Tribunal Constitucional declara inadmisible requerimiento de la izquierda contra las RUF

El Tribunal Constitucional (TC) le cerró la puerta a la oposición. Este jueves 22 de octubre, el organismo declaró inadmisible el requerimiento contra las RUF presentado por senadores opositores, al estimar que la acción se ingresó fuera de plazo. Con ello, la ley de Reglas del Uso de la Fuerza, ya publicada en el Diario Oficial, queda firme y sin el control preventivo que buscaban sus detractores, en lo que el Gobierno de José Antonio Kast celebra como un triunfo político y jurídico.

Según informó CNN Chile, la resolución del TC sostiene que la presentación fue extemporánea, es decir, se habría formulado después del límite que la Constitución y la ley establecen para ejercer esta atribución. El tribunal remarcó que solo puede conocer un requerimiento de inconstitucionalidad cuando se deduce dentro de la oportunidad fijada directamente por la Carta Fundamental.

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Por qué el TC rechazó el requerimiento contra las RUF

La clave del caso fue el reloj. Las RUF fueron despachadas por el Congreso el jueves 8 de octubre y, al día siguiente, el Gobierno ingresó el decreto promulgatorio a la Contraloría General de la República. Horas después, ya de noche, los senadores de oposición presentaron su requerimiento ante el Tribunal Constitucional.

El Ejecutivo se apoyó en el artículo 62 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, norma que establece que la promulgación se entiende efectuada cuando el decreto respectivo ingresa a la oficina de partes de Contraloría. Como detalló El Reporte Diario, La Moneda además citó jurisprudencia del propio TC, que en el pasado ya había declarado inadmisible un requerimiento ingresado apenas seis horas después de que el decreto llegara al órgano contralor.

De acuerdo con BioBioChile, la normativa permite impugnar un proyecto dentro de cinco días desde su despacho o hasta su promulgación, lo que ocurra primero. La rapidez del Gobierno habría sido, por tanto, decisiva para dejar fuera de juego a los parlamentarios.

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La defensa de la oposición: «estuvimos materialmente impedidos»

Los senadores requirentes, entre quienes figuraban Fabiola Campillai, Karol Cariola (PC), Yasna Provoste (DC), Beatriz Sánchez (FA) y Paulina Vodanovic (PS), argumentaron que necesitaban un documento oficial del Senado para presentar la acción y que, una vez recibido, la ingresaron esa misma jornada. Según Canal 9, plantearon que el artículo 62 de la ley orgánica no podría extinguir la atribución constitucional del artículo 93 cuando sus titulares estaban impedidos de ejercerla antes de la promulgación.

El fondo de su objeción apuntaba a dos normas de la ley: el principio de racionalidad en el uso de la fuerza y las disposiciones sobre el empleo de fuerza «potencialmente letal» por parte de las policías y las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el TC ni siquiera llegó a pronunciarse sobre el contenido, pues el problema fue de forma.

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El jefe de la bancada de senadores PS, Juan Luis Castro, había acusado días antes una «promulgación express» del Ejecutivo, calificándola como un intento de hacer un cortocircuito al control constitucional. La crítica se suma a la tensión permanente entre La Moneda y sus adversarios, que el propio Presidente ha descrito como un boicot opositor a su agenda.

Gobierno: «Tal como lo anticipamos»

Desde el oficialismo, la resolución fue recibida como la confirmación de una estrategia calculada. El ministro del Interior subrogante, Máximo Pavez, ya había anticipado a T13 que el requerimiento estaba «fuera de plazo» y que el Ejecutivo esperaba que fuera declarado inadmisible por adolecer de defectos de forma.

El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, fue más allá y advirtió que habría sido «escandaloso» que el tribunal admitiera a trámite la acción, dado que, a su juicio, las normas eran muy claras.

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Qué significa el fallo para las Reglas del Uso de la Fuerza

Con la inadmisibilidad, la Ley 21.849 sobre Reglas del Uso de la Fuerza queda plenamente vigente, cerrando una tramitación que se extendió por cerca de tres años. La norma, considerada uno de los pilares de la agenda de seguridad del Gobierno, entrega un marco legal a carabineros, PDI y militares para el uso de la fuerza, algo largamente demandado por las instituciones, especialmente en un contexto de déficit de dotación policial.

Eso no significa que el debate esté cerrado. Legisladores técnicos han advertido eventuales problemas de aplicación que podrían requerir correcciones futuras, y la oposición mantiene abierta la posibilidad de recurrir a otras vías, como requerimientos de inaplicabilidad en casos concretos. Puedes revisar el texto de la normativa en la Biblioteca del Congreso Nacional.

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Políticamente, el episodio deja una lectura evidente: el Ejecutivo leyó mejor los tiempos institucionales que una oposición que, según las últimas encuestas, enfrenta bajos niveles de aprobación. Mientras La Moneda suma una victoria en su prioridad de seguridad, sus adversarios quedan con la sensación de haber llegado tarde a una pelea que, en el fondo, nunca alcanzaron a dar.

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