Ofensiva del Partido Comunista contra el ministro Fernando Rabat duró menos que eyaculación precoz

La ofensiva duró apenas unas horas. La bancada del Partido Comunista había anunciado una interpelación a ministro Rabat por las 56 rebajas de condena otorgadas por el Ministerio de Justicia a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Pero en la noche de este miércoles 21 de octubre, el PC dio pie atrás y optó por una herramienta de menor calibre: una sesión especial en la Cámara de Diputadas y Diputados. Y en medio del ruido, una pregunta incómoda flotó en el aire: ¿por qué nadie pensó en citar también al exministro de Boric, Jaime Gajardo, militante del mismo partido?

Según informó CNN Chile, el diputado comunista Marcos Barraza explicó en conversación con 24 Horas que «en lugar de una interpelación» impulsarán una sesión especial, instancia en la que interviene el ministro y participan todas las bancadas. El parlamentario aclaró que no descartan otros mecanismos de fiscalización, como una comisión investigadora o un oficio al Presidente de la República.

LEER TAMBIÉN: 332 casos: la rebaja de condena por delitos sexuales que indigna

El origen de la polémica: 56 decretos en seis meses

La controversia estalló tras una publicación de Interferencia, que reveló que entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos habría emitido 56 decretos de rebaja de condena: 27 a condenados por abuso sexual de menores y 29 a condenados por violación. Según T13, solo una solicitud habría sido rechazada en ese periodo.

El punto más delicado es jurídico. En 2022 se modificó la normativa sobre reducción de condenas para excluir de este beneficio a los condenados por ciertos delitos sexuales contra menores. El ministro Fernando Rabat sostiene que los 56 casos corresponden a condenas anteriores a ese cambio y que su cartera se limitó a aplicar la doctrina que la Corte Suprema fijó al acoger recursos de amparo. «Es el cumplimiento de sentencia de la Corte Suprema», afirmó el secretario de Estado.

Sin embargo, de acuerdo con lo reportado por El Dínamo, ninguna de las rebajas se habría originado en un recurso de amparo presentado por los propios beneficiados, sino que habrían sido otorgadas directamente por la vía administrativa, lo que tensiona la versión oficial.

LEER TAMBIÉN: Quién es Gonzalo Arenas, el favorito de Kast para vocero

Interpelación a ministro Rabat: del anuncio al repliegue

Durante la mañana, Barraza había endurecido el tono. «El Gobierno ha traspasado un límite inaceptable», declaró, acusando que se estaría «indultando» a agresores sexuales de niños. Su compañero de bancada, Bernardo Salinas, calificó la decisión como «la peor señal que puede dar el país», según recogió El Reporte Diario. El diputado Jaime Mulet, en tanto, habló de un «indulto parcial».

Conviene precisar los conceptos. Una rebaja de condena por comportamiento no es un indulto: el primero es un beneficio penitenciario regulado por ley y tramitado por una comisión, mientras el segundo es una facultad presidencial discrecional. La distinción no es menor en un país que ya discutió con intensidad los indultos a exuniformados durante este mismo año.

Para concretar una interpelación, la Cámara de Diputadas y Diputados exige reunir las firmas de al menos un tercio de los diputados en ejercicio, según establece el artículo 52 de la Constitución. Ese umbral obliga al PC a sumar respaldos de otras bancadas opositoras, algo que no estaba garantizado. La sesión especial, en cambio, ofrece un escenario más amplio y menos arriesgado políticamente.

LEER TAMBIÉN: Interpelación parlamentaria: Ministra Steinert asegura respaldo de Kast ante interpelación

El fantasma de Jaime Gajardo

El repliegue comunista coincidió con la irrupción de un actor clave: el exministro de Justicia de Gabriel Boric, Jaime Gajardo, también militante del PC. En declaraciones recogidas por BioBioChile, Gajardo afirmó que durante su gestión el criterio «era rechazar» estas solicitudes y defender esa postura en tribunales; solo cuando un condenado ganaba un amparo, el ministerio debía cumplir el fallo.

El problema para la narrativa opositora es que, según cifras citadas por Emol, en cinco años se habrían concedido 332 rebajas de este tipo, de las cuales 276 habrían ocurrido durante la administración de Boric. Gajardo cuestionó esa comparación porque, a su juicio, no distingue entre las rebajas concedidas por decisión propia y las ordenadas por tribunales. Además, reconoció que se trata de «una discusión jurídica» y que algunas cortes de apelaciones compartieron la tesis que hoy sostiene Rabat.

Una interpelación habría abierto, inevitablemente, la puerta a comparar ambas gestiones en el hemiciclo. Desde el oficialismo, más de uno habría estado dispuesto a pedir que el propio Gajardo diera explicaciones por las cifras de su periodo. La sesión especial, con un formato menos centrado en un solo ministro, reduce ese riesgo para el PC.

LEER TAMBIÉN: Así golpea la «Inspección Total» al gobierno de Boric

La Moneda cierra filas y acusa «mala intención»

El vocero de gobierno, Gonzalo Arenas, salió a respaldar al titular de Justicia y calificó como mal intencionada la forma en que se presentó la noticia. Según Arenas, el procedimiento está fijado por ley, pasa por la Comisión de Reducción de Condenas, la secretaría regional ministerial y la División de Reinserción Social, y si los postulantes cumplen los requisitos, el Ejecutivo no tendría mucho más margen que cursar las solicitudes.

Aun así, el episodio golpea uno de los ejes del discurso del Ejecutivo: la mano dura contra la delincuencia, pilar del plan de seguridad del gobierno de Kast. Como advirtió El Mostrador, el caso abre un flanco sensible para un gobierno que ha hecho de la seguridad su principal bandera.

LEER TAMBIÉN: Así sería la vocería de contingencia de Kast con Gonzalo Arenas

Qué viene ahora para el PC y la oposición

Además de la sesión especial, diputados opositores anunciaron un proyecto de ley para cerrar definitivamente cualquier vía de rebaja de condena a quienes hayan cometido delitos sexuales contra menores, incluso por hechos anteriores a 2022. Barraza dejó abierta la posibilidad de retomar la interpelación más adelante, afirmando que no descartan «ninguna posibilidad de fiscalización».

El cambio de estrategia, de todas formas, no pasará inadvertido. El PC, que conoce de sobra el arsenal fiscalizador del Congreso, desde la interpelación hasta la acusación constitucional, esta vez prefirió bajar un cambio. Para sus críticos, el motivo tendría nombre y apellido: un exministro comunista cuyas cifras podrían terminar en el centro del debate.

LEER TAMBIÉN: Kast critica al Partido Comunista por agitar las calles

Mientras tanto, la discusión de fondo sigue abierta: si una ley que restringe beneficios penitenciarios puede aplicarse a condenas por hechos anteriores a su vigencia. Esa pregunta, más que cualquier sesión especial, es la que tendrá que zanjar el Congreso o los tribunales. Y en un clima marcado por la preocupación ciudadana por la seguridad, ningún sector parece dispuesto a quedar del lado equivocado de esa respuesta.