El gobierno de Boric acumula casi cinco veces más rebajas de condenas por delitos sexuales que el gobierno de Kast

La rebaja de condena por delitos sexuales se convirtió este miércoles en una de las polémicas más duras de la semana. Un reportaje de Emol reveló que en los últimos cinco años el Estado chileno habría otorgado 332 reducciones de condena a personas sentenciadas por violación y abuso sexual de menores. Del total, 276 se habrían concedido durante el gobierno de Gabriel Boric y 56 en los primeros seis meses de la administración de José Antonio Kast, un dato que encendió al Congreso y abrió un fuego cruzado entre el actual ministro de Justicia, Fernando Rabat, y su antecesor, Jaime Gajardo.

La cifra se suma a lo revelado horas antes por el medio Interferencia, que obtuvo vía transparencia el oficio ORD. 7067 de la Subsecretaría de Justicia. Ese documento detalla que entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026 el Ministerio dictó 56 decretos de rebaja: 27 por abuso sexual de menores y 29 por violación.

LEER TAMBIÉN: Chile lanza estrategia contra la explotación sexual infantil

332 casos en cinco años: cómo funciona la rebaja de condena por delitos sexuales

El beneficio no es un indulto. Está regulado por la Ley N° 19.856, que permite descontar tiempo de cárcel a internos con comportamiento sobresaliente. Las solicitudes son evaluadas por comisiones integradas también por jueces y ministros de cortes, y luego el Ministerio de Justicia dicta el decreto que, en este caso, lleva la firma del Presidente de la República.

En febrero de 2022, la Ley N° 21.421 cerró esa puerta para los condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. El nudo está en los hechos anteriores al 9 de febrero de 2022: la Corte Suprema ha sostenido de forma reiterada que la exclusión no puede aplicarse de manera retroactiva, y ha acogido decenas de recursos de amparo en ese sentido, como ha documentado Diario Constitucional. Esa interpretación explicaría por qué el flujo de rebajas no se cortó tras la reforma, y por qué los 332 casos cruzan tres gobiernos distintos.

LEER TAMBIÉN: Tribunal Constitucional de Chile: qué es y cómo funciona

Boric vs. Kast: la guerra de cifras

Con el dato de Emol sobre la mesa, el debate derivó rápidamente en una disputa política. A primera vista, el gobierno anterior acumula casi cinco veces más rebajas que el actual. Pero el exministro Jaime Gajardo salió a matizar esa lectura: según declaró a BioBioChile, su administración rechazaba estas solicitudes y defendía esas negativas en tribunales, y muchas de las 276 rebajas se habrían otorgado solo porque una corte lo ordenó tras acoger un amparo. A su juicio, el recuento no distingue entre aprobaciones directas y concesiones forzadas por fallos judiciales.

El actual ministro Fernando Rabat, en cambio, defendió que su cartera aplicó directamente la doctrina de la Suprema para no obligar a los condenados a litigar y obtener el mismo resultado meses después. El diputado Jorge Guzmán (Evópoli) relató que Rabat le explicó que se actuó «por economía procesal». El ministro insistió en que se trata del cumplimiento de sentencias del máximo tribunal y en que no se han concedido rebajas por delitos cometidos después de febrero de 2022.

La diferencia, entonces, no estaría tanto en el número como en el camino: un gobierno habría llegado al mismo resultado empujado por los tribunales y el otro habría optado por anticiparse a ellos.

LEER TAMBIÉN: Inspección total al gobierno de Boric

Oposición habla de «indultos parciales» y prepara interpelación

En el Congreso, la reacción fue transversal. El diputado Jaime Mulet (FRVS) calificó el caso como «extremadamente grave» y lo describió como un indulto parcial, término que también usó Marcos Barraza (PC). La diputada Lorena Fries (FA) cuestionó la coherencia de un gobierno que promueve el aumento de penas mientras acorta condenas de agresores sexuales, y el Partido Comunista anunció que reunirá firmas para interpelar a Rabat, un mecanismo que ya se activó este año en la interpelación a la ministra Steinert.

Desde La Moneda, el vocero Gonzalo Arenas calificó la cobertura como «bastante malintencionada». La presidenta de la Corte Suprema, Ana Gloria Chevesich, dijo no tener información sobre el tema, mientras la Defensoría de la Niñez anunció que pedirá antecedentes sobre el cambio de criterio y las medidas para proteger a las víctimas.

LEER TAMBIÉN: El indulto a carabineros del estallido social

La reforma que busca cerrar la puerta

Como respuesta a las 332 rebajas, la bancada de Renovación Nacional, liderada por la diputada Ximena Ossandón, ingresó una reforma constitucional que agrega una disposición al artículo 19 de la Carta Fundamental. Según BioBioChile, el proyecto busca que las restricciones de 2022 alcancen también a delitos cometidos antes de esa fecha y dejar sin efecto los beneficios administrativos otorgados en los seis meses previos a su entrada en vigencia.

Sus impulsores sostienen que no se tocan las penas fijadas por los jueces, sino el acceso a la reducción del tiempo efectivo en prisión. Aun así, la iniciativa deberá sortear en la Cámara y el Senado un debate complejo sobre irretroactividad que podría terminar ante el Tribunal Constitucional.

LEER TAMBIÉN: El indulto a Aliste Vega y el debate sobre Punta Peuco