Anuncian querella de ministro Rabat contra diputado Bassa por vincular rebaja de condenas a “red de pedofilia internacional”

La querella de Rabat contra Bassa se transformó en el nuevo capítulo de la crisis que golpea al Ministerio de Justicia. Según lo informado este jueves, el ministro Fernando Rabat llevará a tribunales al diputado del Frente Amplio Jaime Bassa, luego de que el parlamentario vinculara la rebaja de condenas a abusadores sexuales de niños con una supuesta «red de pedofilia internacional». La acción judicial se suma a las denuncias ante la Comisión de Ética que ya anunciaron las bancadas oficialistas y a una acusación constitucional que la oposición prepara contra el propio secretario de Estado.

El cruce ocurre en el peor momento para Rabat, que enfrenta presión desde ambos lados del hemiciclo por los 56 decretos de reducción de condena otorgados a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. Sin embargo, las palabras de Bassa cambiaron el eje del debate: de la responsabilidad política del ministro a los límites del discurso parlamentario.

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Qué dijo Bassa y por qué gatilló la querella de Rabat contra Bassa

De acuerdo con BioBioChile, el diputado sostuvo que las rebajas de condena no serían un error administrativo, sino una manifestación más de una red de pedofilia internacional. En su intervención mencionó a Paul Schäfer, a Jeffrey Epstein y al presidente argentino Javier Milei, afirmó que la continuidad del ministro era inaceptable y emplazó al Presidente José Antonio Kast a «revelar» las redes que, a su juicio, estarían operando.

El problema, según sus críticos, es que el legislador no habría acompañado ningún antecedente que respalde una acusación de esa gravedad. Consultado por el mismo medio, Bassa se mantuvo firme: dijo que mantiene sus dichos y que espera ser notificado.

Esa negativa a retractarse habría sido determinante. Desde el Partido Republicano, el diputado Agustín Romero ya había advertido, según recogió Emol, que el ministro tenía derecho a defender su honra ante los tribunales. Francisco Orrego (RN), por su parte, había planteado impulsar una querella por injurias y calumnias y pedir el desafuero si Bassa no presentaba pruebas a la Fiscalía.

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Una crítica transversal que incluyó a la propia oposición

La reacción no se limitó al oficialismo. Flor Weisse y Eduardo Cretton (UDI) calificaron los dichos como una bajeza política y anunciaron una denuncia ante la Comisión de Ética de la Cámara. Tomás Kast (Evópoli) y Javier Olivares (PDG) se sumaron con presentaciones similares, mientras que figuras ajenas a la derecha, como el constitucionalista Javier Couso y el analista Alfredo Joignant, hablaron de conspiracionismo y de búsqueda de figuración.

Para un sector de la oposición, la salida de Bassa habría sido un autogol: justo cuando el foco estaba en la responsabilidad de Rabat, el debate giró hacia la conducta de un diputado frenteamplista. Es un patrón que ya se ha visto en otros episodios recientes del Frente Amplio.

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El fuero parlamentario y los límites de la inviolabilidad

Uno de los puntos clave de la querella será el fuero. El artículo 61 de la Constitución Política establece que diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten «en el desempeño de sus cargos, en sesiones de sala o de comisión». Declaraciones entregadas fuera de esos espacios, por ejemplo a medios de comunicación, no estarían cubiertas por esa protección.

Aun así, ningún parlamentario puede ser procesado sin que antes una Corte de Apelaciones declare que ha lugar a la formación de causa, es decir, el desafuero. Por eso la acción de Rabat abriría un camino largo: primero el tribunal de alzada debería pronunciarse, y solo después se discutiría si los dichos constituyen injuria o calumnia, figuras que el Código Penal sanciona cuando se imputa falsamente un delito determinado o se dañan la honra y el crédito de una persona.

Cabe recordar que el diputado Bassa goza de la presunción de inocencia consagrada en el artículo 4 del Código Procesal Penal, y que la eventual querella deberá ser resuelta por los tribunales competentes.

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El trasfondo: las 56 rebajas de condena que tienen a Rabat contra las cuerdas

La polémica de fondo sigue intacta. Según El Mostrador, de los casos identificados, la mayoría de los decretos habría sido firmada por el propio Rabat y el resto por los subsecretarios Luis Silva y Pablo Mira. El ministro sostiene que el Ministerio solo verifica requisitos formales y que el análisis de fondo corresponde a una comisión integrada por jueces, psicólogos y asistentes sociales.

En su defensa ante la Cámara, recogida por T13, Rabat apuntó a un vacío legal en la Ley 19.856 y acusó al Congreso de una «omisión consciente» al no incorporar una norma transitoria en 2022. Pese a ello, la Cámara aprobó un proyecto de resolución que pide su renuncia y la de ambos subsecretarios.

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Los requisitos que habilitan estos beneficios ya han sido analizados en detalle en nuestro artículo sobre los requisitos de rebaja de condenas, mientras que el Ejecutivo ha planteado alternativas para impedir nuevas rebajas e incluso evaluar anular las ya concedidas.

Acusación constitucional en camino

Mientras el ministro abre un frente judicial, la oposición prepara el político. Como informó BioBioChile, la diputada Daniela Serrano (PC) confirmó que los partidos opositores impulsarán una acusación constitucional, argumentando que Rabat se habría atribuido facultades que no le corresponden y que no entregó los decretos en el plazo fijado por la Cámara.

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El escenario deja al Gobierno en una posición incómoda: defender a un ministro cuestionado incluso por sectores oficialistas, mientras capitaliza el rechazo transversal a los dichos de Bassa. Para el Ejecutivo, que ya administra el costo de otras decisiones sensibles como los indultos a exuniformados, la querella podría servir para recuperar parte de la iniciativa comunicacional.

Lo que viene

En los próximos días se espera la presentación formal de la querella, el ingreso de las denuncias a la Comisión de Ética y la redacción del libelo acusatorio. Cada uno de esos procesos tiene tiempos propios, pero todos convergen en el mismo punto: el costo político de una crisis que comenzó con decretos firmados en silencio y que hoy escaló hasta los tribunales.

Lo que está claro es que la discusión de fondo, la protección de niños víctimas de abuso sexual y la responsabilidad del Estado en la reducción de penas a sus agresores, no debería quedar sepultada bajo el ruido de la confrontación entre un ministro y un diputado.