Presidente Kast anuncia proyecto de ley para impedir rebajas de condenas a abusadores de menores y respalda continuidad del ministro Rabat

El Presidente José Antonio Kast salió este lunes 26 de octubre a contener la crisis más delicada que ha enfrentado su Ministerio de Justicia. Desde La Moneda, el mandatario anunció un proyecto de ley para impedir rebajas de condenas a quienes hayan sido sentenciados por abuso sexual o violación de menores de edad, suspendió la tramitación de nuevos beneficios y confirmó que el ministro Fernando Rabat seguirá en su cargo pese a la presión de la oposición y de parte de su propio sector.

La polémica estalló tras conocerse que el Ministerio de Justicia otorgó 56 rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes desde el inicio del actual gobierno.

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«El Estado les falló»: el mea culpa de Kast

En una declaración sin preguntas, Kast optó por asumir la responsabilidad política del episodio. De acuerdo con Meganoticias, el mandatario reconoció que el Estado les falló a las víctimas y sostuvo que la solución no podía ser dejar que la situación siguiera repitiéndose. Por eso, informó la suspensión inmediata de toda tramitación de rebajas para condenados por delitos sexuales contra menores y la revisión individual de los decretos ya emitidos.

El Presidente fue más allá y, según recogió El Reporte Diario, se comprometió a usar todas las herramientas legales y administrativas disponibles para que estos criminales cumplan íntegramente sus condenas. Un giro evidente respecto de la defensa inicial del Ejecutivo, que se había apoyado en la legalidad de los beneficios.

Kast también puso el problema en perspectiva histórica: según El Periodista, afirmó que durante los últimos años el Estado habría concedido rebajas de condena a más de 300 personas sentenciadas por abuso sexual y violación de menores, lo que apunta a una falla que atraviesa varias administraciones y no solo la actual.

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Qué propone el proyecto de ley para impedir rebajas de condenas

El corazón del anuncio es legislativo. El Gobierno recogerá las mociones parlamentarias que hoy duermen en distintas comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados, y presentará una iniciativa propia que, en palabras del mandatario, cerrará el paso «sin ambigüedades, sin interpretaciones» a cualquier abusador o violador de niños que busque reducir su pena. Kast urgió al Congreso a despachar la norma en el más breve plazo, advirtiendo que estas mociones no pueden esperar meses.

El nudo jurídico está en la Ley 19.856, que regula la reducción de condena por comportamiento sobresaliente, y en la Ley 21.421, vigente desde febrero de 2022, que excluyó expresamente a los condenados por delitos sexuales contra menores de este beneficio. El problema es que la exclusión no alcanzaría a quienes fueron sentenciados antes de esa fecha, y la Corte Suprema habría fallado en esa línea. Ese vacío es el que permitió los 56 decretos y el que la nueva iniciativa busca sellar.

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La iniciativa del Ejecutivo no llega sola. El senador republicano Arturo Squella anunció una moción junto a Andrés Longton, Iván Flores, Karim Bianchi y Pedro Araya para asegurar la efectiva exclusión del beneficio, mientras que la presidenta del Senado, Paulina Núñez, también ingresó un proyecto para eliminar la excepción que habilita estas rebajas, según consignó Última Prensa.

Kast blinda a Rabat: «Su salida no resuelve el problema»

La segunda definición del día fue política. Pese a que la oposición ya preparaba una interpelación al ministro Rabat, el Presidente descartó su salida. Como informó La Cuarta, Kast argumentó que remover al secretario de Estado no resolvería el problema de fondo. En la misma línea, El Desconcierto recogió su advertencia de que una salida rápida solo cerraría el tema de forma temporal, mientras el vacío legal podría arrastrarse hasta una próxima administración.

Rabat, por su parte, había defendido los decretos como el cumplimiento de la doctrina de la Corte Suprema. Días antes, en entrevista recogida por El Mostrador, el ministro aseguró que el Presidente no estaba en conocimiento de las firmas y reconoció que la mayoría de los beneficiados ya habría recuperado la libertad. Ahora, Kast le encargó liderar las soluciones y esclarecer lo ocurrido.

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Una crisis que golpea la promesa de mano dura

El episodio es especialmente sensible para un gobierno que construyó su relato sobre la seguridad y el cumplimiento efectivo de las penas. La oposición no tardó en capitalizar la contradicción: la exvocera Camila Vallejo acusó al Ejecutivo de mentir, mientras desde distintos sectores se cuestionó que una administración que prometió que «todos cumplirán sus penas completas» haya terminado firmando reducciones a abusadores de niños.

A ello se suma el desgaste acumulado del ministro, cuyo nombramiento ya había generado reparos por otras decisiones del área, como las discusiones sobre indultos a exuniformados y el caso Punta Peuco. Todo esto ocurre, además, en un momento en que la desaprobación de Kast alcanza el 51% según Cadem.

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Lo que viene: urgencia legislativa y revisión de decretos

En los próximos días, el foco estará en dos frentes. El primero es el Congreso, donde el Gobierno deberá definir qué urgencia asigna al proyecto y cómo fusiona su texto con las mociones de Squella y Núñez. El segundo es la revisión de los 56 decretos: queda por verse qué herramientas jurídicas existen para revertir beneficios ya concedidos a personas que, en su mayoría, ya estarían en libertad.

Por ahora, Kast optó por apostar su capital político a la vía legislativa y a la continuidad de su ministro. La pregunta es si el anuncio bastará para frenar la interpelación y recuperar la confianza en un área que, hasta hace poco, era el principal activo del gobierno.

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