Presidente Kast emplaza a la oposición por acusación constitucional contra Rabat: “La han anunciado todos los días, que la presenten y que se vote”

Desde Roma, en plena gira de Estado por España e Italia, el Presidente José Antonio Kast emplaza a la oposición a dejar de anunciar y pasar a los hechos con la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat. «Han tenido una semana para presentar la AC, no la han presentado. Que la presenten y se vote», lanzó el Mandatario este martes 3 de noviembre, en una frase que buscó devolver la presión al bloque opositor y cerrar, al menos desde La Moneda, la discusión sobre la continuidad del secretario de Estado.

El jefe de Estado fue más allá y acusó a sus adversarios de alargar artificialmente el libelo: según CNN Chile, sostuvo que la oposición la ha anunciado todos los días y que a cada jornada le falta un antecedente más. A su juicio, lo que existe es una diferencia política legítima, pero no una infracción a la Constitución ni a las leyes.

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Kast emplaza a la oposición y asume la responsabilidad política

La declaración más contundente del Presidente tuvo que ver con quién paga el costo de la polémica. «La responsabilidad que usted señala, que es política, no de derecho, la asumí yo porque soy el Presidente de la República», afirmó, según recogió Pauta. Y remató con una señal directa hacia el oficialismo díscolo: «El ministro cuenta con mi confianza».

Kast recordó además que nombrar y remover ministros es una atribución exclusiva del Presidente de la República y no de diputados o senadores, aunque reconoció que los parlamentarios tienen todo el derecho a expresar sus posiciones. El mensaje no solo apuntaba a la izquierda: en las últimas semanas, legisladores de Renovación Nacional y de otras bancadas afines al Gobierno pidieron públicamente la salida del titular de Justicia, un frente interno que se sumó a los vaivenes opositores, como el del PC con la interpelación al ministro Rabat.

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El origen de la crisis: las rebajas de condena a agresores sexuales

La tormenta estalló tras conocerse las rebajas de condena por delitos sexuales otorgadas a 56 personas sentenciadas por abusos y violaciones contra menores de edad, beneficios firmados en decretos del Ministerio de Justicia. Rabat ha sostenido desde el inicio que actuó conforme a la ley vigente, e incluso calificó como sin asidero una acusación «por cumplir la Constitución y la ley», según consignó T13.

Para entender el debate técnico, es clave revisar cuáles son los requisitos de rebaja de condenas que contempla la legislación chilena y por qué el Ejecutivo insiste en que el problema está en la norma y no en la aplicación que hizo el ministro. En esa línea, el Gobierno ya había anunciado su intención de impedir nuevas rebajas de condenas por la vía legislativa.

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Una oposición que anuncia, pero que aún no presenta

La ofensiva opositora quedó oficialmente anunciada el miércoles 28 de octubre, tras la sesión especial de la Cámara de Diputados. Ese día, PS, PC, Frente Amplio, PPD, Partido Liberal y la DC confirmaron que impulsarían el libelo, según informó Emol. Sería la primera acusación constitucional contra un integrante del gabinete de Kast, un escalamiento que hasta ahora solo había llegado a la interpelación.

Sin embargo, el texto todavía no ingresa formalmente. De acuerdo con The Clinic, en la oposición se debatía entre presentar la acusación lo antes posible o elaborar un escrito jurídicamente robusto, opción que implicaría unos 20 días de preparación. Es precisamente esa demora la que Kast aprovechó para instalar la idea de una ofensiva más mediática que jurídica.

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Los votos: el PDG y el oficialismo dividido

El gran desafío opositor es aritmético. Para aprobar el libelo en la Cámara se requiere reunir mayoría de los diputados presentes, y ahí el Partido de la Gente aparece como bisagra, según analizó Ex-Ante. A ello se suma un oficialismo que no se ha mostrado alineado: El Dínamo relató cómo los republicanos comprometieron sus 30 votos para respaldar al ministro, mientras otros diputados de la coalición pedían su renuncia.

El escenario se complicó aún más con las señales desde el Senado. Según un titular relacionado de Meganoticias, la senadora Evelyn Matthei habría señalado que votaría a favor de la acusación, y una encuesta Cadem indicaría que un 70% cuestiona la permanencia de Rabat en el cargo. Con ese telón de fondo, la apuesta de La Moneda es forzar una votación rápida antes de que el desgaste siga creciendo.

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Presupuesto de Justicia como arma de presión

Otro frente que abrió el Presidente fue el presupuestario. Kast cuestionó la amenaza opositora de rechazar la partida del Ministerio de Justicia en la Ley de Presupuestos 2027, argumentando que esa medida terminaría perjudicando a las propias víctimas. «Estamos enfrentando el problema en la raíz», dijo, insistiendo en que la prioridad debe ser modificar las normas que permitieron las rebajas.

El Mandatario también destacó la gestión de su ministro en materias como flagrancia, Reglas de Uso de la Fuerza, Escuelas Protegidas y responsabilidad parental, como parte de la agenda que el Gobierno exhibe en su balance legislativo. Mientras tanto, el ministerio reordenó su equipo tras la salida del subsecretario Luis Silva, con la llegada de Josefina Soto como subsecretaria de Justicia.

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Qué viene ahora para el ministro Rabat

Si la oposición finalmente ingresa el libelo, la tramitación seguirá las reglas del artículo 52 de la Constitución Política de la República: sorteo de una comisión revisora, plazo para la defensa del ministro y votación en la Sala de la Cámara. De aprobarse, el caso pasaría al Senado, que actuaría como jurado; una eventual condena implicaría la destitución y una inhabilitación de cinco años para ejercer funciones públicas.

Por ahora, el desafío lanzado por Kast deja la pelota en el campo opositor. Si la acusación se presenta en los próximos días, el Gobierno apostará a que el debate jurídico le dé la razón a Rabat; si se sigue postergando, La Moneda intentará instalar que se trató de un gesto político sin sustento. En ambos casos, la vocería oficial, encabezada por Gonzalo Arenas, tendrá trabajo para contener un tema que ya golpea la aprobación presidencial.

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