El Gobierno del Presidente José Antonio Kast puso urgencia de discusión inmediata al proyecto que aumenta las penas y permite detenciones por insultos a policías, acelerando su tramitación en el Congreso dentro de la agenda conocida como Naín-Retamal 2.0. La iniciativa endurece las sanciones contra quienes ofendan o injurien a Carabineros, la PDI y Gendarmería en el ejercicio de sus funciones, y habilita la detención en casos de flagrancia frente a agresiones contra los uniformados. La oposición, en tanto, acusó que se trata de una medida «para la galería» que no ataca las causas de fondo de la violencia contra las fuerzas de orden.
Qué establece el proyecto de ley que aumenta las penas por insultar a policías
El texto modifica el Código Penal para sancionar con prisión en su grado máximo y multas de una a cuatro UTM a quien ofenda o injurie a un funcionario de Carabineros, la Policía de Investigaciones o Gendarmería mientras cumple labores propias de su cargo. Además, permite la detención por flagrancia de quienes acometan o resistan con violencia, empleen fuerza o intimiden a miembros de las policías. La moción fue impulsada originalmente por diputados de Renovación Nacional y se enmarca en el paquete legislativo que el oficialismo ha promovido para reforzar las herramientas de protección a las fuerzas de orden.
LEER TAMBIÉN: Ley Naín-Retamal 2.0: la Cámara aprueba extender la legítima defensa privilegiada a policías de franco
El proyecto llega en un contexto de creciente sensibilidad política sobre las agresiones a funcionarios policiales, luego de una serie de hechos violentos que han marcado la agenda de seguridad del año. El Ejecutivo ha optado por sumar esta iniciativa al resto de las medidas de la agenda Naín-Retamal 2.0, que incluye también cambios en la legítima defensa privilegiada para carabineros de franco, actualmente en trámite en el Senado.
Discusión inmediata: por qué el Gobierno apura la tramitación
La calificación de discusión inmediata es la urgencia legislativa de mayor prioridad que puede fijar el Ejecutivo y obliga a la Cámara o al Senado a pronunciarse en un plazo de pocos días. Con esta decisión, el Gobierno busca que el proyecto avance rápido por la comisión de Seguridad Ciudadana antes de sumarse a la discusión de sala, en línea con la estrategia que ya utilizó para tramitar otras iniciativas de la misma agenda. Según La Tercera, el ministro del Interior defendió la redacción original de las iniciativas de esta agenda y remarcó que insistirán en mantenerla pese a los reparos técnicos planteados por algunos parlamentarios.
Durante la tramitación de proyectos similares, representantes de la Defensoría Penal Pública y del Ministerio Público han planteado dudas sobre la proporcionalidad de las sanciones y sobre cómo se determinará, en la práctica, qué constituye una ofensa grave. Ese debate técnico se repite ahora con esta nueva iniciativa, que deberá resolver la misma tensión entre endurecer las penas y evitar una aplicación arbitraria de la norma por parte de fiscales y tribunales.
La oposición acusa una medida «para la galería»
Diputados de oposición cuestionaron que el proyecto responda más a una lógica comunicacional que a una solución efectiva contra la violencia hacia las policías. Sostienen que ya existen varias iniciativas similares en tramitación, algunas en segundo trámite constitucional, y que el Ejecutivo podría haber usado esos vehículos legislativos para agilizar la protección a los funcionarios en lugar de sumar un proyecto nuevo. También advierten que criminalizar los insultos, incluso los verbales, puede generar problemas de interpretación relacionados con la libertad de expresión durante manifestaciones o procedimientos policiales masivos.
LEER TAMBIÉN: Las nuevas reglas de uso de la fuerza que Kast impulsa para Carabineros y FFAA en los barrios
Sectores del oficialismo, en cambio, insisten en que la señal es necesaria para respaldar a un personal policial que enfrenta un escenario de mayor exposición a la violencia. Según consignó BioBioChile, la iniciativa busca fortalecer la protección a los uniformados frente a insultos, maltratos y agresiones cometidos en el ejercicio de sus funciones, un argumento que la bancada impulsora ha repetido en cada etapa de la tramitación.
El proyecto se inserta, además, en un ciclo más amplio de iniciativas de seguridad que el Gobierno ha priorizado durante 2026, coincidiendo con el trabajo del ministro Martín Arrau al frente de la cartera del Interior y con el despliegue de la agenda ACOT en distintas regiones del país.
LEER TAMBIÉN: Martín Arrau y los 90 días de la agenda de seguridad del Gobierno de Kast
La tramitación seguirá ahora en la comisión de Seguridad Ciudadana, donde se espera una nueva ronda de audiencias con expertos, representantes de las policías y organismos de derechos humanos antes de que el proyecto pase a votación en particular. El resultado de ese proceso definirá si la redacción original se mantiene intacta o si incorpora ajustes para precisar qué se entenderá exactamente por una ofensa grave contra un funcionario policial.
Para revisar el resto de la agenda de seguridad impulsada por el Ejecutivo, incluidos los proyectos que integran el paquete ACOT y las iniciativas vinculadas a la megarreforma en la materia, puede seguir la cobertura relacionada a continuación.
LEER TAMBIÉN: Megarreforma de seguridad: los ejes de la agenda ACOT del Gobierno de Kast
Notas Relacionadas
Operación Cancerbero: A LO BUKELE trasladan a 8 Reos de alta peligrosidad de Alto Hospicio a Talca
Boric vs Kast: De 500 traslados de reos en un año a 687 en un día a la cárcel La Laguna
Encuesta Agenda ACOT: alto respaldo, poca fe en Congreso - CDCF
Megaoperativo de Carabineros y PDI: 1.341 detenidos, 862 kg droga