La alza de aranceles a Chile anunciada esta semana por Estados Unidos tiene un origen que pocos conocían hasta ahora: la gestión de dos ONGs chilenas que viajaron a Washington para denunciar supuestas fallas del país en el combate al trabajo forzoso. Una de sus voceras, la abogada Carolina Rudnick, presidenta de la Fundación Libera, tuvo un paso previo por el gobierno de Gabriel Boric, un antecedente que ha comenzado a circular con fuerza tras conocerse la decisión de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).
Quién es Carolina Rudnick, la abogada detrás de la denuncia
Carolina Rudnick Vizcarra es abogada de la Universidad de Concepción y máster en Política Criminal por la London School of Economics. Cofundó la Fundación Libera en 2015, organización que dice combatir la trata de personas y la esclavitud moderna en Chile. Además de su rol en Libera, desde noviembre de 2022 se desempeña como consultora jurídica para la Comisión Interamericana de Mujeres, entidad dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Su trayectoria profesional no se limita al mundo de las ONGs: Rudnick también trabajó en la primera administración de Sebastián Piñera como abogada del Departamento de Crimen Organizado del Ministerio del Interior, lo que le dio experiencia previa en litigación relacionada con delitos complejos.
Su paso por el gobierno de Boric
Entre abril y junio de 2022, Rudnick ocupó el cargo de jefa de relaciones internacionales en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, en pleno inicio del gobierno de Gabriel Boric. Ese antecedente cobra relevancia ahora que su denuncia ante la USTR terminó destapando una de las decisiones comerciales más duras de Estados Unidos contra Chile en años recientes, en momentos en que el actual gobierno de Kast enfrenta la administración de la medida.
La ofensiva judicial en el Maule contra la Fiscalía
Desde 2022, Rudnick mantiene abierto un frente judicial en la región del Maule que combina denuncias por trata de personas con una ofensiva paralela contra el Ministerio Público local. En noviembre de ese año se querelló administrativamente contra el fiscal regional del Maule, Julio Contardo, acusando que un caso sobre trata de personas se había intentado cerrar en reiteradas ocasiones. La abogada escaló la disputa hasta el propio Fiscal Nacional, Ángel Valencia, mediante un recurso de protección por denegación de justicia, que fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Santiago en abril de 2024.
En paralelo, la Fundación Libera representó en Molina a una familia venezolana que denunciaba haber sido sometida a trabajo forzoso entre 2021 y 2024. El caso terminó sobreseído por falta de pruebas suficientes, y un posterior recurso de queja presentado por Libera ante la Corte Suprema fue declarado inadmisible en mayo de 2026 por extemporáneo.
Qué significa la alza de aranceles a Chile para las exportaciones
La USTR, liderada por Jamieson Greer, resolvió aplicar un recargo de 12,5% a una parte relevante de las importaciones provenientes de 60 países, entre ellos Chile, tras concluir que el país no ha implementado ni aplicado eficazmente mecanismos para impedir el ingreso de bienes producidos con trabajo forzoso. La medida responde a lo que Washington calificó como el fracaso de Chile en prohibir las importaciones producidas con mano de obra forzosa, y contempla tarifas de 10% o 12,5% según el país, con algunos productos exentos, entre ellos el cobre. Esa exención representa un alivio parcial para la principal exportación chilena hacia ese mercado, tal como se ha visto en el marco del actual auge del precio del cobre.
El recargo, vigente desde las 00:01 horas del viernes 24 de julio, afecta a productos como el salmón fresco y congelado, las uvas, los arándanos, los vinos y distintas manufacturas forestales. Estados Unidos es el segundo mercado más relevante para las exportaciones chilenas después de China: solo en 2025, los envíos nacionales a ese país sumaron US$ 17.741 millones, una cifra que da cuenta del impacto que la medida podría tener sobre la economía chilena, ya golpeada por señales de recesión técnica.
La reacción del gobierno chileno
El gobierno chileno cuestionó la aplicación del arancel de 12,5% y defendió los estándares laborales del país, recalcando que la resolución estadounidense no acusa a Chile de exportar bienes producidos con trabajo forzoso ni identifica productos nacionales bajo esa condición. La Cancillería y gremios del sector privado habían viajado previamente a Washington para presentar sus descargos ante el organismo estadounidense, en un esfuerzo que finalmente no logró revertir la decisión.
La controversia se suma a un ambiente político marcado por el escrutinio a las fundaciones y ONGs que operan con financiamiento público, un tema que ya había generado debate en el país a raíz de la auditoría a fundaciones impulsada durante la transición entre los gobiernos de Kast y Boric. El caso de Rudnick, con un pie en el activismo y otro en la administración pública, ilustra la porosidad entre ambos mundos que caracteriza a buena parte del actual debate institucional chileno, en un momento en que la región completa vive un giro político hacia posiciones más conservadoras.
Por su parte, Ecocéanos —la otra organización que participó en las gestiones ante la USTR— también expuso denuncias contra la industria salmonera a través de su director ejecutivo, Juan Carlos Cárdenas, quien calificó a esa industria como «hija de la dictadura» en declaraciones previas a medios especializados.
Fuentes externas: USTR (Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos), BioBioChile, El Mostrador.
Pasó por el Ministerio de la Mujer en el gobierno de Boric: Quién es Carolina Rudnick, líder de Fundación Libera. https://www.emol.com/noticias/Nacional/2026/07/24/1206613/carolina-rudnick-fundacion-libera-perfil.html
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