Senado avanza en aumento de penas para menores de edad: hasta 15 años por delitos más graves

La Comisión de Constitución del Senado dio un paso decisivo en el debate por la justicia juvenil en Chile: aprobó el aumento de penas para menores que cometan los delitos más graves contemplados en el Código Penal. La instancia, presidida por el senador Pedro Araya, subió los techos punitivos dentro de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, en un contexto de creciente presión ciudadana por la participación de adolescentes en crímenes violentos.

De acuerdo con lo aprobado, el nuevo límite máximo será de 10 años de presidio para adolescentes de 14 a 15 años y de 15 años para jóvenes de 16 y 17 años, tratándose de delitos catalogados como de especial gravedad. Antes de esta modificación, los techos vigentes eran de 5 y 10 años respectivamente, por lo que la reforma implica prácticamente duplicar el máximo aplicable en ambos tramos etarios.

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Qué delitos quedan incluidos en el aumento de penas para menores

El proyecto, impulsado originalmente por el senador de Renovación Nacional Andrés Longton, contempla un catálogo específico de delitos graves al que se aplicarán las nuevas reglas: homicidio simple y calificado, parricidio, femicidio, infanticidio, violación, lesiones graves y robo con violencia o intimidación, incluyendo las modalidades de robo con homicidio y robo con violación. Longton explicó que la iniciativa no busca rebajar la edad de imputabilidad, sino corregir el criterio con el que los tribunales determinan la pena aplicable entre los 14 y los 17 años.

El senador ejemplificó el problema con el caso de un homicidio simple, señalando que en la práctica algunos jueces optan sistemáticamente por el techo más bajo de la pena, lo que en su opinión ha debilitado el efecto disuasivo de la ley frente a delitos violentos cometidos por adolescentes.

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La iniciativa, conocida también como «Ley Tomás» en memoria del adolescente de 17 años asesinado por una menor de 14 en San Vicente, había sido aprobada en general por la Sala del Senado con 37 votos a favor y solo 3 en contra, evidenciando un consenso transversal poco habitual en materia de seguridad. Tras ese respaldo, el Ejecutivo comprometió indicaciones adicionales para reforzar el régimen cerrado de cumplimiento de condena y las reglas de reiteración delictual.

Reacciones divididas en la Comisión de Constitución

No todas las voces dentro de la comisión respaldaron el criterio del aumento generalizado. La senadora Claudia Pascual (PC) cuestionó el enfoque exclusivamente punitivo del proyecto y abogó por priorizar mecanismos de reinserción social por sobre el simple incremento de condenas. Por su parte, el senador Arturo Squella defendió el ajuste señalando que la reincidencia en delitos violentos justifica un marco de penas más severo.

Desde el Ejecutivo, Jorge Fiol, representante de la Subsecretaría de Derechos Humanos, advirtió sobre los riesgos de un aumento sostenido en la población penal adolescente, alertando que penas más largas podrían reducir las posibilidades reales de reinserción de los jóvenes condenados. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, en tanto, ha comprometido indicaciones específicas para equilibrar el endurecimiento de las penas con mesas de trabajo orientadas a la reinserción.

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El debate se da en paralelo a la discusión de la megarreforma de seguridad impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast, que ha situado la justicia juvenil como uno de los frentes prioritarios de su agenda. Analistas consultados por medios especializados señalan que este proyecto complementa otras iniciativas ya tramitadas en el Congreso orientadas a endurecer la respuesta penal frente al crimen organizado y la reincidencia delictual.

Próximos pasos del proyecto en el Congreso

Con la votación en particular ya iniciada en la Comisión de Constitución, el proyecto deberá continuar su tramitación antes de volver a la Sala del Senado para su votación final. De ser aprobado en esa instancia, pasará a la Cámara de Diputados para completar el trámite legislativo. El Gobierno ha manifestado su intención de acelerar la discusión, dado el nivel de atención pública que ha generado el debate sobre la responsabilidad penal de los adolescentes en Chile.

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Según lo informado por BioBioChile, la votación en particular continuará en las próximas sesiones de la comisión, donde se espera revisar además las reglas de reiteración de delitos y el régimen de cumplimiento cerrado de condena. El texto oficial del avance legislativo también fue confirmado por el propio Senado de Chile.