejecución. El parlamentario sugirió además avanzar en la aplicación de la última modificación a la Ley 20.000, que habilita destinar parte de los bienes decomisados por narcotráfico a las policías o al Ministerio Público.

Por su parte, el diputado Patricio Pinilla (DC) valoró el anuncio, pero advirtió que resulta insuficiente si no se complementa con una persecución más decidida del patrimonio ligado a delitos económicos. Pinilla apuntó a la necesidad de avanzar en el levantamiento administrativo del secreto bancario.

Contexto: la agenda de seguridad del Gobierno de Kast

La agencia de bienes incautados se suma a un paquete de medidas que el Ejecutivo ha ido desplegando desde marzo, y que incluye desde el plan de seguridad de siete ejes hasta los sucesivos balances de seguridad presentados por el ministro Martín Arrau. El proyecto deberá tramitarse en el Congreso, donde su discusión se sumará a otras iniciativas legislativas que también pasan por la Cámara de Diputados y el Senado.

Con esta agencia, el Gobierno busca cerrar un vacío institucional histórico en la persecución penal chilena y transformar el destino de los bienes incautados en una herramienta concreta de fortalecimiento policial y reparación a las víctimas, en lugar de que estos activos permanezcan años sin uso mientras se resuelven los procesos judiciales.

Fuente: Cooperativa.cl