Subsecretario Luis Silva anuncia plan para restringir el efectivo en las cárceles con pagos biométricos

El subsecretario de Justicia, Luis Silva, confirmó que el Gobierno avanza en un plan para restringir la circulación de efectivo en las cárceles chilenas, apostando por sistemas de pago biométricos que reemplacen el dinero físico en los economatos penitenciarios. La medida se enmarca en la Agenda contra el Crimen Organizado y Terrorismo que impulsa el Ejecutivo.

Según explicó la autoridad, la tecnología actual permite reemplazar el uso de billetes por verificación biométrica, ya sea con el iris del ojo, la huella dactilar o el reconocimiento facial, sin afectar el derecho de los internos a adquirir productos dentro de los recintos penales.

Restringir el efectivo en las cárceles: la propuesta de Silva

El subsecretario detalló que el problema de fondo es la fungibilidad del dinero en efectivo: una vez que ingresa a un penal, resulta imposible rastrear su origen o destino real. Por eso, el Gobierno evalúa que los economatos —donde los reos pueden comprar artículos autorizados— migren a un sistema sin billetes físicos, apoyado en identificación biométrica para cada transacción.

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Otras restricciones que analiza el Ministerio de Justicia

Silva adelantó que la restricción al efectivo no es la única medida en estudio. El Gobierno también revisa ajustes a las visitas íntimas, las encomiendas y el acceso al patio, variables que —según explicó— podrían modularse de acuerdo con el perfil criminógeno y la conducta de cada interno dentro del penal. La idea es que estos beneficios dejen de ser automáticos y pasen a depender del comportamiento individual.

El subsecretario precisó que estas restricciones ya rigen en el Repas y en algunos módulos de los penales de Antofagasta y Concepción, por lo que la discusión actual apunta a extender el modelo al resto del sistema penitenciario.

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Elevar a rango constitucional el régimen penitenciario

Uno de los anuncios más relevantes de Silva es la intención del Gobierno de elevar a rango constitucional la situación de las cárceles, en línea con lo planteado por el Presidente José Antonio Kast en cadena nacional. El subsecretario, quien fue consejero constitucional entre 2023 y 2024, defendió que el sistema penitenciario requiere un marco normativo más robusto que el actual, contenido en el Reglamento 518, vigente desde 1998.

Según Silva, ese reglamento quedó desactualizado frente a la evolución del fenómeno criminal, por lo que el Ejecutivo trabaja en paralelo en la revisión de la infraestructura carcelaria, el rol de Gendarmería y los criterios de segregación según perfil criminógeno.

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El contexto: la Agenda contra el Crimen Organizado y Terrorismo

Las declaraciones de Silva se dan en medio del despliegue de la agenda de seguridad del Gobierno, que ha incluido megaoperativos policiales y una ofensiva legislativa contra el crimen organizado. El subsecretario también ha reconocido públicamente que la población penal pasó de cerca de 40 mil personas privadas de libertad en 2022 a casi 65 mil en la actualidad, lo que ha tensionado la infraestructura carcelaria del país.

El traspaso de Gendarmería al nuevo Ministerio de Seguridad y la creación de un Servicio de Reinserción Social son parte de los proyectos de ley que se redactan en paralelo, coordinados por la Segpres para que ambas iniciativas lleguen juntas al Congreso.

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Reacciones y próximos pasos

Si bien el anuncio se enmarca en el paquete de medidas contra el crimen organizado, el Gobierno aún no fija un plazo concreto para implementar el sistema de pago biométrico en los penales. De acuerdo con lo reportado por La Tercera, la discusión se da en paralelo a la revisión completa del reglamento penitenciario, mientras que El Dínamo destacó que la iniciativa busca cortar de raíz el financiamiento interno de bandas criminales que operan desde las cárceles.

Con este anuncio, el subsecretario de Justicia reafirma que la restricción al efectivo en las cárceles es solo una pieza dentro de una reforma más amplia al sistema penitenciario chileno, que combina tecnología, endurecimiento de beneficios y cambios normativos de fondo.

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