El gobierno de Boric ocultó por 14 meses el caso de Bernarda Vera revela un informe

Un informe elaborado por la investigadora del Plan Nacional de Búsqueda, Pascale Bonnefoy, evidenció que el caso Bernarda Vera permaneció sin ser comunicado a la justicia durante 14 meses, pese a que el organismo ya contaba con múltiples testimonios que apuntaban a que la exmilitante del MIR había sobrevivido a la dictadura y salido de Chile. El documento, al que accedió la Unidad de Investigación de BioBioChile, reconstruye la «trayectoria vital» de quien hasta hace pocas semanas figuraba en la nómina de detenidos desaparecidos reconocida por el Informe Rettig.

Según se desprende del reporte, ya en marzo de 2024 Bonnefoy había recibido el primer indicio serio: un exmiembro de la Fuerza Central del MIR le confirmó, bajo reserva de identidad, que Bernarda Vera «no fue detenida ni ejecutada» y que habría escapado a Argentina a fines de 1973. Ese testimonio se convirtió en el punto de partida de una indagatoria que se extendería por más de un año antes de llegar a tribunales.

Qué reveló el informe sobre el caso Bernarda Vera

El documento detalla una cadena de fuentes independientes reunidas entre 2024 y 2025: el exmirista José Bravo Aguilera, quien relató el cruce clandestino hacia Argentina por el paso Hua-Hum; el periodista sueco Per-Ulf Nilsson, que entrevistó a «Carmen» —nombre político usado por Vera— en Suecia durante los años ochenta; y otros excompañeros de militancia que coincidieron en que la mujer había sobrevivido y se había radicado, primero en Argentina y luego en Suecia, país que le otorgó la nacionalidad como refugiada en 1984.

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Pese a la acumulación de antecedentes, el Plan Nacional de Búsqueda recién remitió los hallazgos específicos al ministro en visita Álvaro Mesa Latorre el 22 de mayo de 2025, luego de que el consulado chileno en Gotemburgo confirmara oficialmente la nacionalidad sueca de Vera. Es decir, catorce meses después de obtenidos los primeros testimonios que ponían en duda su condición de detenida desaparecida, según consigna la investigación de BioBioChile.

Las versiones cruzadas de las autoridades del gobierno de Boric

La exjefa del Programa de Derechos Humanos y del Plan Nacional de Búsqueda, Paulina Zamorano, rechazó que haya existido una demora injustificada. Sostuvo que las investigaciones sobre víctimas de desaparición forzada «se construyen de manera acumulativa» y que recién en enero de 2025 existía una pista sin certeza sobre la identidad de la persona ubicada en Argentina. Según su versión, el punto de inflexión llegó cuatro meses más tarde, cuando Cancillería confirmó documentalmente la nacionalidad sueca de Vera.

El exministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo Falcón, también controvirtió el cálculo de los 14 meses. Afirmó que ya en octubre de 2024 —mes en que asumió la cartera— el Programa de Derechos Humanos había presentado antecedentes ante el ministro en visita que investigaba los desaparecidos de Liquiñe, causa en la que se enmarca Vera, y que remesas adicionales de información se entregaron en julio y agosto de 2025.

Fuentes cercanas a la investigación consultadas por BioBioChile plantean una hipótesis distinta: la demora podría explicarse por la presión que significaba para el organismo contradecir una de las conclusiones centrales de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, además de la existencia de un reportaje de Chilevisión que, en paralelo, ya habría ubicado a Vera en Argentina.

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Para entender la magnitud del caso conviene revisar la cronología reconstruida por otros medios: La Tercera detalló cómo la mujer estuvo 51 años registrada como detenida desaparecida, mientras que Emol documentó las gestiones que la Cancillería realizó con Argentina y Suecia desde 2024 a solicitud del Programa de Derechos Humanos.

Investigaciones administrativas y penales abiertas

La controversia por los tiempos de reacción del Estado ya derivó en dos frentes formales. El primero es administrativo: el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, hoy encabezado por Fernando Rabat tras el cambio de gobierno, mantiene en curso un sumario destinado a establecer eventuales responsabilidades en el manejo de la información reunida sobre Bernarda Vera. El segundo es penal: la Fiscalía Metropolitana Centro Norte investiga un eventual delito de omisión de denuncia a partir del tiempo transcurrido entre los primeros indicios y la comunicación formal a tribunales.

Cabe recordar que, en esta etapa, ninguna persona ha sido formalizada ni tiene la calidad de imputada, por lo que rige plenamente la presunción de inocencia establecida en el artículo 4 del Código Procesal Penal. Los propios protagonistas —Zamorano y Gajardo— han entregado explicaciones públicas y niegan responsabilidad en la demora atribuida al Plan Nacional de Búsqueda.

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Un caso que interpela al legado en derechos humanos del gobierno de Boric

Más allá de las responsabilidades individuales que determinen la Contraloría y la Fiscalía, el caso Bernarda Vera dejó expuestas las tensiones internas del Plan Nacional de Búsqueda, la política insignia en materia de derechos humanos del gobierno de Gabriel Boric, lanzada en agosto de 2023. La revelación de que una persona catalogada oficialmente como víctima de desaparición forzada seguía con vida obligó al Estado a reconstruir hechos ocurridos hace más de cinco décadas, con archivos incompletos y testimonios fragmentarios, según reconoció la propia Zamorano.

El desenlace del sumario administrativo y de la indagatoria penal por omisión de denuncia determinará si la gestión de estos antecedentes quedó únicamente en el terreno de las decisiones políticas o si, además, existieron responsabilidades funcionarias concretas. Mientras tanto, la familia de Bernarda Vera en Chile —que durante años recibió una pensión de reparación por su calidad de víctima— deberá enfrentar un proceso de ajuste institucional inédito en la historia reciente del Plan Nacional de Búsqueda.