Ministro de Justicia Fernando Rabat anuncia proyecto para modificar requisitos de rebaja de condenas tras polémica por delitos sexuales

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, abrió la puerta a cambiar los requisitos de rebaja de condenas luego de la ola de críticas que desató la revelación de 56 reducciones de pena otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad. Según trascendió este jueves, el Ejecutivo estaría preparando su propio proyecto para modificar la Ley 19.856 y, en paralelo, evaluaría patrocinar o fusionar las iniciativas que ya presentaron parlamentarios de oficialismo y oposición.

El anuncio llega en el momento de mayor presión sobre el secretario de Estado, quien por segundo día consecutivo debió asumir la vocería del Gobierno para explicar por qué su cartera concedió beneficios que las administraciones anteriores habían rechazado de forma sistemática.

Qué se sabe del proyecto que cambiaría los requisitos de rebaja de condenas

De acuerdo con lo informado por Emol y recogido por Está Pasando, el Ejecutivo habría anunciado una iniciativa para limitar la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales contra menores. Sobre las mociones parlamentarias, en el Gobierno señalarían que aún no las conocen en detalle, pero que las revisarán para decidir si las patrocinan, si las fusionan con el texto propio o si optan por presentar indicaciones.

El propio Rabat valoró públicamente esa ofensiva legislativa. Según reportó CNN Chile, el ministro afirmó estar de acuerdo con los parlamentarios en cerrar el espacio que, a su juicio, habría quedado abierto en la legislación de 2022, aunque insistió en que las 56 resoluciones se ajustaron a la ley vigente.

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El argumento de la irretroactividad

La defensa del Ministerio de Justicia descansa en un punto constitucional. Rabat ha sostenido que el artículo 19 número 3 de la Constitución impide aplicar retroactivamente una ley penal en perjuicio de un condenado, y que la reforma publicada en febrero de 2022, que excluyó a los autores de delitos sexuales contra menores del beneficio, no podría alcanzar hechos cometidos antes de esa fecha.

Según el ministro, su cartera se habría limitado a recoger la doctrina que la Corte Suprema fijó al acoger decenas de recursos de amparo, fallos que estarían citados en cada una de las resoluciones. De las 56 rebajas firmadas entre marzo y septiembre, 27 corresponderían a condenas por abuso sexual y 29 a violación de menores, de acuerdo con las cifras difundidas por el propio ministerio.

Sin embargo, esa tesis está lejos de ser pacífica. Una revisión de BioBioChile identificó fallos en los que tribunales superiores respaldaron negar el beneficio a condenados por hechos anteriores a 2022, lo que pondría en duda que concederlas fuera la única salida jurídica. El mismo medio advierte, no obstante, que esos casos no bastan para establecer un criterio firme ni para declarar ilegales las rebajas otorgadas.

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La historia de la ley que hoy se discute

Un antecedente clave aparece en la tramitación de la reforma de 2022. Según reconstruyó La Tercera, el entonces ministro de Justicia, Hernán Larraín, dejó constancia de que las nuevas exigencias se aplicarían a toda postulación posterior a la publicación de la ley, bajo la lógica de que el requisito se evalúa al momento de solicitar el beneficio.

Esa interpretación fue la que siguieron los gobiernos de Sebastián Piñera en sus últimos meses y de Gabriel Boric. El exministro Jaime Gajardo sostuvo que su criterio era rechazar estas solicitudes y dejar la decisión final en manos de los tribunales, a diferencia de lo que habría hecho la actual administración.

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Cinco proyectos en carrera en el Congreso

La controversia generó una verdadera avalancha legislativa. Según el recuento de BioBioChile, al menos cinco iniciativas buscan bloquear las rebajas a agresores sexuales, lo que abre dudas sobre si terminarán compitiendo entre sí.

• Paulina Núñez (RN): la presidenta del Senado propone eliminar la excepción vinculada al artículo 73 del Código Penal que permitiría estas reducciones y exigir mayor fundamentación a cada calificación, según detalló Cooperativa. Además, ofició a Rabat para conocer qué antecedentes se tuvieron a la vista.
• Marlene Pérez (IND-UDI): la diputada plantea extender la prohibición a delitos cometidos antes de 2022 y tenía prevista una reunión con el ministro para analizar la viabilidad jurídica de su propuesta.
• Emilia Schneider (FA): anunció un proyecto para terminar con las discrepancias en la interpretación de la Ley 21.421.
• Diputados de RN: presentaron una reforma constitucional para impedir la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales.

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Interpelación, acusación constitucional y costo político

Mientras el Gobierno intenta retomar la iniciativa con su propio proyecto, la oposición mantiene la ofensiva. La bancada del Partido Comunista inició la recolección de firmas para interpelar al ministro, y desde otros sectores no descartan una acusación constitucional, de acuerdo con Radio Universidad de Chile.

Tampoco el oficialismo ha cerrado filas por completo. La diputada republicana Paz Charpentier calificó de inexplicable la señal entregada en plena crisis de seguridad, mientras la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, defendió a Rabat pero evitó comprometer el patrocinio del Ejecutivo a las mociones parlamentarias.

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Lo que viene para la Ley 19.856

Cualquier modificación a los requisitos de rebaja de condenas enfrentará el mismo obstáculo que hoy invoca el ministerio: la prohibición constitucional de aplicar una ley penal más gravosa de forma retroactiva. Por eso, algunas propuestas, como la de Núñez, regirían solo para delitos cometidos después de su publicación, mientras otras apuestan a que el beneficio se evalúe con las reglas vigentes al momento de concederlo.

El desenlace dependerá de si el Ejecutivo logra articular un texto común con el Congreso o si la dispersión de iniciativas termina diluyendo la respuesta. Por ahora, el Gobierno apuesta a que el anuncio de un cambio legal le permita contener una polémica que, según diversos actores, ya habría dañado su agenda de seguridad.

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