La bancada de diputados del Partido Republicano puso sobre la mesa una exigencia que hasta ahora nadie había planteado con claridad en medio del escándalo por las rebajas de penas: que el Estado se haga cargo de las víctimas de agresores sexuales cuyos victimarios salieron beneficiados. A través de un comunicado difundido este viernes 30 de octubre, los parlamentarios pidieron al Gobierno de José Antonio Kast evaluar reparaciones económicas, acompañamiento profesional y, eventualmente, pensiones de gracia para 332 personas que, según su planteamiento, habrían quedado expuestas por decisiones de la propia institucionalidad.
La solicitud llega en el peor momento para el Ministerio de Justicia y cambia el foco de una discusión que, hasta ahora, giraba en torno a decretos, firmas y responsabilidades políticas. Los republicanos buscan instalar una pregunta incómoda para todos los sectores: ¿quién responde ante quienes sufrieron los delitos?
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Qué piden los republicanos para las 332 víctimas de agresores sexuales
De acuerdo con lo informado por BioBioChile, la bancada solicitó al Ejecutivo una reparación y un acompañamiento integral para las 332 víctimas de agresores sexuales que recibieron rebajas de penas durante los últimos cinco años. El paquete de medidas propuesto incluye:
- Compensaciones o reparaciones económicas para las víctimas.
- Atención de profesionales calificados para su acompañamiento.
- Restricciones específicas para los victimarios beneficiados.
- Reforzamiento de la protección del entorno de las víctimas.
- Evaluación de pensiones de gracia, en caso de que el Ejecutivo lo considere pertinente.
El partido reconoció que ninguna de estas medidas podría revertir el daño psicológico y emocional ni la revictimización que implica saber que el agresor obtuvo un beneficio. Sin embargo, según recoge Radio Universidad de Chile, los diputados sostienen que estas acciones al menos reconocerían que el Estado falló, y buscarían evitar que las víctimas se sientan solas, inseguras o desprotegidas.
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El origen de las 332 rebajas: 276 bajo Boric y 56 bajo Kast
La cifra de 332 no es antojadiza. Según lo planteado días atrás por el jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Schalper, y consignado por G5 Noticias, del total de rebajas de condena conocidas en el marco de la controversia, 276 corresponderían a la administración del expresidente Gabriel Boric y 56 al actual Ejecutivo. Schalper incluso pidió revocar los decretos de ambas administraciones dictados desde la modificación legal de 2022, que excluyó del beneficio a condenados por ciertos delitos sexuales contra menores.
Ese dato es clave para entender por qué el debate escapa a la lógica de trinchera. No se trata de un error exclusivo de un gobierno: la mayoría de los casos se habría concentrado en el periodo anterior, pero el actual Ministerio de Justicia también firmó beneficios bajo las mismas reglas. Por eso la presión cruza a oficialismo y oposición por igual.
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El ministro Rabat en el centro de la tormenta
La petición republicana se suma a la presión que enfrenta el ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien ha debido explicar ante el Congreso y la opinión pública cómo se tramitaron los beneficios. Desde la oposición se ha impulsado una acusación constitucional en su contra, mientras que sectores del oficialismo optaron por cerrar filas y concentrar la discusión en las soluciones legislativas.
Según informó La Tercera, a petición del propio Rabat, la Comisión de Constitución del Senado acordó sesionar de manera extraordinaria para revisar los proyectos que buscan impedir este tipo de rebajas. El Ejecutivo ya ingresó una modificación normativa que, de acuerdo con la bancada republicana, cuenta con urgencia legislativa.
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Cabe precisar que las denuncias e investigaciones que se han conocido en torno a autoridades del Ministerio de Justicia se encuentran en etapas preliminares. Mientras no exista una resolución judicial firme, rige el principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 4 del Código Procesal Penal.
El ministro, por su parte, ha defendido que su cartera actuó conforme a la normativa vigente y que el problema radica en vacíos legales heredados, argumento que la oposición rechaza.
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Pensiones de gracia: un instrumento con historial polémico
La mención a las pensiones de gracia no deja de ser llamativa viniendo del Partido Republicano. Durante el gobierno anterior, la misma colectividad fue una de las voces más críticas contra las pensiones de gracia otorgadas a supuestas víctimas del estallido social, luego de que la Contraloría detectara beneficiarios con antecedentes penales por delitos violentos, como recordó en su momento 24 Horas.
La diferencia, según el planteamiento republicano, estaría en el perfil de los beneficiarios: en este caso se trataría de víctimas de delitos sexuales cuyos agresores obtuvieron un beneficio por decisión administrativa del Estado, y no de personas acreditadas sin pronunciamiento judicial. Aun así, sus adversarios probablemente pondrán bajo la lupa la consistencia del discurso.
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Qué viene ahora
La pelota quedó en la cancha del Ejecutivo. El Gobierno de Kast deberá decidir si acoge la propuesta de reparación, cómo identificaría a las víctimas sin exponerlas nuevamente y con qué recursos financiaría eventuales compensaciones en un contexto de estrechez presupuestaria. A ello se suma la discusión legislativa para cerrar definitivamente la puerta a nuevas rebajas para condenados por delitos sexuales.
Lo que sí parece claro es que el caso dejó de ser solo una disputa política sobre firmas y decretos. Con la petición de la bancada republicana, la conversación se trasladó hacia quienes, hasta ahora, habían sido los grandes ausentes del debate: las propias víctimas.
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