Plan Cancerbero: Cómo es el durísimo régimen carcelario que alistan Arrau y Rabat para líderes de pandillas y mafias

Los ministerios de Seguridad y Justicia trabajan a contrarreloj en una batería de propuestas para endurecer el régimen carcelario de máxima seguridad en Chile. El objetivo es aislar a los líderes de bandas criminales y organizaciones como el Tren de Aragua, impidiendo que sigan operando desde dentro de los recintos penitenciarios.

El plan, encabezado por los ministros Martín Arrau (Seguridad) y Fernando Rabat (Justicia), retoma varios de los ejes del Plan Cancerbero —la promesa de campaña con la que el presidente José Antonio Kast prometió «recuperar» el control estatal de las cárceles— y avanza ahora hacia una fase de implementación normativa y logística, en línea con lo que ya adelantamos sobre los 90 días de Arrau al frente de la cartera de Seguridad.

Qué busca el nuevo régimen carcelario de máxima seguridad

Según fuentes de Gobierno citadas por T13, los equipos de ambos ministerios llevan al menos dos meses trabajando en los contenidos del programa, cuyo propósito central es generar un aislamiento férreo para los cabecillas del crimen organizado y evitar que compartan espacio con el resto de la población penal. Justicia se ha concentrado en los aspectos normativos, mientras Seguridad lidera la parte logística y de infraestructura.

Las líneas generales de la propuesta ya fueron socializadas con los dirigentes del oficialismo, en línea con lo que ha sido uno de los pilares de la administración Kast: la seguridad pública, tema que también aborda nuestro análisis sobre los tres objetivos y siete ejes del plan de seguridad del Gobierno y el balance de seguridad 2026 presentado por Martín Arrau.

Celdas solitarias y menos horas de patio

Una de las medidas más drásticas contempla ubicar a los reos en celdas individuales donde pasen la mayor parte del día, equipadas con colchón ignífugo y baño incorporado. A esto se suma la reducción al mínimo de las horas de patio: el ministro Arrau ya adelantó ante el Senado que se evalúa bajar el tope actual de dos horas y 15 minutos a solo una hora diaria fuera de la celda, en regímenes diferenciados.

Cuando los internos deban trasladarse por los pasillos o salir al patio, el proyecto establece que lo hagan esposados, una medida que busca reforzar el control físico dentro de los módulos.

Uniformes obligatorios y restricción de visitas

El plan también evalúa hacer obligatorio el uso de overoles azules y naranjos, un sistema que ya opera en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas) de Santiago y en cárceles de Antofagasta, Biobío y La Serena. La idea, según Arrau, es dar una señal de control y evitar la formación de «castas» entre los propios reos.

En paralelo, se estudia reducir al mínimo las visitas, prohibir el ingreso de teléfonos e instalar inhibidores de señal para impedir llamadas desde los penales. Esta idea no es nueva: ya la habíamos reportado en nuestra nota sobre el plan de cárceles sin visitas impulsado por el ministro Arrau. También se analiza limitar las encomiendas y restringir el acceso a libros y televisión, medidas que se enmarcan en la misma lógica de aislamiento descrita en nuestra cobertura de la ofensiva legislativa contra el crimen organizado liderada por Arrau.

El modelo italiano detrás del proyecto

El programa chileno se inspira en el régimen 41-bis de la ley penitenciaria italiana, conocido como «carcere duro». Este esquema surgió en los años 80 y se endureció tras el atentado de 1992 en que murió el juez Giovanni Falcone, su esposa y su escolta a manos de la mafia. Desde entonces, el 41-bis se aplica a personas vinculadas al crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo, y en 2002 se amplió a condenados por subversión.

Puedes revisar el texto original de la normativa italiana en el sitio del Ministero della Giustizia, y el historial del caso Falcone en la cobertura de BBC Mundo.

Cuestionamientos desde los derechos humanos

Pese a contar con un respaldo político transversal en Italia, el 41-bis ha sido objeto de críticas de organismos internacionales. Amnistía Internacional lo calificó en 2003 como un régimen «cruel y denigrante», y tanto el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han emitido pronunciamientos críticos sobre su aplicación.

Por eso, los equipos ministeriales chilenos trabajan actualmente en ajustar la propuesta a los estándares internacionales de derechos humanos, un punto que probablemente será uno de los focos de discusión cuando el proyecto llegue al Congreso, como ha ocurrido con otras iniciativas de la agenda de seguridad, entre ellas el proyecto para juzgar a menores como adultos en Chile, que también generó debate sobre garantías y derechos humanos.

De la promesa de campaña a la política de Estado

El «Plan Cancerbero» nació como propuesta de campaña de Kast en julio de 2025 y contemplaba, además del endurecimiento carcelario, la construcción de nuevas cárceles de máxima seguridad y la meta de sumar 100.000 plazas penitenciarias en cuatro años, según detalló en su momento La Tercera. El Gobierno ya comenzó a aplicar el nuevo régimen en recintos como Repas, Alto Hospicio y Concepción, con La Laguna, en Talca, como próximo destino, según reportó PanAm Post.

Sin embargo, el propio Ejecutivo ha ido ajustando el alcance del plan: como informó Diario Financiero, la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad ya no sería la prioridad inmediata, aunque el componente de endurecimiento del régimen para los reos más peligrosos sigue avanzando de la mano de Arrau y Rabat.

El texto definitivo de la propuesta aún está en desarrollo y se espera que en las próximas semanas se conozcan más detalles sobre su implementación y su tramitación legal. Mientras tanto, la agenda de seguridad sigue sumando resultados operativos, como el megaoperativo de Carabineros con 1.220 detenidos reportado hace algunas semanas, y sigue siendo uno de los temas mejor evaluados por la ciudadanía según la última encuesta Cadem sobre seguridad.