
La muerte de Juan Aliste Vega cerró este domingo uno de los capítulos más tensos de la agenda judicial y política de las últimas semanas. El exlautarista, de 53 años y condenado a 42 años de cárcel por el asesinato del cabo de Carabineros Luis Moyano, falleció en el Hospital Penitenciario de Santiago, donde permanecía internado desde el 19 de agosto producto de un cáncer terminal en etapa cuatro. Su deceso ocurrió apenas seis días después de haber ingresado una solicitud de indulto humanitario al Presidente José Antonio Kast, petición que nunca alcanzó a resolverse.
De acuerdo con lo informado por Gendarmería y recogido por La Tercera, Aliste habría sufrido una descompensación durante la mañana y fue atendido por el personal de salud del recinto penal, que confirmó su fallecimiento cerca de las 08:39 horas. El equipo psicosocial de la institución quedó a cargo de informar a la familia, mientras que la Fiscalía fue notificada del hecho.
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Muerte de Juan Aliste Vega: qué pasó con su petición de indulto
La solicitud fue ingresada al Ministerio de Justicia el lunes 5 de octubre. En ella, el exmiembro del Movimiento Lautaro pedía pasar sus últimos días junto a su familia, argumentando que era imposible saber cuánto tiempo le quedaba y solicitando que el trámite se revisara con urgencia. Según detalló The Clinic, sus antecedentes médicos daban cuenta de un cáncer con metástasis en los huesos de la pelvis, el hígado y ambos pulmones.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, había confirmado la recepción del documento y sostuvo públicamente que no existían decisiones adoptadas, ya que el Ejecutivo estudiaría cada caso por separado. Al momento de la muerte, el expediente seguía en etapa de recopilación de antecedentes. Paralelamente, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago tenía agendada para el 26 de octubre una audiencia destinada a revisar las condiciones de cumplimiento de su condena, luego de que la Corte Suprema rechazara un recurso previo para modificarla.
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El crimen del cabo Luis Moyano y la condena de 42 años
El 18 de octubre de 2007, tras el asalto a una sucursal del Banco Security en el centro de Santiago, Aliste Vega, Freddy Fuentevilla y Marcelo Villarroel huyeron con más de 22 millones de pesos y 3.400 dólares. De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, recogida por Ex-Ante, Aliste descendió de la motocicleta en la que escapaba como acompañante y disparó con un revólver contra el cabo Moyano, quien murió en el lugar. Otro funcionario, el carabinero Abarca, resultó herido.
Tras años prófugo, Aliste fue detenido en julio de 2010 por la Policía Federal argentina en un terminal de buses de Buenos Aires, tal como informó en su momento Cooperativa, y luego fue extraditado a Chile. En 2014 recibió una pena total de 42 años por homicidio, homicidio frustrado y robos con violencia. Comenzó a cumplir condena el 22 de julio de 2010 y su fecha de término estaba fijada para junio de 2053.
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Un indulto que fracturó al Partido Republicano
La petición de Aliste no solo abrió un debate jurídico, sino que provocó un terremoto político dentro del oficialismo. El 7 de octubre, el secretario general del Partido Republicano, Vicente Bruna, respaldó la posibilidad de conceder el beneficio por razones humanitarias, argumentando que la justicia no es venganza. Incluso propuso extender ese criterio a miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden condenados que padezcan enfermedades graves, una señal que muchos leyeron como un guiño a otras solicitudes de indulto pendientes.
La reacción fue inmediata. La diputada Macarena Santelices rechazó la idea, afirmó que el indulto no debía usarse como moneda de cambio para facilitar otros beneficios y, horas después, renunció a la colectividad. Se trató del primer quiebre en la bancada republicana de la Cámara. Según Pauta, el episodio también abrió diferencias entre republicanos y Chile Vamos, en un oficialismo que ha hecho de la seguridad y el respaldo a las policías su principal bandera.
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Un debate que llega en una semana marcada por la violencia contra policías
Santelices calificó como burdo el momento escogido para abrir esta discusión, recordando que en una misma semana murieron dos carabineros. El contexto no es menor: los ataques contra funcionarios policiales han escalado en la agenda, con casos como el del carabinero baleado en Lo Espejo y la polémica por las declaraciones de Gael Yeomans tras la muerte de un carabinero. A ello se suma la tramitación de la megarreforma de seguridad impulsada por el Gobierno y el proyecto que sanciona los insultos a policías con discusión inmediata.
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Lo que deja abierto su fallecimiento
Con la muerte de Aliste, la solicitud de indulto pierde objeto y el Gobierno se libra de tener que tomar una decisión que, en cualquier sentido, iba a tener costos. Sin embargo, la discusión de fondo sigue viva: qué criterios humanitarios aplicará La Moneda frente a reos con enfermedades terminales, si esos criterios serán iguales para condenados por delitos contra policías y para exuniformados, y cómo se recompondrá la unidad de un oficialismo que mostró grietas en su tema más sensible. Mientras tanto, para la familia del cabo Moyano, la historia termina casi diecinueve años después del asalto que les arrebató a un padre y esposo, con el autor del disparo muriendo bajo custodia del Estado y cumpliendo la condena que dictó la justicia.
Otros medios como Emol y 24 Horas también reportaron el deceso, que vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el sistema penitenciario, la salud de los internos y el régimen de los presos de máxima seguridad.
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