El nombre de Hugo Bustamante volvió a los titulares esta semana, luego de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso lo sobreseyera definitivamente por el doble homicidio de 1996 que se descubrió enterrado en su casa de Villa Alemana. La noticia reabre una herida que el país no ha cerrado: el caso Ámbar Cornejo y la pregunta de por qué un hombre que ya había matado estaba libre en 2020. Y con esa pregunta regresa otra, más incómoda para la izquierda: ¿con qué argumentos el Frente Amplio se negó a respaldar la acusación constitucional contra la jueza que encabezó la comisión que lo dejó salir?
Bustamante cumplía condena por el llamado «crimen del tambor», el asesinato de su pareja y del hijo de nueve años de ella. En 2016, una comisión de libertad condicional presidida por la ministra Silvana Donoso le otorgó el beneficio, pese a un informe psicosocial negativo de Gendarmería. Cuatro años más tarde, Ámbar, de 16 años, apareció muerta en su vivienda. En diciembre de 2021 el tribunal oral lo condenó a presidio perpetuo calificado junto a Denisse Llanos, madre de la adolescente.
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La acusación que dividió a la oposición en el caso Ámbar Cornejo
En agosto de 2020, diputados de RN y Evópoli, encabezados por Andrés Longton, presentaron el libelo contra Donoso por notable abandono de deberes, más un segundo capítulo por infracción a tratados internacionales sobre derechos de la infancia. Según La Tercera, desde el primer minuto las bancadas del PS, el PPD y el Frente Amplio acusaron a la derecha de querer «aprovechar» un crimen que había conmocionado al país.
La primera señal fue la comisión revisora de la Cámara, que recomendó rechazar el libelo. Aun así, el 10 de septiembre la Sala lo aprobó por 73 votos a favor, 52 en contra y 14 abstenciones. Entre los votos negativos y las abstenciones se concentró buena parte de la izquierda.
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Los argumentos del Frente Amplio para rechazar
El discurso frenteamplista se ordenó en torno a una idea central: el problema no era una jueza, sino «el sistema». La diputada Maite Orsini (RD) sostuvo que era un error creer que la responsabilidad recaía en una magistrada en particular, y planteó que el aparato estatal y judicial no abordaba la violencia con perspectiva de género. Su receta fue acelerar proyectos como la ley de vida libre de violencia y la educación sexual integral.
En la misma línea, Camila Rojas (Comunes) afirmó que la acusación contra Donoso no solucionaba ninguno de los problemas estructurales de violencia que sufren niñas y mujeres, y que desviaba la atención de lo realmente urgente. Revolución Democrática, en tanto, dejó claro desde el inicio que no firmaría el libelo.
Los socios del FA en la oposición fueron todavía más duros. El socialista Leonardo Soto calificó la acusación como una salida fácil, propia del populismo penal y del oportunismo político, y repartió responsabilidades hacia el Gobierno y Gendarmería.
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El Senado sepulta el libelo
En la Cámara Alta, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) votó en contra de ambos capítulos, apostando por una institucionalidad que redujera los márgenes de error en lugar de sancionar a la jueza. El 24 de septiembre de 2020 el Senado rechazó la acusación: el primer capítulo cayó por 29 votos contra 8, y el segundo por 34 contra 1. La defensa, liderada por Jaime Winter y Luis Hermosilla, había presentado a Donoso como un «chivo expiatorio» de las fallas de Gendarmería y del propio Congreso.
La votación tampoco fue unánime en la derecha. La UDI dio libertad de acción a sus diputados, y varios de ellos se abstuvieron.
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El doble estándar: Punta Peuco en 2018
Lo que vuelve el episodio especialmente revelador es la memoria. En 2018, el mismo Frente Amplio, junto al Partido Comunista, impulsó una acusación constitucional contra tres ministros de la Corte Suprema (Hugo Dolmestch, Manuel Antonio Valderrama y Carlos Künsemüller) por conceder libertades condicionales a condenados por violaciones a los derechos humanos recluidos en Punta Peuco. Ese libelo también invocaba tratados internacionales.
Entonces, para el FA, revisar una libertad condicional sí justificaba remover jueces. Dos años después, cuando el liberado era un doble homicida que volvería a matar a una adolescente, el argumento cambió: la culpa ya no era de los jueces, sino de «las estructuras». La propia UDI recordó esa inconsistencia al debatir su postura, pues en 2018 había rechazado la ofensiva frenteamplista.
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Por qué el caso vuelve a importar en 2026
El sobreseimiento de Bustamante por prescripción, dictado otra vez por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, llega en medio de la discusión por las rebajas de condena a sentenciados por delitos sexuales contra menores. La familia de las víctimas de 1996 recurrió a la Corte Suprema y el abogado José Ignacio Tapia sostiene que las condenas posteriores interrumpieron la prescripción.
Para muchas familias, el mensaje es el mismo de 2020: cuando el sistema falla, nadie responde. Y la tesis de que «todo es estructural» termina, en la práctica, diluyendo cualquier responsabilidad concreta. Revisar el caso Ámbar Cornejo seis años después obliga a preguntarse si la política aprendió algo o si los criterios para acusar a un juez siguen dependiendo de quién está sentado en el banquillo.
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Mientras tanto, el debate sobre la ejecución de penas, los beneficios penitenciarios y el rol de las comisiones de libertad condicional sigue abierto. Ya se discute endurecer los requisitos de rebaja de condenas, el ministro Rabat enfrenta una acusación constitucional por ese tema y el Ejecutivo impulsa un régimen carcelario de máxima seguridad. La pregunta es si esta vez alguien estará dispuesto a asumir costos, o si volverá a ganar el argumento cómodo de que la culpa es de todos y, por lo tanto, de nadie.
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