A pesar de los votos en contra de la izquierda las RUF pasan al senado y están a un paso de convertirse en ley

Las RUF pasan al Senado y quedan a un solo voto de convertirse en ley. Este miércoles 7 de octubre, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el informe de la Comisión Mixta del proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) por 111 votos a favor, 23 en contra y 5 abstenciones, pese al rechazo en bloque del Frente Amplio y del Partido Comunista, las mismas fuerzas que integraban la coalición del gobierno que presentó la iniciativa en 2023.

La paradoja no es menor: el proyecto (Boletín 15805-07) ingresó en abril de 2023 bajo la administración de Gabriel Boric, pero fueron precisamente los partidos oficialistas de entonces quienes, tres años después, intentaron frenar su despacho en la última etapa. Según consignó La Tercera, ambas bancadas rechazaron el informe principalmente por la ampliación de los supuestos en que policías y militares podrán emplear la fuerza.

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RUF pasan al Senado tras tres años de tramitación

El camino fue largo. El proyecto estuvo entrampado en Comisión Mixta desde el 12 de mayo de 2025, cuando se rechazaron al menos diez puntos de discrepancia entre ambas cámaras. Recién la semana pasada, la instancia presidida por el senador Karim Bianchi logró destrabar las diferencias y despachar un texto de consenso mayoritario, según informó el Senado de Chile.

Con la aprobación de la Cámara, la iniciativa, que cuenta con urgencia de discusión inmediata, quedó en manos de la Sala del Senado, que comenzaba a revisarla este mismo miércoles por la tarde, de acuerdo con Radio Universidad de Chile. Si la Cámara Alta lo ratifica, el texto quedará despachado a ley.

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Qué establecen las Reglas de Uso de la Fuerza

La ley crea, por primera vez, un marco legal común para Carabineros, la PDI y las Fuerzas Armadas, cuyas reglas hoy están dispersas en decretos, circulares y protocolos internos. Según detalló Emol, los ejes centrales son:

• Escalamiento gradual: ocho reglas que van desde el despliegue disuasivo y la persuasión verbal hasta el control físico, las armas menos letales y la munición de salva.
• Escopetas antidisturbios: autorizadas para repeler un peligro grave e inminente para la vida o integridad de terceros o del personal, y para proteger infraestructura crítica o recintos militares.
• Fuerza potencialmente letal: solo procede cuando las etapas previas resultan insuficientes, en casos como legítima defensa, detención de quien opone resistencia o ataques graves a infraestructura crítica.
• Eximente penal: el personal que actúe conforme a las RUF quedará amparado por la eximente de cumplimiento del deber del Código Penal, manteniendo la responsabilidad por abusos.
• Gendarmería: queda fuera de la ley y mantiene su normativa actual.

En la negociación final se eliminó el artículo 13, que prohibía el uso de la fuerza contra personas arrestadas o detenidas, a propuesta del Ejecutivo para alcanzar acuerdos. También se suprimieron normas que, según los parlamentarios, ya estaban cubiertas por tratados internacionales o legislación vigente.

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Frente Amplio y PC: «ensancha la fuerza y estrecha la responsabilidad»

Desde la izquierda, los argumentos se concentraron en el umbral para el uso de armas letales. La diputada frenteamplista Lorena Fries sostuvo que la ley «ensancha la fuerza» y «estrecha la responsabilidad», y cuestionó que se permita el arma letal más allá de la legítima defensa, además de que la proporcionalidad deje de figurar como principio expreso.

En la misma línea, el diputado comunista Marcos Barraza criticó que se rebaje el umbral para emplear fuerza potencialmente letal aun cuando no esté en riesgo la vida de nadie. Para el PC, el uso de armas de fuego solo debería proceder ante una amenaza inminente de muerte o lesiones graves.

Para sus críticos, la postura de ambas colectividades confirmaría una desconfianza estructural hacia las policías que el sector arrastra desde 2019, y que ha vuelto a quedar expuesta en episodios recientes de violencia contra uniformados.

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Gobierno y oficialismo: «certeza jurídica, no camisa de fuerza»

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, pidió aprobar el informe para entregar certezas a quienes ejercen funciones de seguridad y sostuvo que las RUF no deberían ser objeto de disputa política, sino un acuerdo nacional. El texto se suma a la ofensiva legislativa contra el crimen organizado que impulsa el Ejecutivo.

El republicano Luis Fernando Sánchez afirmó que la norma eleva a rango legal la regulación del uso de la fuerza y complementa la Ley Naín-Retamal, mientras que Luis Pardo (RN) aseguró que no se entrega un margen amplio para disparar, sino reglas claras. El UDI Eduardo Cretton definió el acuerdo como una garantía y no una camisa de fuerza para las instituciones.

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Una posición intermedia mostró la Democracia Cristiana: el diputado Álvaro Ortiz reconoció que Chile necesita esta ley, pero advirtió que la regla sobre armamento letal frente a ataques a infraestructura crítica sería una hipótesis amplia que se apartaría del estándar de Naciones Unidas y podría terminar judicializada.

Por qué importan las RUF para policías y militares

La falta de un marco legal claro ha sido uno de los reclamos históricos de Carabineros y de las Fuerzas Armadas, especialmente tras los despliegues militares bajo estados de excepción y la custodia de infraestructura crítica. Sin reglas de rango legal, los uniformados quedaban expuestos a interpretaciones dispares en tribunales, lo que según sus defensores habría generado una peligrosa inhibición operativa.

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La votación en la Cámara llega además en un contexto de creciente violencia contra funcionarios policiales, con casos como el del carabinero baleado en Lo Espejo, y en paralelo a otras iniciativas como la sanción a los insultos contra policías y la ley antiencapuchados, que forman parte del plan de seguridad del gobierno de Kast.

Lo que viene en el Senado

Con la urgencia de discusión inmediata vigente y el amplio respaldo obtenido en la Cámara, todo indicaría que el Senado ratificará el informe sin mayores sobresaltos. De ser así, Chile contará por primera vez con una ley que regule de forma unificada cómo y cuándo policías y militares pueden usar la fuerza, cerrando una deuda legislativa que se arrastra desde el estallido de 2019.

La gran pregunta es si el Frente Amplio y el PC insistirán en su rechazo en la Cámara Alta o si optarán por llevar su ofensiva a otros frentes, como un eventual requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Por ahora, el proyecto que nació en el gobierno de Boric se convertiría en ley con los votos en contra de quienes lo acompañaron en La Moneda.

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